Estado al 9 de noviembre de 2026. En The Door v. Edlow, un tribunal federal de Maryland suspendió temporalmente dos políticas de USCIS sobre entrevistas de asilo que afectaban a menores no acompañados. Después de que organizaciones jurídicas denunciaran incumplimientos continuados, USCIS presentó el 6 de noviembre un plan para abordar las infracciones ocurridas entre el 30 de octubre y el 5 de noviembre. La orden era temporal y estaba prevista su expiración el 13 de noviembre, salvo prórroga judicial; no invalidaba todas las normas de entrevistas de asilo aplicables a los adultos.

Una controversia sobre la programación de entrevistas de asilo se convirtió en una disputa acerca de si la agencia federal de inmigración había obedecido una orden judicial. El 30 de octubre, el juez federal de distrito Brendan Hurson ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos restablecer los avisos anticipados y procedimientos más flexibles para reprogramar entrevistas de menores no acompañados. Pocos días después, abogados que representan a esos niños informaron que las oficinas de asilo seguían invocando las reglas suspendidas por el juez. En un documento presentado el 6 de noviembre, el gobierno describió las medidas destinadas a remediar el incumplimiento de USCIS durante un período definido de seis días.

El caso subyacente, The Door et al. v. Edlow et al., núm. 8:26-cv-04326-BAH, no es una impugnación general sobre si los solicitantes de asilo pueden ser entrevistados. Trata del aviso previo a las entrevistas y de los requisitos para aplazarlas, específicamente en relación con niños que cumplen la definición federal de menor no acompañado. La distinción jurídica importa: la decisión del 30 de octubre proporcionó protección procesal temporal a ese grupo, pero no restableció de forma general las reglas antiguas de programación para todos los solicitantes adultos de asilo del país.

Qué exigía la orden del 30 de octubre

En su memorando y orden del 30 de octubre, el juez Hurson suspendió la política de USCIS de notificar a los menores no acompañados y a sus abogados las entrevistas de asilo con menos de 21 días de anticipación. Ordenó a la agencia restablecer la práctica anterior de generar notificaciones escritas al menos 21 días antes de la fecha programada y enviarlas sin demora a los solicitantes y sus representantes.

El juez también suspendió la política más estricta para reprogramar entrevistas, que exigía demostrar circunstancias excepcionales. Ordenó recuperar el sistema anterior: una reprogramación como trámite ordinario y reprogramaciones adicionales por causa justificada. Entre los factores pertinentes figuraban la disponibilidad del abogado, citas incompatibles, el tiempo necesario para reunir y presentar pruebas, la preparación del menor, su capacidad para acudir y la insuficiente anticipación del aviso.

La orden exigía un informe de cumplimiento en 48 horas. Establecía expresamente su expiración al mediodía del 13 de noviembre, salvo nueva decisión judicial. Se trataba de una orden de restricción temporal y de una suspensión conforme a la sección 705 de la Ley de Procedimiento Administrativo (APA), no de una sentencia definitiva después de un juicio completo. Una medida temporal puede regular la conducta de la agencia mientras continúa el litigio sin resolver todas las cuestiones jurídicas de fondo.

Por qué cambiaron las reglas de programación

Los demandantes describieron una práctica prolongada de USCIS que permitía al menos 21 días de aviso anticipado. Indicaron que los abogados suelen necesitar entre 10 y 30 horas para preparar a un menor para una entrevista de asilo, incluyendo la recopilación de documentos, el análisis de cuestiones jurídicas y la ayuda para que un solicitante joven relate experiencias traumáticas. Según la exposición judicial de las alegaciones, desde septiembre de 2026 algunos abogados recibían avisos con apenas unos días de anticipación y, en ocasiones, con menos de 24 horas.

Otro cambio, anunciado el 21 de agosto, estableció el criterio de circunstancias excepcionales para aplazar entrevistas de asilo afirmativo. El sistema anterior permitía un aplazamiento ordinario y solicitudes posteriores por causa justificada. Los demandantes argumentaron que el nuevo umbral era considerablemente más difícil de satisfacer, especialmente cuando un mismo abogado representaba a varios menores con entrevistas programadas al mismo tiempo.

