Situación al 10 de noviembre de 2026. Los fiscales federales del oeste del estado de Washington anunciaron que no pueden responder a todas las demandas relacionadas con la detención de inmigrantes. La decisión se refiere a los recursos disponibles para litigar, no a una orden general de excarcelación.
Los fiscales federales del oeste del estado de Washington afirman que ya no pueden defender al Gobierno en todas las demandas presentadas por inmigrantes que impugnan su detención. Esta admisión inusual se produce tras un aumento de las peticiones de habeas corpus, mediante las cuales las personas detenidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) solicitan a jueces federales que determinen si su privación de libertad es legal. En un reportaje del 9 de noviembre, Associated Press describió una fiscalía tan desbordada por estos casos que prevé dejar muchos de ellos sin defensa por parte del Gobierno.
La decisión no significa que ICE haya dejado de detener a personas ni que todos los inmigrantes que presenten una demanda vayan a ser liberados. Significa que los jueces federales podrían tener que resolver cada vez más impugnaciones de detención sin los escritos de oposición que normalmente presentaría el Departamento de Justicia.
Qué comunicó el fiscal federal al tribunal
El fiscal federal interino Charles Floyd informó al juez federal de distrito David Estudillo, en una carta del 26 de octubre, que la Fiscalía Federal del Distrito Oeste de Washington carecía de recursos para comparecer en todos los casos de habeas corpus relacionados con detenciones migratorias. Según la carta descrita por AP, la oficina recibía decenas de peticiones cada semana.
Floyd explicó que estos litigios pueden requerir múltiples escritos, audiencias y mociones. Según indicó, la carga de trabajo estaba afectando la capacidad de la fiscalía para atender otros asuntos civiles. Anunció que los fiscales dejarían de asumir la defensa del Gobierno en numerosos procedimientos migratorios de habeas corpus. La carta no precisó cuántos casos quedarían sin oposición ni estableció una política del Departamento de Justicia aplicable a todo el país.
En el oeste de Washington se encuentra el Northwest ICE Processing Center de Tacoma, un importante centro de detención migratoria. Por ello, los tribunales federales del distrito conocen un volumen considerable de litigios sobre decisiones de custodia que afectan a las personas recluidas allí. El cambio responde a la carga de trabajo de una fiscalía federal concreta y no constituye una resolución judicial que invalide las prácticas de detención en todo el país.
Por qué las personas detenidas acuden a tribunales federales
Una petición de habeas corpus solicita que un tribunal examine si el Gobierno tiene autoridad legal para mantener a una persona privada de libertad. La competencia de los tribunales federales para conocer estas peticiones se fundamenta en 28 U.S.C. § 2241. En asuntos migratorios, la impugnación puede referirse a una detención prolongada, a su fundamento jurídico o a la ausencia de procedimientos para cuestionar el confinamiento.
El proceso de habeas corpus es distinto del procedimiento migratorio en el que se determina si una persona puede permanecer en Estados Unidos. Un juez federal puede declarar ilegal una detención concreta sin conceder asilo, anular una orden de expulsión ni determinar que la persona tiene un estatus migratorio legal.
Las controversias sobre las audiencias de fianza constituyen una fuente importante de litigios. El Gobierno ha sostenido que determinadas categorías de inmigrantes deben permanecer detenidas mientras continúan sus procedimientos de expulsión. Las personas detenidas y sus abogados han cuestionado esa interpretación, y los tribunales federales han llegado a conclusiones diferentes sobre qué grupos tienen derecho a una audiencia. Esas discrepancias jurídicas ayudan a explicar el aumento de demandas, pero no convierten todas las peticiones en casos jurídicamente idénticos.
Qué sucede cuando el Gobierno no responde
Que el Gobierno no defienda una petición no implica automáticamente que la detención sea ilegal. Los jueces federales siguen examinando los hechos, su competencia y los fundamentos jurídicos de la reparación solicitada. Según el expediente, un tribunal puede ordenar la liberación, exigir una audiencia de fianza o rechazar total o parcialmente las pretensiones.
El registro judicial público de Singh v. Blanche, n.º 2:26-cv-04143, confirma que Baljit Singh presentó una petición de habeas corpus en el Distrito Oeste de Washington el 27 de octubre y que el caso fue asignado a la jueza federal de distrito Tiffany Cartwright. AP informó que la jueza ordenó liberar a Singh después de que el Gobierno no impugnara su petición. Los extractos del registro judicial accesibles al público y examinados para este artículo no reproducen la orden íntegra de liberación, por lo que aquí no es posible describir de forma independiente sus condiciones exactas.
Otras resoluciones federales del mismo distrito ilustran la importancia de esta distinción. En una decisión del 23 de octubre en Lozano v. Blanche, el tribunal ordenó celebrar una audiencia de fianza con determinadas garantías procesales, en lugar de disponer una liberación inmediata e incondicional. Estos resultados dependen de los hechos y fundamentos jurídicos de cada expediente.
Una crisis de personal con consecuencias jurídicas
El anuncio pone de manifiesto una tensión en la estrategia de aplicación de las leyes migratorias de la administración. El aumento de las detenciones genera más impugnaciones judiciales; estas obligan a los abogados federales a defender ante los jueces las decisiones de mantener a personas bajo custodia. Cuando el volumen de litigios supera los recursos humanos disponibles, el Gobierno puede optar por no oponerse a peticiones individuales mientras continúa con su programa general de control migratorio.
AP informó que el asesor de la Casa Blanca para asuntos fronterizos Tom Homan había mencionado aproximadamente 85.000 casos de habeas corpus en todo el país. Esa cifra corresponde a la caracterización de un funcionario de la administración, no a un recuento nacional verificado independientemente para este artículo. Tampoco la carta del fiscal de Washington demuestra que otros distritos federales vayan a adoptar el mismo enfoque.
Para los inmigrantes detenidos en la región, el cambio inmediato es procesal: algunas impugnaciones federales de la detención podrían tramitarse sin respuesta de los abogados del Gobierno. Las leyes vigentes, los procedimientos ante tribunales de inmigración y la obligación judicial de evaluar cada petición siguen siendo aplicables. Lo que ha cambiado es la capacidad declarada del Gobierno federal para defender sus decisiones de detención en uno de los distritos con mayor actividad de litigios migratorios del país.
Fuentes: Associated Press, 9 de noviembre de 2026; Singh v. Blanche, expediente federal n.º 2:26-cv-04143; Lozano v. Blanche, resolución federal del 23 de octubre de 2026; 28 U.S.C. § 2241.