Un tribunal federal en Texas anuló el lunes una norma de la administración Biden de 2024 que otorgaba a jueces de inmigración la autoridad para suspender procesos de deportación de forma indefinida. El fallo se emitió el mismo día en que se presentó la demanda.
La America First Legal Foundation, organización fundada por Stephen Miller, asesor principal de Donald Trump, se unió al fiscal general de Texas, Ken Paxton, para presentar el recurso en Wichita Falls. En su escrito de 43 páginas, los demandantes calificaron la regulación como una que "efectivamente otorga amnistía indefinida a extranjeros que están ilegalmente en este país".
El juez federal Reed O'Connor, del Distrito Norte de Texas, designado por el presidente George W. Bush, emitió la orden judicial casi de inmediato después de que el Departamento de Justicia presentara una respuesta en la que se alineaba con los demandantes en lugar de defender la norma, un movimiento que aceleró la resolución del caso. Bajo la política ahora bloqueada, los jueces de inmigración podían archivar administrativamente un caso una vez que tanto el gobierno como el inmigrante hubieran sido escuchados, particularmente cuando la persona pudiera ser elegible para una vía legal para permanecer en el país.
Ni la oficina de Paxton ni el Departamento de Justicia respondieron a las solicitudes de comentarios.
El episodio generó duras críticas de especialistas en derecho migratorio. "¡Esto es una locura! Colusión deliberada con un juez federal para eliminar rápidamente regulaciones sin ninguna participación de las partes afectadas", dijo Aaron Reichlin-Melnick, investigador principal del American Immigration Council. "Es claramente un acto ilegal de todos, y ahora los litigantes tendrán que buscar intervenir en el juicio ya concluido para anular sus acciones".
La secuencia de eventos refleja un patrón que observadores han señalado previamente en torno al juez O'Connor, quien ha fallado repetidamente a favor de Paxton en casos contra políticas de las administraciones Obama y Biden. Una situación similar ocurrió el año pasado, cuando el Departamento de Justicia demandó a Texas por una ley que permitía a estudiantes indocumentados pagar tarifas de matrícula estatales; en cuestión de horas, Texas recurrió a O'Connor para que declarara la ley inconstitucional, y él accedió. Expertos legales señalaron en ese momento que una coordinación tan estrecha entre actores estatales y federales para desmantelar una ley estatal era muy inusual y generaba preocupaciones de colusión.
El fallo del lunes se inscribe en la agenda migratoria más amplia del presidente Trump, quien ha dirigido recursos federales hacia limitar la inmigración legal e ilegal y acelerar las deportaciones, incluyendo la de personas que habían podido permanecer en el país bajo administraciones anteriores, como parte de una promesa de campaña.
Contenido solo informativo, no constituye asesoría legal. Consulte con un abogado de inmigración con licencia.