El tribunal examinó las protecciones legales específicas de los menores no acompañados, incluidas las previstas en la Ley William Wilberforce de Reautorización de la Protección de Víctimas de Trata de Personas de 2008. El juez Hurson encontró fundamentos para conceder protección temporal porque la política de aviso acelerado no consideraba adecuadamente las necesidades especiales de los menores, mientras que el nuevo criterio de reprogramación planteaba serias dudas de derecho administrativo. El interés más amplio del gobierno en procesar las solicitudes de asilo con mayor rapidez no eliminaba los problemas procesales de este grupo de solicitantes.

Qué denunciaron los abogados después de la decisión

El 5 de noviembre, los demandantes presentaron un aviso de incumplimiento de USCIS. Señalaron que el 2 de noviembre el sitio web de la agencia todavía mostraba el requisito de circunstancias excepcionales sin reflejar claramente la orden judicial. Según su presentación, la página no fue modificada hasta el 3 de noviembre, cuatro días después de la orden cautelar, y aun entonces la aclaración aparecía debajo de un texto más general que describía la regla estricta.

Las organizaciones dijeron haber recibido al menos ocho informes de oficinas de asilo que no seguían la orden. En Boston, según lo denunciado, un abogado entregó una copia de la orden antes de una entrevista del 2 de noviembre y nuevamente ese mismo día, pero le dijeron que solo la sede central de USCIS podía autorizar el aplazamiento; la entrevista se realizó pese a su objeción. En Bethpage, Nueva York, el escrito describió a empleados y supervisores que presuntamente desconocían la orden, tras lo cual se registró una anotación de incomparecencia en el expediente de un menor.

En Tampa, un abogado con cuatro entrevistas previstas para el 5 de noviembre y otra para el día 6 solicitó, según los informes, aplazamientos invocando la orden judicial, pero recibió una respuesta basada en las circunstancias excepcionales. En Los Ángeles, un abogado del Immigrant Defenders Law Center recibió igualmente el 4 de noviembre un mensaje que indicaba que seguía aplicándose el criterio más estricto. Los demandantes también comunicaron respuestas pendientes o contradictorias en Chicago.

Un relato especialmente complejo procedía de Omaha, Nebraska. El abogado principal de un menor solicitó un aplazamiento para asistir a un funeral familiar. Según el escrito, USCIS inicialmente indicó que evaluaría la solicitud conforme al criterio de circunstancias excepcionales. Otro abogado acompañó entonces al menor a la entrevista, donde los funcionarios afirmaron que no podían resolver la petición. La entrevista siguió adelante por temor a que, de lo contrario, se registrara una incomparecencia del menor. Durante la entrevista, USCIS presuntamente envió un correo al abogado principal reconociendo que su negativa anterior había sido errónea y aceptando reprogramar la cita.

Estos ejemplos fueron presentados como alegaciones y testimonios de apoyo en el escrito de los demandantes, no como determinaciones judiciales finales independientes que establecieran cada hecho. Su importancia radica en que provocaron un nuevo examen del cumplimiento de la agencia y una respuesta gubernamental más específica.

Qué reconoció USCIS el 6 de noviembre

El informe del gobierno del 6 de noviembre abordó expresamente lo que denominó período de incumplimiento de la orden de restricción temporal, desde el mediodía del 30 de octubre hasta las 17:00 del 5 de noviembre. El documento describía medidas correctivas en lugar de sostener que todas las oficinas de asilo habían cumplido desde el principio. Las partes no lograron acordar el texto de un informe conjunto, por lo que el gobierno presentó su propia versión.

USCIS informó que las oficinas de asilo habían revisado los modelos de respuesta a solicitudes de reprogramación de menores no acompañados, eliminando las referencias a circunstancias excepcionales e incorporando los términos de la orden judicial. La agencia afirmó que aceleraría la revisión de las notificaciones para que los solicitantes recibieran decisiones sobre sus peticiones antes de las entrevistas. Cuando el abogado solicitara un aplazamiento el mismo día de la entrevista, según la agencia, se concedería la primera petición y las posteriores se evaluarían conforme al criterio de causa justificada.

