Estado al 16 de noviembre de 2026. El 13 de noviembre, un juez federal de Illinois dictó una orden judicial permanente que prohíbe a funcionarios federales presionar a Facebook y Apple para que supriman dos plataformas que documentan actividades públicas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La orden se refiere a las plataformas y los demandados identificados, no a todos los servicios que informan sobre operativos de ICE.
El Gobierno federal aceptó una orden judicial permanente que impide a sus funcionarios presionar a Facebook y Apple para retirar dos plataformas utilizadas para compartir información sobre operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). El 13 de noviembre, el juez Jorge L. Alonso, del Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Norte de Illinois, convirtió una medida cautelar preliminar en una prohibición permanente y desestimó las pretensiones de los demandantes con carácter definitivo.
El caso, Rosado and Kreisau Group LLC v. Blanche and Mullin, expediente 1:26-cv-01532, se centraba en el grupo de Facebook ICE Sightings - Chicagoland, de la zona de Chicago, y en la aplicación Eyes Up. El grupo permite intercambiar información sobre la actividad de ICE. Eyes Up permite enviar videos de operativos migratorios, que se revisan antes de incorporarlos a un mapa.
La Foundation for Individual Rights and Expression (FIRE), organización que representó a los demandantes, anunció el acuerdo el 13 de noviembre. La orden judicial, de tres páginas, establece los términos precisos de la resolución del litigio y las restricciones permanentes impuestas a los funcionarios federales.
Cómo comenzó la controversia
Kae Rosado creó el grupo ICE Sightings - Chicagoland en Facebook en enero de 2025. Según FIRE, el grupo creció considerablemente durante una operación de control migratorio en Chicago denominada Operation Midway Blitz, hasta acercarse a los 100.000 integrantes. Sus miembros compartían reportes sobre operativos públicos de ICE y sus efectos en las comunidades locales.
Mark Hodges desarrolló Eyes Up a través de Kreisau Group LLC. La aplicación permite grabar o subir videos que documentan actuaciones de las autoridades. Sus responsables revisan el material enviado antes de poner los videos aprobados a disposición del público mediante una interfaz geográfica. Aunque ambos proyectos surgieron por separado, según los demandantes los dos fueron objeto de intentos de las autoridades federales de influir en las decisiones de grandes plataformas tecnológicas.
FIRE sostuvo que funcionarios federales presionaron a Meta para desactivar el grupo de Rosado y a Apple para retirar Eyes Up de la App Store. La organización presentó la demanda en febrero de 2026 contra quienes entonces ocupaban los cargos de fiscal general y secretario de Seguridad Nacional. El litigio cuestionaba la intervención del Gobierno en las decisiones de moderación de las plataformas, no la facultad de Facebook o Apple de aplicar por su cuenta sus propias políticas de contenido.
En el debate público más amplio, el Gobierno ha sostenido que divulgar por internet la ubicación de agentes de ICE puede poner en riesgo a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Los demandantes, por su parte, afirmaban que difundir información sobre operaciones gubernamentales realizadas en público constituye expresión protegida y que los funcionarios no pueden recurrir a amenazas o coacción para obtener censura de empresas privadas.
Qué prohíbe la orden judicial permanente
La orden del 13 de noviembre prohíbe a los demandados y a quienes actúen en su nombre adoptar medidas formales o informales para exigir o presionar a Facebook con el fin de suprimir el grupo de Rosado. También les impide coaccionar a Facebook o amenazarla con sanciones por permitir que el grupo continúe disponible o sea restablecido.
Una disposición equivalente protege a Apple y a la aplicación Eyes Up, operada por Kreisau Group LLC. Los funcionarios federales no pueden exigir ni presionar a Apple para que suprima la aplicación, ni amenazar a la empresa con sanciones por mantenerla disponible o permitir su reinstalación.
La resolución no se limita a una declaración general sobre la libertad de expresión. Exige que los abogados del Gobierno notifiquen la orden, dentro de los siete días siguientes, a los funcionarios y empleados pertinentes del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional. También deben informar a Meta y Apple, incluidas las personas que habían recibido comunicaciones anteriores sobre las dos plataformas, y entregar a los abogados de los demandantes documentación que acredite el cumplimiento.
El alcance personal de la orden se rige por la Regla Federal de Procedimiento Civil 65(d)(2), que determina a quiénes obligan las medidas judiciales, incluidas las partes y determinadas personas que actúan de manera concertada con ellas tras recibir notificación. La orden no obliga directamente a Facebook ni a Apple a alojar contenidos o restablecer cuentas. Sus restricciones operativas se dirigen a la conducta de los funcionarios federales.
Por qué el caso terminó sin juicio
La orden del 13 de noviembre respondió a una petición conjunta de las partes. El Gobierno aceptó convertir en permanente la medida cautelar preliminar y los demandantes aceptaron la desestimación definitiva de su demanda. El juez Alonso ordenó al secretario judicial registrar la sentencia final, dado que no quedaban reclamaciones pendientes de resolución.
La desestimación with prejudice generalmente impide volver a presentar las mismas pretensiones en ese litigio. No significa que el tribunal haya celebrado un juicio completo ni que haya emitido una sentencia definitiva sobre el fondo de todas las cuestiones constitucionales planteadas. Sin embargo, la prohibición permanente constituye una orden judicial exigible con restricciones concretas.
En una etapa anterior, según el relato de FIRE sobre las resoluciones previas, el tribunal de distrito había considerado probable que los demandantes prosperaran en sus reclamaciones basadas en la Primera Enmienda, relativas a la presunta coacción gubernamental sobre las empresas tecnológicas. Esa valoración preliminar es distinta de una conclusión definitiva después de un juicio. El acuerdo entre las partes hizo innecesario continuar el examen del fondo del litigio.
Qué establece el fallo y cuáles son sus límites
La Primera Enmienda de la Constitución estadounidense limita la interferencia gubernamental con la expresión protegida. La Corte Suprema ha examinado situaciones en las que las comunicaciones de las autoridades con intermediarios privados pueden dejar de ser persuasión y convertirse en coacción. En este caso, las partes resolvieron la controversia mediante una orden dirigida contra la presión ejercida sobre dos plataformas identificadas.
La medida no establece que cualquier publicación sobre ICE sea lícita independientemente de su contenido o de las circunstancias. Tampoco impide que Facebook y Apple adopten decisiones independientes de moderación. La distinción central de la orden es si una empresa actúa por decisión propia o como consecuencia de una presión prohibida de funcionarios federales.
La resolución tampoco impide que ICE lleve a cabo operaciones de control migratorio. La demanda trataba sobre los intentos del Gobierno de influir en la difusión de información acerca de esas operaciones, no sobre la legalidad de una detención o expulsión concreta.
El resultado práctico es más limitado y preciso que una decisión general sobre la tecnología para rastrear a ICE. Los demandados federales tienen prohibido utilizar presión oficial para suprimir el grupo de Facebook y la aplicación identificados. Para los creadores de ambos recursos, el litigio ha concluido. Para otros medios y autores que documentan actividades gubernamentales, el caso ofrece un ejemplo de restricción judicial a la presión estatal sobre plataformas privadas de comunicación, sin resolver la legalidad de todos los servicios similares.
Fuentes
La orden judicial del 13 de noviembre, expediente 1:26-cv-01532, establece el alcance de la prohibición y los términos de la desestimación. El comunicado de FIRE del 13 de noviembre describe a los demandantes, las plataformas y las etapas anteriores del proceso. La información de Reuters ofrece cobertura independiente del acuerdo.