Estado al 16 de noviembre de 2026. Un juez federal de Maryland ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) corregir incumplimientos de una orden judicial que protege las entrevistas de asilo de menores no acompañados. Mediante una resolución del 13 de noviembre, exigió explicaciones adicionales porque el informe de la agencia omitía dos medidas correctivas previamente ordenadas. El litigio principal continúa pendiente.
Un juez federal ordenó al Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) revisar decisiones relacionadas con entrevistas de asilo de menores no acompañados tras determinar que el Gobierno había incumplido una orden judicial anterior. En el caso The Door v. Edlow, el juez federal de distrito Brendan A. Hurson dispuso que la agencia identificara a los menores cuyas solicitudes de aplazamiento de entrevistas fueron rechazadas indebidamente o quedaron sin respuesta, eliminara determinadas anotaciones de incomparecencia y ofreciera nuevas entrevistas en los supuestos correspondientes.
La orden de medidas correctivas del 10 de noviembre siguió a una orden de restricción temporal dictada el 30 de octubre. Tres días después, el 13 de noviembre, Hurson constató que el informe más reciente del Gobierno todavía no explicaba el cumplimiento de dos de las medidas exigidas y reclamó otro informe para ese mismo día. La secuencia resulta significativa porque la controversia ya no se limita a la legalidad de programar entrevistas de asilo de forma acelerada: el tribunal examina ahora cómo se aplica la tutela provisional mientras sigue tramitándose la demanda.
El asunto, identificado como expediente 8:26-cv-04326-BAH ante el Tribunal Federal de Distrito de Maryland, fue promovido por seis organizaciones que prestan asistencia jurídica a menores migrantes no acompañados. Cuestionan cambios introducidos por agencias federales en 2026 en la programación de entrevistas de asilo y otros procedimientos relacionados. Las resoluciones judiciales se refieren a prácticas específicas y al cumplimiento de medidas provisionales; no constituyen una sentencia definitiva sobre todas las pretensiones de la demanda.
Cómo cambiaron las reglas para las entrevistas
Según la demanda y la resolución del 30 de octubre, USCIS había reducido el plazo de notificación previa de entrevistas de asilo para menores no acompañados, en algunos casos a menos de 24 horas, y restringido los motivos admitidos para reprogramarlas. Los demandantes sostuvieron que estas prácticas impedían a los abogados disponer de una oportunidad real de preparar pruebas, reunirse con los menores y organizar su representación. El Gobierno defendió su política, pero el tribunal consideró que existían fundamentos suficientes para intervenir provisionalmente.
El procedimiento anterior de USCIS establecía, por regla general, un aviso de al menos 21 días antes de la entrevista y permitía solicitar un primer cambio de fecha sin tener que acreditar circunstancias excepcionales. El nuevo sistema redujo esa flexibilidad. La orden de restricción temporal del 30 de octubre obligó a USCIS a restablecer las prácticas anteriores de notificación y reprogramación mientras continuara el proceso judicial.
El juez Hurson fundamentó su análisis del plazo de aviso en la Ley de Reautorización de Protección de Víctimas de Trata de Personas William Wilberforce de 2008 (TVPRA). El Congreso estableció procedimientos especiales para los menores no acompañados que solicitan asilo, reconociendo las dificultades particulares que afrontan al presentar sus solicitudes de protección. En esta fase preliminar, el tribunal concluyó que los avisos extremadamente breves eran incompatibles con esas garantías legales. También consideró probable que las restricciones adicionales para reprogramar entrevistas fueran contrarias a la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Es esencial distinguir una orden de restricción temporal de una sentencia definitiva sobre el fondo. La resolución de octubre suspendió provisionalmente determinadas prácticas. No concedió asilo a ningún menor, no anuló todas las decisiones de USCIS relativas a entrevistas ni resolvió definitivamente el alcance de las facultades gubernamentales. Las órdenes de noviembre se refieren al cumplimiento de esa medida judicial temporal.
