El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) presentó el 9 de julio de 2026 una demanda de 33 páginas contra el estado de Maryland y el fiscal general Anthony Brown ante una corte federal de distrito. La acción legal busca que se declare inconstitucional el Community Trust Act (Senate Bill 791), una ley estatal que limita la cooperación de las autoridades locales con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El DOJ solicita una orden judicial permanente que impida la aplicación de la ley.

La demanda alega que la ley viola la Cláusula de Supremacía de la Constitución al interferir con la autoridad exclusiva del gobierno federal en materia migratoria. "La política de santuario de los estados socava la aplicación de la ley federal", afirmaron el fiscal general adjunto Stanley Woodward y el fiscal general adjunto de la División Civil, Brett Shumate, en la presentación del caso. La posición del estado, en cambio, defiende la ley como una medida para fomentar la confianza entre la policía y las comunidades.

El Community Trust Act fue aprobado por la Asamblea General de Maryland como legislación de emergencia y entró en vigor a finales de mayo de 2026. La ley prohíbe a las autoridades locales retener a una persona únicamente por una solicitud de detención migratoria (immigration detainer) de ICE sin una orden judicial, excepto en casos de delitos graves (felony) y delitos sexuales. También prohíbe que el personal de las cárceles locales pregunte a los detenidos sobre su estatus migratorio. La oficina del gobernador ha señalado que la ley no prohíbe por completo la coordinación con las autoridades federales, y que la cooperación se mantiene para personas condenadas por delitos graves.

Como ejemplo concreto de los efectos de la ley, la demanda cita un incidente ocurrido el 29 de mayo de 2026, cuando el director de la cárcel del condado de Worcester notificó a ICE que, debido a la nueva ley, la instalación ya no cumpliría con las solicitudes de detención ni transferiría personas a la agencia, y que tampoco notificaría sobre liberaciones inminentes. Ese mismo día, según la demanda, la cárcel se negó a entregar a un detenido cuya transferencia ya estaba programada. El DOJ sostiene que esto demuestra que las consecuencias de la ley no son hipotéticas, sino que ya están en vigor.

El gobernador Wes Moore no firmó la ley, que entró en vigor sin su rúbrica según la legislación de Maryland. Moore ha reconocido públicamente que existen "problemas de implementación". La oficina del gobernador declinó comentar sobre el litigio en curso, pero reiteró que la ley no prohíbe por completo la coordinación federal y que el estado no permitirá que ICE "despueble" a la policía local para tareas migratorias. Los líderes de la Asamblea General defienden la ley como una medida de seguridad pública, argumentando que las personas están más dispuestas a denunciar delitos cuando no temen que cualquier contacto con la policía derive en una detención migratoria. Organizaciones de inmigrantes calificaron la demanda como una presión política contra el estado. La oficina del fiscal general Brown no hizo comentarios.

El conflicto se enmarca en una serie de acciones previas. Semanas antes de la aprobación del Community Trust Act, Maryland prohibió rápidamente los acuerdos 287(g), programas que permiten a la policía local ejercer funciones migratorias delegadas por ICE. Moore firmó esa prohibición en febrero de 2026, lo que obligó a nueve alguacilazgos del estado a rescindir de inmediato sus acuerdos con ICE, incluido el del condado de Frederick, que tenía una de las asociaciones más antiguas del país. Además, a finales de mayo, 17 de los 24 alguaciles de Maryland presentaron su propia demanda contra el estado, alegando que la ley obstaculiza la coordinación con ICE para tratar con personas que representan una amenaza para la seguridad pública.

La demanda del DOJ es la número 21 en una serie de acciones legales similares contra estados con políticas de santuario, incluyendo Colorado, Connecticut, Illinois, Nueva York y otras jurisdicciones. Mientras el caso está en curso, la ley sigue vigente en Maryland: las cárceles locales no están obligadas a retener a personas para ICE sin una orden judicial, salvo las excepciones establecidas. El resultado del caso podría tener implicaciones más allá de Maryland. Si el gobierno federal logra la anulación de las restricciones, la decisión podría usarse como argumento contra leyes similares en otros estados y ciudades santuario. Si la corte falla a favor de Maryland, se fortalecería la posición de esos estados. Por ello, el caso es considerado uno de los debates más significativos sobre el federalismo migratorio: los límites de la autoridad estatal en un área que el gobierno federal considera de su competencia exclusiva.

El caso fue asignado a una corte federal de distrito en Maryland. Los próximos pasos incluyen la respuesta del estado a la demanda y, probablemente, mociones sobre medidas cautelares. No hay una decisión de fondo y cualquier conclusión sobre quién ganará es prematura.