Estado al 16 de noviembre de 2026. El 13 de noviembre, los abogados encargados de supervisar el cumplimiento del acuerdo Flores solicitaron a un tribunal federal que aclarara el derecho de los menores detenidos a comunicarse confidencialmente con sus abogados. Su escrito describe a familias retenidas durante semanas en instalaciones temporales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Las alegaciones todavía no han sido resueltas mediante una nueva decisión sobre la petición.
Niños y padres han permanecido durante semanas en instalaciones frías y sin ventanas de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), concebidas para la tramitación de detenciones de corta duración, según organizaciones jurídicas que supervisan el cumplimiento del acuerdo Flores. El 13 de noviembre, estas organizaciones presentaron una moción para que el tribunal aclarara las garantías de comunicación confidencial entre los menores detenidos y sus abogados.
La moción fue presentada por el Center for Human Rights and Constitutional Law, el National Center for Youth Law y Children's Rights en el prolongado litigio federal Flores v. Reno. La cuestión inmediata planteada al tribunal es el acceso a la comunicación con los representantes legales, pero la solicitud se inscribe en controversias más amplias sobre la duración de las detenciones, las condiciones de las salas de retención y el cumplimiento del acuerdo por parte del Gobierno federal.
Associated Press informó que padres retenidos en instalaciones de CBP en Del Rio y Laredo, Texas, y en San Diego, California, dijeron que no habían podido llamar a sus abogados o que solo se les permitieron conversaciones de menos de cinco minutos. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional no respondieron de inmediato a la solicitud de comentarios de la agencia.
Los testimonios de las familias detenidas
Según los relatos difundidos el 13 de noviembre, algunos menores permanecieron hasta un mes en salas de retención de CBP. Las familias describieron espacios sin luz natural, temperaturas bajas, pisos de concreto, luces encendidas las 24 horas y colchonetas delgadas para dormir. Los padres también denunciaron un acceso limitado al exterior y largos períodos de permanencia en recintos cerrados.
Las organizaciones jurídicas señalaron la falta de actividades y materiales apropiados para la edad de los menores, incluidos libros, juguetes y televisión. Los padres atribuyeron a las condiciones de detención problemas físicos y psicológicos como erupciones cutáneas, pérdida de peso, ansiedad y alteraciones en el habla de sus hijos. Se trata de testimonios de las personas detenidas y sus representantes, no de conclusiones médicas establecidas de forma independiente por el tribunal.
El acceso al teléfono ocupa un lugar central en la nueva moción. Las organizaciones sostienen que los menores detenidos deben poder informar a los abogados que supervisan el acuerdo Flores sobre posibles incumplimientos. Cuando las llamadas no están disponibles, son extremadamente breves o carecen de confidencialidad, los abogados pueden quedar privados de información oportuna sobre las condiciones de detención y el trato recibido por un menor.
Investigaciones periodísticas independientes publicadas antes de la moción de noviembre ya habían descrito preocupaciones similares. En septiembre, KPBS informó sobre declaraciones relativas a familias que permanecieron en una instalación de CBP en el área de San Diego durante al menos nueve, dieciséis y veintiocho días. Esos testimonios aportan contexto a la nueva petición, pero no determinan el resultado de la solicitud de aclaración pendiente.
El estándar de 72 horas y el acuerdo Flores
Las normas nacionales de CBP sobre transporte, escolta, detención y registro, conocidas como National Standards on Transport, Escort, Detention, and Search, establecen que, por regla general, las personas no deberían permanecer en las salas o instalaciones de retención de la agencia más de 72 horas. Las propias directrices de CBP señalan que la detención debe durar únicamente el tiempo operativamente necesario para el procesamiento, traslado, puesta en libertad o repatriación. La referencia a las 72 horas constituye un estándar general sujeto a consideraciones operativas, no un plazo absoluto aplicable de manera idéntica a todas las circunstancias.
Las protecciones específicas de los menores derivan, además, del acuerdo Flores, un convenio judicial de larga vigencia que regula la detención, liberación y el trato de los niños bajo custodia migratoria federal. El acuerdo y las normas relacionadas exigen atender la especial vulnerabilidad de los menores, garantizar condiciones seguras y facilitar su traslado oportuno fuera de las instalaciones temporales. El marco jurídico contempla requisitos relativos a alimentación, agua potable, higiene, temperatura, atención médica y supervisión adecuada.
