El pleno de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. cerró el jueves un desafío legal contra la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump, al determinar que el caso perdió vigencia porque todos los demandantes ya fueron expulsados del país por otras vías migratorias. El fallo, emitido desde Nueva Orleans, evita pronunciarse sobre si el uso de la ley de 1798 fue legalmente correcto.
Los tres individuos vinculados al caso, identificados como presuntos miembros del Tren de Aragua, fueron removidos de territorio estadounidense mediante otros canales legales, lo que según el tribunal elimina cualquier controversia activa. La decisión llega después de que la Corte Suprema bloqueara al gobierno la expulsión inmediata de los presuntos pandilleros sin ofrecerles oportunidad de impugnar la medida. Esa acción previa devolvió el caso al nivel de apelaciones, donde un panel de tres jueces inicialmente falló en contra del gobierno en septiembre.
Sin embargo, el pleno de 17 jueces, a menudo calificado como el más conservador del país, aceptó revisar el asunto en enero tras una presión de la administración. Ahora, con la desestimación del pleno, el caso termina sin un fallo definitivo sobre las cuestiones legales centrales. La jueza Jennifer Walker Elrod redactó la opinión, señalando que la Corte Suprema había permitido explícitamente al gobierno proceder con las remociones bajo estatutos alternativos, y que los demandantes no identificaron fallas en cómo fueron expulsados.
El tribunal también rechazó una solicitud del equipo legal de los demandantes para incorporar nuevas partes y mantener el litigio vivo. Ese rechazo, combinado con la determinación de que el caso es discutible, cierra efectivamente la puerta a este desafío particular. Los abogados de los deportados argumentaron que el caso merecía revisión continua, pero el panel no vio disputa pendiente que resolver.
Este resultado resalta cómo el uso agresivo de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración se ha estancado en gran medida, y probablemente retrasa cualquier aclaración definitiva de la Corte Suprema sobre el asunto. La ley, una medida raramente utilizada, fue invocada para deportar a presuntos miembros del Tren de Aragua, pero el fallo previo de la alta corte limitó la rapidez con que esa autoridad podía aplicarse.
El relato de la fuente no ofrece información adicional sobre la postura de la administración más allá de la opinión escrita del tribunal, y no se ha reportado ningún comentario oficial.