Situación al 18 de octubre de 2026. California presentó el 15 de octubre una demanda federal para detener los arrestos civiles por motivos migratorios en los tribunales estatales. La presentación de la demanda no ha impedido por sí sola que ICE realice esos arrestos, y el tribunal aún no ha resuelto las alegaciones del estado en este nuevo caso.

California pide a un juez federal que impida al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) efectuar arrestos civiles por motivos migratorios en los tribunales estatales. El estado sostiene que estas operaciones disuaden a víctimas y testigos de acudir a las audiencias y perturban el funcionamiento de la justicia. El fiscal general de California, Rob Bonta, presentó la demanda el 15 de octubre ante el Tribunal Federal para el Distrito Central de California.

La demanda impugna una directiva federal sobre operaciones migratorias en las sedes judiciales y las actuaciones de ICE realizadas bajo esa política. California solicita que el tribunal anule la directiva y prohíba los arrestos civiles de inmigración en sus tribunales. El tribunal aún no ha dictado esa orden en el nuevo caso.

Por qué California presentó la demanda

Según el escrito judicial, los agentes de inmigración han interceptado o detenido a personas en pasillos, vestíbulos y estacionamientos de los tribunales y, en ocasiones, las han seguido al salir de las audiencias. California sostiene que las consecuencias van más allá de quienes son sospechosos de infringir las leyes migratorias: víctimas, testigos, acusados, familiares y personas que buscan protección judicial pueden tener miedo de presentarse.

El estado afirma que ese temor tiene efectos concretos. La ausencia de testigos puede retrasar o perjudicar los procesos penales; las personas sobrevivientes de violencia doméstica y quienes participan en litigios civiles podrían evitar los tribunales por completo. Se trata de alegaciones de California, no de hechos ya establecidos por el juez en este nuevo procedimiento.

El Departamento de Justicia de California señala que, después del cambio de política de ICE en mayo de 2025, el promedio mensual de arrestos civiles por motivos migratorios en los tribunales estatales y sus inmediaciones aumentó más de un 550 % respecto del período anterior. Los datos estatales registran 34 incidentes de actuación migratoria en sedes judiciales y 30 arrestos civiles en junio de 2026; en julio se notificaron 28 incidentes y 28 arrestos. Son cifras de incidentes registrados y no necesariamente un recuento completo de todas las operaciones.

Una decisión judicial anterior no puso fin a los arrestos

En junio de 2026, un tribunal federal anuló directivas anteriores de ICE sobre arrestos en sedes judiciales en el caso Pablo Sequen v. Albarran. Sin embargo, California afirma que ICE siguió practicando detenciones en los tribunales tras esa resolución y que operaba bajo una nueva directiva. Esa diferencia es esencial: el estado no anuncia una prohibición ya vigente, sino que pide al tribunal detener una práctica que, según sostiene, continúa.

La demanda argumenta que la política infringe la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act) porque ICE no consideró adecuadamente sus efectos sobre los tribunales estatales. También invoca la Décima Enmienda de la Constitución, que protege las competencias de los estados, y un principio tradicional del derecho consuetudinario que limita los arrestos civiles de personas que comparecen ante los tribunales. Los demandados federales podrán responder a esos argumentos jurídicos.

Qué significa para quienes deben acudir a los tribunales

La presentación de la demanda por California no suspende por sí sola los arrestos de ICE en las sedes judiciales. El litigio se refiere a arrestos civiles por motivos migratorios en tribunales estatales de California; no supone una prohibición general de la actuación migratoria federal ni de los arrestos en los tribunales de inmigración.

Quien tenga la obligación de asistir a una audiencia en un tribunal estatal no debe interpretar que la demanda le permite faltar. Las personas preocupadas por las consecuencias migratorias o por su seguridad al acudir a una audiencia pueden necesitar orientación individual de un abogado cualificado que conozca tanto el procedimiento judicial correspondiente como las leyes de inmigración.

El proceso se titula State of California v. U.S. Immigration and Customs Enforcement, expediente n.º 2:26-cv-12026. El próximo avance de especial relevancia será una resolución que afecte la política impugnada u otra actuación procesal sustancial.

Fuentes oficiales

Aviso: Factum Immigration ofrece información general, no asesoría legal. Para orientación sobre un caso individual, consulte a un abogado de inmigración con licencia.