La distinción es importante porque la moción actual no se reduce a denunciar el vencimiento de un plazo de tres días. Plantea si los menores bajo custodia gubernamental pueden comunicarse con abogados acerca del cumplimiento de garantías exigibles judicialmente. Las condiciones y la duración de la detención constituyen el contexto fáctico de esa cuestión.
En un informe de 2024, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional citó el estándar general de 72 horas de CBP y describió la obligación vinculada al acuerdo Flores de proporcionar condiciones seguras e higiénicas a los menores. Ese documento gubernamental ofrece una descripción independiente de las normas aplicables de la agencia, distinta de las alegaciones formuladas en la moción de noviembre.
Por qué sigue abierto el litigio Flores
El litigio Flores comenzó hace décadas y ha dado lugar a una supervisión judicial continuada del trato que el Gobierno federal dispensa a los menores migrantes. Las partes han mantenido controversias tanto sobre el cumplimiento del acuerdo como sobre los intentos de poner fin a sus obligaciones o modificarlas.
En junio de 2026, el tribunal de distrito ordenó al Gobierno explicar por qué no debía designarse a un supervisor independiente y a un comisionado especial del tribunal para vigilar determinadas instalaciones de CBP y un centro de detención familiar de ICE. En agosto, el tribunal dictó una orden de nombramiento de un comisionado especial y un supervisor independiente. Esas actuaciones anteriores abordaron, entre otros asuntos, la duración de la detención, el acceso a servicios médicos y la notificación de derechos.
Según el registro público del caso mantenido por el National Center for Youth Law, el escrito del 13 de noviembre se titula Plaintiffs' Notice of Motion and Motion for Clarification of the Flores Settlement Agreement Regarding Confidential Attorney Client Communication, es decir, notificación y moción de los demandantes para aclarar el acuerdo Flores en lo relativo a las comunicaciones confidenciales entre abogado y cliente. Desde el punto de vista procesal, se trata de una solicitud de aclaración. Su presentación no significa que el tribunal haya dado por probados los hechos alegados ni que haya concedido la aclaración solicitada.
El Gobierno federal también ha cuestionado la continuidad de las obligaciones derivadas del acuerdo Flores mediante procedimientos de apelación. La existencia de esos litigios no elimina por sí sola los requisitos que siguen vigentes. Su alcance y sus mecanismos de ejecución se determinan a través de las resoluciones judiciales pertinentes.
Qué debe resolver el tribunal
Los demandantes solicitan que se confirme la posibilidad de que los menores detenidos contacten confidencialmente con sus abogados para comunicar posibles incumplimientos del acuerdo. Se trata de una petición más limitada que una solicitud de nueva resolución nacional sobre todas las condiciones de detención. No obstante, las circunstancias denunciadas explican por qué las organizaciones consideran urgente garantizar la comunicación con los representantes legales.
La confidencialidad entre abogado y cliente cumple aquí una función específica: los profesionales encargados de supervisar el cumplimiento del acuerdo dependen de la información facilitada por personas bajo custodia, mientras que estas pueden tener pocas oportunidades de documentar o comunicar lo que ocurre dentro de las instalaciones. Por ello, las restricciones telefónicas pueden afectar tanto a las comunicaciones individuales como al mecanismo de supervisión sometido al control judicial.
Resulta esencial distinguir entre alegaciones, estándares establecidos y conclusiones judiciales. Las familias y organizaciones defensoras describen confinamientos prolongados y un acceso insuficiente a los abogados. Las directrices publicadas por CBP prevén, como regla general, estancias breves. El acuerdo Flores establece garantías adicionales para los menores. Corresponde todavía al tribunal determinar si las prácticas concretas descritas en el escrito de noviembre vulneran obligaciones exigibles y qué medidas podrían derivarse de ello.
Fuentes
El registro del caso del National Center for Youth Law identifica la moción del 13 de noviembre y las órdenes anteriores. El comunicado de Children's Rights del 13 de noviembre expone la versión de los demandantes. La información de Associated Press recoge los testimonios familiares y la falta de respuesta inicial del Gobierno. El informe del inspector general del DHS sobre la detención de corta duración en CBP cita las normas de la agencia. La cobertura de KPBS presenta testimonios anteriores de la zona de San Diego.