Estado al 16 de noviembre de 2026. El 13 de noviembre, la Corte Suprema de Estados Unidos aceptó revisar la legalidad de la proclamación del presidente Donald Trump que restringe el acceso al asilo en la frontera sur. Los magistrados todavía no han resuelto el fondo del caso. La aceptación del recurso no modifica por sí misma las restricciones vigentes.

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó el 13 de noviembre examinar una política presidencial que limita considerablemente el acceso al asilo en la frontera sur. En Mullin v. Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services, expediente 26-239, los magistrados analizarán si la proclamación de enero de 2025 del presidente Donald Trump y las instrucciones para aplicarla se ajustan a la legislación federal de inmigración.

El tribunal federal de distrito y la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia ya habían dictado decisiones contrarias a la administración. La aceptación del caso significa que la Corte Suprema revisará esas conclusiones. No equivale a declarar legal o ilegal la proclamación ni resuelve la situación jurídica de solicitudes individuales de asilo.

Las preguntas que examinará la Corte Suprema

La Corte aceptó dos de las preguntas presentadas por la administración. La primera plantea si la Proclamación Presidencial 10888 y las instrucciones para aplicarla pueden suspender la entrada de determinadas categorías de extranjeros y excluirlos de procedimientos establecidos por ley que podrían permitirles permanecer en Estados Unidos, incluido el asilo.

La segunda pregunta se refiere a 8 U.S.C. § 1252(f)(1), una disposición que limita determinadas formas de protección judicial en asuntos migratorios. Los magistrados deberán decidir si esa norma impide que el tribunal de distrito conceda una medida aplicable a toda una clase de personas afectadas, en lugar de limitarla a demandantes individuales.

El gobierno también pidió revisar si la definición de la clase de demandantes cumplía con el artículo III de la Constitución y la regla 23 de las Reglas Federales de Procedimiento Civil. Sin embargo, la orden del 13 de noviembre no aceptó esa tercera pregunta. Por ello, el examen abarcará tanto los límites de la autoridad presidencial como la capacidad de los tribunales para conceder protección a grupos de demandantes.

El expediente oficial identifica el asunto con el número 26-239 y confirma que la revisión fue aceptada el 13 de noviembre. Ese día no se emitió ninguna sentencia sobre el fondo. Hasta el 16 de noviembre, la ficha del caso no indicaba una fecha para los argumentos orales.

El origen de las restricciones fronterizas

Trump emitió la Proclamación 10888 el 20 de enero de 2025, invocando las facultades presidenciales para regular la entrada al país y describiendo la situación en la frontera sur como una «invasión». El documento se publicó en el Federal Register el 29 de enero. Su aplicación restringió el acceso al asilo y a otros procedimientos migratorios para las personas comprendidas en la política.

La administración se apoya, entre otras disposiciones, en la sección 212(f) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, codificada en 8 U.S.C. § 1182(f). Esa norma permite al presidente suspender la entrada de determinadas categorías de extranjeros cuando se cumplen las condiciones legales. El centro del litigio es si esa facultad también puede desplazar los procedimientos que el Congreso estableció para personas que ya han llegado a Estados Unidos y solicitan protección contra la persecución o la tortura.

Conforme a 8 U.S.C. § 1158(a)(1), una persona extranjera que se encuentre físicamente en Estados Unidos o llegue al país puede solicitar asilo, sujeto a las excepciones y condiciones previstas por la ley. Otras disposiciones regulan la suspensión de la expulsión hacia un país determinado, conocida como withholding of removal, y la protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT). No son mecanismos equivalentes: el asilo puede conferir un estatus migratorio diferente y beneficios asociados, mientras que el withholding y la protección CAT restringen principalmente la expulsión a un país cuando se cumple el estándar jurídico de riesgo correspondiente.

Las decisiones de los tribunales inferiores

La demanda fue presentada por organizaciones de asistencia jurídica a inmigrantes, entre ellas Refugee and Immigrant Center for Education and Legal Services (RAICES), y por demandantes individuales. Según los demandantes, la administración intentó sustituir los procedimientos de expulsión y protección establecidos por el Congreso por una restricción general impuesta mediante una decisión presidencial.