Por qué el juez tuvo que intervenir de nuevo
El 5 de noviembre, los demandantes presentaron declaraciones juradas que describían problemas persistentes después de la entrada en vigor de la orden del 30 de octubre. La resolución del 10 de noviembre recoge testimonios de abogados que trataban con oficinas de asilo de Los Ángeles, Chicago, Newark, el área de Tampa Bay y Boston. Algunos recibieron indicaciones contradictorias sobre si USCIS estaba cumpliendo las instrucciones judiciales. Otros señalaron que sus solicitudes de aplazamiento seguían sin prosperar a pesar de la orden.
El tribunal también recibió una llamada de un abogado de inmigración que informó de que no había conseguido reprogramar una entrevista incluso después de mostrar la orden judicial a un funcionario de USCIS. Hurson celebró una audiencia de seguimiento, prorrogó la orden de restricción temporal y pidió a ambas partes propuestas para subsanar los incumplimientos. La resolución correctiva del 10 de noviembre tomó en consideración esas propuestas.
El juez señaló que el incumplimiento gubernamental estaba documentado en el expediente. Esa constatación se refiere a la ejecución de la orden provisional, no a una decisión definitiva que dé por probadas todas las alegaciones de la demanda original. También explica por qué el tribunal exigió medidas concretas para reparar las consecuencias de las infracciones, en lugar de limitarse a reiterar la obligación de cumplir en el futuro.
Qué decisiones sobre entrevistas deben revisarse
La orden del 10 de noviembre se concentra en el período comprendido entre el mediodía del 30 de octubre, hora del Este, y el cierre de la jornada laboral del 9 de noviembre. USCIS debe revisar las anotaciones de incomparecencia registradas durante ese intervalo. Si un menor fue considerado ausente porque una solicitud de reprogramación que reunía los requisitos fue rechazada o quedó sin respuesta en contravención de la orden temporal, la agencia debe anular esa anotación y ponerse en contacto con el menor y su abogado para ofrecer una nueva fecha.
Otra disposición se aplica a los menores que acudieron a una entrevista después de que se les denegara indebidamente el aplazamiento. USCIS debe ofrecerles una nueva entrevista. También debe examinar las remisiones de casos al tribunal de inmigración efectuadas en ese período y revocar aquellas que fueran consecuencia de entrevistas realizadas en contravención de la orden de restricción temporal. En el procedimiento de asilo, la remisión a un tribunal de inmigración no equivale a una denegación definitiva de protección. La reparación ordenada se dirige a las consecuencias de una entrevista celebrada de forma irregular.
La resolución exige asimismo actualizar las instrucciones internas y uniformar las comunicaciones. Las oficinas de asilo de USCIS deben responder con prontitud a las solicitudes de cambio de fecha, por teléfono o correo electrónico, dentro de las 24 horas siempre que sea posible. Cuando un abogado presente la solicitud el mismo día de la entrevista, los funcionarios deberán concederla si el menor reúne las condiciones establecidas por la orden temporal. En su informe del 12 de noviembre, el Gobierno indicó que las oficinas habían retirado de sus modelos de respuesta la referencia a circunstancias excepcionales y estaban revisando las solicitudes controvertidas.
USCIS debe recopilar información sobre los menores afectados, incluidos los casos en que las solicitudes de aplazamiento quedaron sin respuesta o fueron denegadas en contra de la orden, y remitir la lista correspondiente a las oficinas de asilo antes del 17 de noviembre. Después, esas oficinas deberán contactar con los menores para reprogramar las entrevistas. Este plazo se refiere a la identificación de los expedientes afectados y a la comunicación interna de la agencia; no establece una nueva fecha límite general para que todos los menores presenten una solicitud de asilo.
