Situación al 28 de septiembre de 2026. La petición del gobierno en Genalo v. D.C. (n.º 26-379) solicita a la Corte Suprema que conceda certiorari before judgment, es decir, antes de que resuelva el tribunal de apelaciones. La respuesta de D.C. vence el 21 de octubre de 2026. Ese mismo día se presentó una segunda petición, Trump v. Suri (n.º 26-380). La Corte Suprema aún no ha decidido si admitirá alguna de las dos.
El gobierno de Trump presentó una nueva petición ante la Corte Suprema de EE. UU. para que revise un fallo de un tribunal de distrito sobre las audiencias de fianza (bond hearings) de extranjeros detenidos conforme a la sección 1226(c) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA), antes de que se pronuncie el tribunal federal de apelaciones. El gobierno pide a los jueces que concedan certiorari before judgment y devuelvan el asunto al calendario de argumentos orales del período 2026-27.
La petición, presentada el lunes 21 de septiembre, plantea dos preguntas. Primera: si la detención conforme a la sección 1226(c) puede llegar a ser "irrazonablemente prolongada", de modo que el debido proceso exija una audiencia de fianza. Segunda: en tal caso, si el gobierno debe justificar la continuación de la detención mediante prueba clara y convincente (clear and convincing evidence).
La medida llega diez días después de que la Corte Suprema desestimara por falta de objeto (moot) el caso anterior que planteaba las mismas preguntas, Genalo v. Black.
El nuevo caso: Genalo v. D.C.
En los documentos judiciales, el demandado figura solo con las iniciales D.C. Nació en la República Dominicana en 1963 y, según la petición del gobierno, ingresó ilegalmente a Estados Unidos en un momento y lugar desconocidos. El DHS lo detuvo conforme a la sección 1226(c) en septiembre de 2025, el mismo día en que terminó de cumplir una condena de prisión en Nueva York.
En marzo de 2026, D.C. presentó una petición de hábeas corpus en el Tribunal de Distrito del Distrito Sur de Nueva York. El 20 de marzo, el juez Paul A. Engelmayer resolvió que su detención de unos seis meses y medio se había prolongado lo suficiente como para exigir una audiencia de fianza, aplicando la decisión del Segundo Circuito en Black v. Decker (2024). Después, un juez de inmigración le concedió la libertad con una fianza de $1,500, y D.C. salió de la custodia de ICE el 31 de marzo.
El gobierno apeló y pidió al Segundo Circuito que confirmara el fallo de forma sumaria, reconociendo que Black determina el resultado en ese circuito. La petición de certiorari before judgment pide a la Corte Suprema que omita ese paso. El procurador general D. John Sauer señala que la Corte ya ha usado este procedimiento para que un caso nuevo sustituya a otro desestimado, y cita ZF Automotive v. Luxshare (2022).
Qué es la sección 1226(c)
La sección 1226(c) obliga al gobierno a detener, mientras está pendiente el proceso de deportación (removal), a ciertos extranjeros comprendidos en causales penales y relacionadas con el terrorismo. Puede aplicarse también a residentes permanentes legales. La Ley Laken Riley de 2025 añadió una categoría de extranjeros inadmisibles que han sido acusados, arrestados, condenados o que han admitido haber cometido determinados delitos.
La Corte Suprema confirmó la constitucionalidad general de la norma en Demore v. Kim (2003). En Jennings v. Rodriguez (2018) resolvió que la ley por sí misma no exige audiencias de fianza periódicas, pero no decidió si el debido proceso las exige cuando la detención se prolonga.
Por qué se desestimó Genalo v. Black
El 15 de junio de 2026, la Corte aceptó revisar Genalo v. Black para responder esa pregunta abierta. El caso involucraba a dos residentes permanentes legales detenidos conforme a la sección 1226(c), Carol Williams Black y Keisy G.M. Black había salido de Estados Unidos antes de que la Corte aceptara el caso, por lo que la revisión se concedió solo respecto de G.M.
