Un juez federal anuló una regla del Departamento de Educación que permitía al secretario descalificar a empleadores del programa de condonación de préstamos por servicio público (PSLF) si determinaba que tenían un 'propósito ilegal sustancial'. La corte concluyó que el Departamento carecía de autoridad legal para imponer ese estándar de descalificación.
En una opinión emitida en el caso Robert F. Kennedy Center for Justice and Human Rights v. McMahon, la Corte de Distrito de EE. UU. para el Distrito de Columbia otorgó sentencia sumaria a los demandantes —organizaciones 501(c)(3) que emplean a participantes del PSLF— y anuló la regla. La corte sostuvo que la norma es contraria a la ley y excede la autoridad legal del secretario, violando la Ley de Procedimiento Administrativo.
El programa PSLF, creado por el Congreso en la Ley de Reducción de Costos y Acceso Universitario de 2007, exige que el secretario de Educación cancele el saldo restante de préstamos estudiantiles federales directos elegibles para prestatarios que hayan realizado 120 pagos mensuales mientras trabajan a tiempo completo en un empleo de servicio público. La ley define 'empleo de servicio público' para incluir el trabajo a tiempo completo en una organización 501(c)(3) exenta de impuestos bajo la sección 501(a) del Código de Rentas Internas.
En marzo de 2025, el presidente emitió una orden ejecutiva que señalaba que el programa PSLF 'ha desviado dólares de impuestos hacia organizaciones activistas que no solo no sirven al interés público, sino que dañan la seguridad nacional y los valores estadounidenses'. La orden instruía al secretario de Educación a proponer revisiones regulatorias para 'asegurar que la definición de servicio público excluya a organizaciones que participan en actividades con un propósito ilegal sustancial'. La orden identificaba cinco categorías de esas actividades, entre ellas 'ayudar o incitar violaciones de 8 U.S.C. 1325 u otras leyes migratorias federales', 'apoyar el terrorismo' y 'participar en un patrón de ayuda o incitación a la discriminación ilegal'.
En octubre de 2025, el secretario emitió una regla final que modificaba los reglamentos del PSLF para eliminar la condonación de préstamos para prestatarios empleados en organizaciones que, según la determinación del secretario, 'tienen un propósito ilegal sustancial'. La regla definía 'propósito ilegal sustancial' para incluir ayudar o incitar violaciones de leyes migratorias federales, apoyar el terrorismo, realizar castración química o quirúrgica o mutilación de niños, traficar niños a otro estado para emanciparlos de sus padres, participar en un patrón de ayuda o incitación a la discriminación ilegal, y participar en un patrón de violación de leyes estatales como allanamiento, conducta desordenada, molestia pública, vandalismo y obstrucción de carreteras. La regla debía entrar en vigor el 1 de julio de 2026.
Los demandantes impugnaron la regla, argumentando que excedía la autoridad legal del secretario. La corte estuvo de acuerdo, concluyendo que la norma es inconsistente con la definición legal de 'empleo de servicio público', que incluye el empleo en cualquier organización 501(c)(3) sin condiciones adicionales. La corte anuló la regla.
No se reporta una respuesta oficial del Departamento de Educación en la fuente del caso.
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