Las dos omisiones del informe gubernamental
En un informe fechado el 12 de noviembre, los abogados del Gobierno describieron cambios en los modelos de correo electrónico, revisiones de solicitudes de reprogramación y planes para eliminar anotaciones indebidas de incomparecencia. También afirmaron que USCIS no tenía conocimiento de expedientes remitidos al tribunal de inmigración por incomparecencias durante el período relevante. Esa era la declaración del Gobierno, no una constatación judicial independiente de que tales casos no existieran.
El 13 de noviembre, Hurson dio por aceptable el informe salvo por dos omisiones. En primer lugar, USCIS no explicó por qué no había publicado las direcciones públicas de correo electrónico de las oficinas de asilo en la página correspondiente de su sitio web, como exigía la resolución del 10 de noviembre. Esas direcciones debían permitir que los menores afectados y sus representantes comunicaran directamente problemas relacionados con las entrevistas. El juez observó que el requisito de publicación figuraba expresamente en la orden correctiva y respondía a una alternativa propuesta por el propio Gobierno.
En segundo lugar, el informe no incluía una relación anonimizada de las notificaciones de incumplimiento recibidas ni explicaba cómo se había atendido cada una. USCIS señaló que estaba recopilando esa información, pero no indicó cuándo la entregaría. El tribunal exigió un nuevo informe antes del cierre de la jornada laboral del 13 de noviembre que abordara ambas omisiones. La resolución publicada ese día no permite establecer por sí sola si el Gobierno cumplió posteriormente esas exigencias.
Qué implica el caso para el asilo de menores
El litigio pone de relieve la diferencia entre reconocer una garantía procesal y hacerla efectiva en la práctica administrativa. La ley de 2008 atiende a la vulnerabilidad específica de los menores no acompañados; la orden del 30 de octubre aplicó esas protecciones a la programación de entrevistas. La resolución correctiva de noviembre avanzó un paso más al definir consecuencias concretas del incumplimiento, como la cancelación de anotaciones indebidas de incomparecencia y la posibilidad de celebrar otra entrevista.
También establece una distinción entre faltar a una cita y no comparecer como consecuencia de la denegación ilegal de una solicitud de aplazamiento. Según la orden judicial, esta segunda situación no puede considerarse automáticamente un incumplimiento procesal atribuible al menor. La diferencia importa porque los registros de entrevistas y las remisiones de expedientes pueden influir en el desarrollo posterior de una solicitud de asilo dentro del sistema administrativo.
La demanda más amplia cuestiona el trato del Gobierno a los menores no acompañados en los procedimientos de asilo y ante los tribunales de inmigración. Las órdenes actuales tienen un alcance más limitado. Se refieren a los avisos de entrevistas de USCIS, las reglas de reprogramación, las medidas de reparación de infracciones identificadas y las obligaciones de informar durante el litigio. El tribunal no ha dictado sentencia definitiva sobre toda la demanda ni ha establecido que todos los menores no acompañados resultaran afectados.
Al 16 de noviembre, la cuestión decisiva aún pendiente es la ejecución: si USCIS ha identificado a todos los menores comprendidos en las medidas correctivas, restablecido los procedimientos exigidos y facilitado al tribunal la información de cumplimiento que faltaba. El plazo del 17 de noviembre y los escritos judiciales posteriores constituyen los siguientes hitos documentales para evaluar esa cuestión.
Documentos judiciales y fuentes
La orden correctiva del 10 de noviembre (ECF 70) establece ocho medidas obligatorias. El informe gubernamental del 12 de noviembre (ECF 73) describe la respuesta declarada de USCIS. La resolución del 13 de noviembre (ECF 75) identifica las dos deficiencias pendientes. La orden de restricción temporal del 30 de octubre (ECF 54) expone las conclusiones preliminares sobre las garantías legales y el procedimiento administrativo. La página del caso del National Immigration Law Center identifica a los demandantes y resume los antecedentes procesales. La cobertura de Reuters aporta contexto sobre la resolución inicial.