Situación al 18 de octubre de 2026. Seis organizaciones de asistencia jurídica presentaron el 15 de octubre una demanda federal contra la programación acelerada de entrevistas de asilo y los plazos de los procesos migratorios de menores que llegaron a Estados Unidos sin padre, madre ni tutor. El caso sigue pendiente. La presentación de la demanda no ha suspendido los procedimientos impugnados.

Seis organizaciones sin fines de lucro que representan a menores migrantes no acompañados demandaron al Gobierno federal por entrevistas de asilo notificadas en algunos casos con apenas 18 horas de anticipación. Según la demanda, esos avisos dejan a los niños y a sus abogados sin tiempo suficiente para preparar testimonios y reunir pruebas. Las organizaciones también cuestionan una instrucción de los tribunales de inmigración que presiona para concluir antes del 31 de enero de 2027 los casos de menores no acompañados que se encuentran bajo custodia.

La demanda, The Door v. Edlow, se presentó el 15 de octubre ante el Tribunal Federal para el Distrito de Maryland. Impugna actuaciones del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR). El tribunal todavía no ha declarado ilegales estas medidas.

De varias semanas para prepararse a entrevistas al día siguiente

Las seis organizaciones afirman que anteriormente USCIS emitía los avisos de entrevistas de asilo con un mínimo de 21 días de anticipación. Ese plazo permitía a los abogados reunirse con los menores, obtener documentos y prepararlos para responder sobre experiencias que pueden incluir violencia o persecución.

Según la demanda, en 2026 —especialmente desde julio— USCIS aceleró considerablemente la programación de entrevistas. En septiembre, algunos abogados recibieron avisos telefónicos de que un menor debía presentarse al siguiente día hábil. En determinados casos, el aviso llegó apenas 18 horas antes. Las organizaciones afirman, además, que las solicitudes de reprogramación fueron rechazadas o ignoradas, incluso cuando a varios menores representados por un mismo abogado se les asignaron entrevistas a la misma hora.

Desde el 1 de agosto, las seis organizaciones demandantes han recibido en conjunto más de 600 avisos de entrevista para sus clientes, según el escrito. La cifra no representa un recuento nacional de todos los menores no acompañados.

La demanda también cuestiona cómo se combina la programación con escasa antelación con la regla que exige entregar pruebas adicionales de asilo 14 días antes de una entrevista. Los demandantes sostienen que algunos menores reciben la notificación cuando el plazo para aportar esos documentos ya ha vencido.

Por qué importa el plazo de enero de 2027

Otra parte del litigio aborda una instrucción de EOIR para que los tribunales de inmigración concluyan antes del 31 de enero de 2027 los casos de menores no acompañados bajo custodia. Según las organizaciones, ese calendario aumenta la presión para presentar rápidamente solicitudes de asilo y puede dificultar que los abogados consigan aplazamientos y preparen adecuadamente cada caso.

Los menores no acompañados cuentan con protecciones especiales establecidas en la Ley de Reautorización para la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 (Trafficking Victims Protection Reauthorization Act). Entre ellas figura un procedimiento por el que USCIS generalmente tiene la primera oportunidad de examinar sus solicitudes de asilo, incluso si están sujetos a procedimientos de expulsión. Este mecanismo no garantiza el asilo: busca darles la oportunidad de presentar su solicitud y las pruebas que la sustentan.

Los demandantes señalan que la aceleración de las entrevistas resulta especialmente problemática tras las interrupciones en los servicios de representación legal independiente financiados con fondos federales. Factum Immigration ya abordó ese contexto de financiación en otro artículo.

Qué solicitan las organizaciones al tribunal

Las organizaciones piden que el juez deje sin efecto las políticas impugnadas sobre avisos y cambios de fecha, restablezca la práctica anterior de notificar con al menos 21 días de antelación, reconozca el derecho a una primera reprogramación a solicitud del interesado y exija una causa justificada para los cambios posteriores. También solicitan invalidar el plazo para concluir los casos migratorios de menores detenidos.

La demanda invoca la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act), las disposiciones federales sobre asilo, la legislación de protección de menores de 2008 y la garantía del debido proceso de la Quinta Enmienda de la Constitución estadounidense. Son argumentos de las organizaciones demandantes, no conclusiones judiciales. Los demandados federales podrán responder.

Qué ocurre con las entrevistas ya programadas

Los menores y sus abogados no deben suponer que la presentación de la demanda haya cancelado una entrevista de asilo o una audiencia de inmigración. Hasta ahora, el juez no ha dictado ninguna orden que suspenda los procedimientos cuestionados. Cada cita o audiencia debe tratarse con la agencia correspondiente o con el abogado del caso.

El caso es The Door v. Edlow, n.º 8:26-cv-04326-DLB. El siguiente acontecimiento importante será una decisión judicial sobre las políticas impugnadas u otra actuación procesal sustancial.

Fuentes oficiales

Aviso: Factum Immigration es una publicación periodística que ofrece información general. Este artículo no constituye asesoría jurídica ni establece una relación de abogado y cliente. Las leyes de inmigración, los reglamentos y las prácticas administrativas pueden cambiar. Para recibir asesoramiento sobre un caso particular, consulte a un abogado de inmigración cualificado o a un representante acreditado.