Estado al 28 de septiembre de 2026. La Corte Suprema concedió la solicitud del gobierno federal para suspender temporalmente el efecto de la decisión de un tribunal inferior en Department of Homeland Security v. League of Women Voters. La medida permite que el programa SAVE modificado siga funcionando mientras continúa la apelación. La Corte Suprema no resolvió todavía la legalidad del programa sobre el fondo.
El 25 de septiembre de 2026, la Corte Suprema concedió la solicitud del Departamento de Seguridad Nacional para obtener una suspensión en Department of Homeland Security v. League of Women Voters, No. 26A308. La orden suspende temporalmente el efecto de una decisión del Tribunal de Distrito que había dejado sin efecto el programa modificado Systematic Alien Verification for Entitlements y los avisos relacionados emitidos por las agencias federales. El litigio principal continúa.
El Tribunal de Distrito había fallado a favor de las organizaciones demandantes en sus tres reclamos principales y había anulado el programa SAVE modificado. También rechazó la solicitud del gobierno para suspender esa decisión durante la apelación. Posteriormente, un panel dividido de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia volvió a negar la suspensión. El gobierno acudió entonces a la Corte Suprema en busca de una medida de emergencia.
Qué cambió en el programa SAVE
SAVE existe desde 1986. Originalmente, las agencias gubernamentales federales, estatales y locales utilizaban el sistema para verificar la ciudadanía y el estatus migratorio de no ciudadanos que solicitaban beneficios públicos. Durante décadas, el programa se apoyó en registros mantenidos por DHS, el Departamento de Justicia y el Departamento de Estado.
En marzo de 2025, el presidente Donald Trump firmó la Orden Ejecutiva 14248, que instruyó a DHS a desarrollar mecanismos para que las autoridades estatales y locales pudieran verificar la ciudadanía de votantes registrados y de personas que solicitaran registrarse para votar. La orden también instruyó a la Administración del Seguro Social a poner a disposición de DHS los registros necesarios para ese propósito.
Dos meses después, DHS puso en marcha una versión modificada de SAVE. Según la descripción de la Corte Suprema, el nuevo sistema incorporó acceso a información adicional de la Administración del Seguro Social, incluidos números de Seguro Social, y permitió a las autoridades estatales y locales realizar consultas masivas sobre varias personas al mismo tiempo.
Cómo funciona el sistema modificado
Una agencia estatal o local que quiera verificar la ciudadanía de una persona puede enviar información de identificación a través del portal SAVE. Los datos pueden incluir nombre, apellido, fecha de nacimiento y un número de Seguro Social completo o parcial.
La información se transmite a la Administración del Seguro Social para compararla con sus bases de datos. SSA devuelve luego a DHS la información coincidente, que puede incluir el nombre de la persona, su fecha de nacimiento, su número de Seguro Social y su estatus de ciudadanía. SAVE envía después una respuesta a la agencia que realizó la consulta.
Si el sistema no puede confirmar la ciudadanía, pueden requerirse datos adicionales antes de tomar una decisión. El litigio cuestiona, entre otras cosas, el uso y la divulgación de esa información por parte del gobierno federal y las consecuencias para votantes registrados cuyos expedientes gubernamentales puedan estar incompletos o contener errores.
La impugnación judicial
League of Women Voters, varias de sus organizaciones estatales y locales, Electronic Privacy Information Center y otros demandantes impugnaron el programa modificado. Alegaron que los cambios violaban restricciones federales aplicables a los registros del Seguro Social, protecciones de la Privacy Act of 1974 y requisitos de la Administrative Procedure Act.
El gobierno federal rechazó esos argumentos y también cuestionó que los demandantes tuvieran standing para presentar el caso. Entre otras cosas, sostuvo que la legislación federal de inmigración autoriza el intercambio de información relacionada con ciudadanía y estatus migratorio y que el programa SAVE modificado es legal.
Por qué la Corte Suprema concedió la suspensión
La Corte concluyó que el gobierno había cumplido los requisitos necesarios para obtener una medida provisional mientras se resuelve la apelación. La mayoría consideró que los demandantes probablemente sí tenían standing. Como ejemplo, señaló a una votante registrada de Luisiana identificada como J. Doe 4, cuyos registros de la Administración del Seguro Social no reflejaban correctamente que había adquirido la ciudadanía estadounidense por naturalización.
Al mismo tiempo, la mayoría concluyó de manera preliminar que los reclamos legales de los demandantes probablemente no prosperarían sobre el fondo. Una parte importante del análisis se centró en 8 U.S.C. § 1373 y disposiciones relacionadas aprobadas en 1996. La Corte interpretó esas normas como una probable autorización para que el gobierno federal solicite y reciba información relacionada con ciudadanía o estatus migratorio a pesar de restricciones de divulgación que entren en conflicto con ellas.
Esa conclusión fue adoptada únicamente al resolver la solicitud de suspensión. No constituye una decisión definitiva sobre la legalidad del programa SAVE modificado.
La disidencia
La jueza Ketanji Brown Jackson presentó una opinión disidente, a la que se sumaron las juezas Sonia Sotomayor y Elena Kagan. La disidencia rechazó la interpretación de las leyes federales adoptada por la mayoría y sostuvo que el gobierno no había demostrado una probabilidad suficiente de éxito sobre el fondo como para justificar una medida de emergencia.
La opinión disidente también destacó los intereses de privacidad involucrados y el riesgo de que errores en los registros gubernamentales impongan cargas adicionales a personas que legalmente tienen derecho a votar.
Qué significa la orden ahora
El programa SAVE modificado puede seguir operando mientras continúa la apelación.
La decisión del Tribunal de Distrito que había anulado el programa modificado y los avisos relacionados queda suspendida por ahora.
La Corte Suprema no ha emitido una decisión definitiva sobre si el programa cumple con la Social Security Act, la Privacy Act y la Administrative Procedure Act.
El caso principal continúa en los tribunales inferiores.
La Corte también señaló una limitación práctica importante. La ley federal generalmente restringe los programas sistemáticos destinados a eliminar de los padrones a votantes no elegibles durante los 90 días anteriores a una elección federal. Por lo tanto, la suspensión no elimina otras restricciones legales que puedan limitar la forma en que los estados utilizan los datos de SAVE poco antes de una elección.