En julio de 2025, el tribunal federal de distrito de Washington, D.C., declaró ilegal la proclamación impugnada y concedió protección judicial frente a su aplicación. Durante la apelación, sin embargo, la Corte de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia suspendió parcialmente los efectos de esa decisión. Según el Center for Gender and Refugee Studies, que representa a los demandantes, esa suspensión permitió mantener las restricciones al acceso al asilo, pero preservó la obligación del gobierno de examinar solicitudes de withholding of removal y de protección CAT.

El 24 de abril de 2026, la corte de apelaciones confirmó la conclusión del tribunal de distrito de que la proclamación y las instrucciones relacionadas eran ilegales en la medida en que sustituían el sistema de expulsión previsto por la ley y bloqueaban el acceso a procedimientos de protección. El gobierno solicitó una nueva revisión, que fue denegada en julio, y acudió a la Corte Suprema en agosto. Los magistrados aceptaron el caso en noviembre.

Esta trayectoria procesal exige distinguir dos circunstancias. Los tribunales inferiores fallaron contra la política de la administración, pero la suspensión parcial de las medidas judiciales determinó qué restricciones continuaron aplicándose durante el litigio. La decisión de la Corte Suprema de revisar el caso no levanta por sí misma esa suspensión ni establece un nuevo procedimiento de evaluación de solicitudes en la frontera.

Las posiciones del gobierno y de los demandantes

La administración sostiene que el presidente tiene amplias facultades legales para responder a las condiciones en la frontera y suspender la entrada de grupos designados. En su petición ante la Corte Suprema, el gobierno también cuestiona el alcance de la protección judicial concedida por el tribunal de distrito a toda la clase de demandantes. Para ello invoca las limitaciones que el Congreso estableció respecto de determinadas órdenes judiciales en 8 U.S.C. § 1252(f)(1).

Los demandantes argumentan que la facultad presidencial de regular la entrada no permite eliminar los procedimientos de asilo y expulsión establecidos por el Congreso. A su juicio, la proclamación impide que personas que huyen de la persecución presenten sus solicitudes mediante procedimientos que normalmente requieren un examen individualizado. La Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), que representa a los demandantes, celebró la revisión como una oportunidad para examinar el conflicto entre la proclamación y las garantías legales de protección.

Las dos preguntas aceptadas por la Corte Suprema están relacionadas, pero son distintas. Los magistrados pueden examinar por separado la validez de la política y el alcance de las medidas que un juez federal puede conceder a una clase de personas. Una conclusión sobre la forma de protección judicial disponible no necesariamente resolverá todas las cuestiones relativas a la legalidad de las restricciones migratorias.

A quiénes afecta el litigio

El caso concierne principalmente a personas sujetas a la proclamación en la frontera sur que solicitan asilo u otras formas de protección contra la expulsión. También afecta a las organizaciones que representan a esos solicitantes y a las agencias federales encargadas del procesamiento fronterizo y de las decisiones migratorias.

El resultado tendrá importancia para delimitar la autoridad presidencial sobre la entrada al país frente al sistema de asilo y expulsión establecido por el Congreso. También puede aclarar cuándo los tribunales federales pueden conceder protección a una clase de extranjeros y no solamente a demandantes identificados individualmente. La Corte todavía no ha resuelto esas preguntas y la orden del 13 de noviembre no introduce nuevos criterios de elegibilidad para el asilo.

Por ahora, el panorama jurídico sigue determinado por la proclamación, las decisiones de los tribunales inferiores y la suspensión parcial de sus efectos. La siguiente etapa comprende la presentación de escritos sobre el fondo y los argumentos orales conforme al calendario de la Corte Suprema. Será la sentencia posterior, y no la aceptación del caso, la que resolverá las cuestiones admitidas para revisión.

Fuentes y documentos judiciales

El expediente oficial 26-239 de la Corte Suprema registra la decisión del 13 de noviembre. El documento de preguntas presentadas identifica los dos asuntos aceptados. La petición del gobierno expone los argumentos de la administración y los antecedentes procesales. El resumen del Center for Gender and Refugee Studies describe la posición de los demandantes y la suspensión parcial de la decisión judicial.