El gobierno también se comprometió a revisar los avisos de incomparecencia emitidos durante el período de incumplimiento y determinar si correspondía reprogramar entrevistas. Dijo que revisaría las denegaciones en casos donde la entrevista se hubiera celebrado pese a una solicitud de aplazamiento pendiente o rechazada. Para esos expedientes, la agencia propuso examinar si la petición habría cumplido los requisitos de la orden judicial y si una entrevista adicional podría razonablemente influir en la decisión sobre el asilo.

USCIS describió además actualizaciones de instrucciones internas, notificaciones estándar y directrices para el personal. Los demandantes proporcionarían datos identificativos de los clientes afectados, mientras que la agencia elaboraría su propia lista de menores no acompañados potencialmente afectados cuyas solicitudes de aplazamiento hubieran sido denegadas o no contestadas. El informe describe medidas correctivas previstas; por sí solo no demuestra que todas las entrevistas afectadas se repitieran después ni que todas las presuntas infracciones ya hubieran sido subsanadas.

A quién se aplica la orden y a quién no

La orden del 30 de octubre se refiere específicamente a solicitantes que cumplen la definición de menor no acompañado conforme a 6 USC 279(g)(2). Esa definición comprende a una persona menor de 18 años sin estatus migratorio legal que carece de padre, madre o tutor legal en Estados Unidos, o para quien no existe uno disponible que pueda proporcionar cuidado y custodia física. La demanda fue presentada por organizaciones que prestan servicios jurídicos a menores de esa categoría.

La orientación pública de USCIS sobre asilo seguía describiendo en general el criterio de circunstancias excepcionales para reprogramar entrevistas de asilo afirmativo, pero añadía que esa alerta no se aplicaba a entrevistas programadas para solicitudes de menores no acompañados debido a la orden del tribunal de Maryland. La agencia manifestó su firme desacuerdo con la decisión, aunque reconoció que estaba obligada a cumplirla.

Esa distinción también separa este litigio de otra política de 2026 que permite remitir determinadas solicitudes de asilo afirmativo a los tribunales de inmigración sin una entrevista de USCIS. La regla final provisional del 28 de julio trata de la remisión sin entrevista; The Door trata del aviso y aplazamiento cuando se programa una entrevista para un menor no acompañado. Confundir ambas controversias como si fueran una sola decisión ampliaría indebidamente lo que resolvió el juez Hurson.

Qué cuestiones siguen sin resolverse

Las organizaciones jurídicas demandantes, entre ellas The Door y proveedores de representación para menores no acompañados, solicitaron protección porque los avisos con poca anticipación y las restricciones para aplazar entrevistas podían perjudicar una preparación adecuada y la participación de abogados. El gobierno ha defendido su facultad de administrar los calendarios de entrevistas y acelerar las decisiones. La intervención temporal del tribunal abordó si los procedimientos impugnados podían seguir aplicándose a los menores cubiertos mientras continuaba el litigio.

El informe del 6 de noviembre constituye un registro inusualmente explícito de la respuesta declarada por una agencia ante el incumplimiento de una orden temporal de un tribunal federal. Identifica un período concreto, categorías específicas de medidas correctivas y pasos administrativos destinados a localizar los casos afectados. No demuestra que el tribunal declarara desacato, impusiera sanciones o determinara definitivamente la legalidad de todas las políticas de USCIS sobre programación de entrevistas.

Al 9 de noviembre, el próximo hito jurídico era el 13 de noviembre, fecha de expiración establecida en la orden temporal, salvo que el tribunal la prorrogara o sustituyera. El litigio más amplio seguía versando sobre los procedimientos que USCIS debe observar al organizar entrevistas de asilo para menores no acompañados. Su cuestión central es procesal y no predictiva: una orden judicial puede exigir restablecer garantías, pero su aplicación en múltiples oficinas de asilo puede convertirse por sí misma en una controversia documentada en escritos judiciales posteriores.