Tres días antes del vencimiento del escrito de fondo de G.M., el gobernador del estado de Nueva York le otorgó un indulto pleno e incondicional por la condena por delito grave con agravantes (aggravated felony) que lo hacía deportable. Ambas partes coincidieron en que el caso había perdido su objeto, y el 11 de septiembre la Corte lo desestimó y lo retiró del calendario de argumentos de octubre.
El gobierno no pidió a la Corte que anulara el fallo del Segundo Circuito. Por eso, Black v. Decker sigue siendo precedente vinculante en Nueva York, Connecticut y Vermont.
Una segunda petición: Trump v. Suri
Ese mismo lunes, el gobierno presentó una segunda petición, en Trump v. Suri. Pide a la Corte Suprema que revise un fallo del Cuarto Circuito del 23 de julio de 2026, que confirmó la facultad de un tribunal de distrito para conocer la petición de hábeas corpus de Badar Khan Suri contra su detención migratoria y mantuvo la orden que lo dejó en libertad bajo fianza. Suri, investigador de la Universidad de Georgetown, sostiene que su detención violó su libertad de expresión y su derecho al debido proceso. El panel, dividido, resolvió que los límites de la INA a la revisión judicial de las decisiones de deportación no impiden impugnar por separado la detención. El gobierno sostiene que esas impugnaciones solo pueden plantearse al revisar una orden de deportación definitiva.
Cómo discrepan los tribunales de apelaciones sobre la 1226(c)
Circuito | Regla para la detención prolongada conforme a la 1226(c) |
|---|---|
Segundo Circuito (Black v. Decker, 2024) | Audiencia de fianza obligatoria cuando la detención se prolonga irrazonablemente; el gobierno debe justificarla con prueba clara y convincente |
Tercer Circuito (German Santos v. Warden, 2020) | La detención puede volverse irrazonable según una prueba de cuatro factores; la carga recae en el gobierno, con prueba clara y convincente |
Octavo Circuito (Banyee v. Garland, 2024) | El debido proceso no impone un límite de tiempo a la detención mientras el proceso de deportación está pendiente |
Qué significa esto ahora
La Corte Suprema aún no ha decidido si admitirá alguna de las dos peticiones. En Genalo v. D.C., la respuesta de D.C. vence el 21 de octubre de 2026.
Hasta que la Corte resuelva, se aplican las reglas de cada circuito. En Nueva York, Connecticut y Vermont, una persona detenida conforme a la sección 1226(c) cuya detención se ha prolongado irrazonablemente puede solicitar una audiencia de fianza mediante una petición de hábeas corpus con base en Black v. Decker. En el Octavo Circuito, la duración de la detención por sí sola no genera ese derecho.
Si la Corte admite el caso y da la razón al gobierno, las reglas del Segundo y del Tercer Circuito dejarían de aplicarse. Si falla a favor de D.C., el derecho a una audiencia de fianza en caso de detención prolongada conforme a la 1226(c) regiría en todo el país.
Si se admite la petición en el caso Suri, los tribunales de distrito podrían perder parte de su facultad para conocer peticiones de hábeas corpus contra la detención durante un proceso de deportación pendiente.
Fuentes oficiales
Fuente | Qué contiene |
|---|---|
Preguntas planteadas, historia del caso, fallo del tribunal de distrito | |
Escritos y plazos de Genalo v. D.C. | |
Escritos de Trump v. Suri | |
Genalo v. Black, incluida la desestimación del 11 de septiembre | |
Fallo del 23 de julio de 2026 sobre la jurisdicción del tribunal de distrito y la liberación |
→ Tribunal de inmigración y proceso de deportación
Este artículo es solo informativo y no constituye asesoría legal. Actualizado al 28 de septiembre de 2026. Consulte las fuentes oficiales antes de tomar decisiones.