Dos jueces de inmigración despedidos en febrero de 2025 llevan su caso a una audiencia completa ante el Tribunal de Apelaciones del Circuito Federal este otoño, en un litigio que podría redefinir los límites de las protecciones laborales de cientos de miles de empleados federales.
Megan Jackler y Brandon Jaroch, ambos ex jueces de inmigración, impugnan su destitución tras la decisión de junio de ese tribunal de revisar el caso en pleno. Esa medida indica que los propios magistrados consideran que las cuestiones legales en juego son particularmente trascendentes. La apelación de la pareja llega después de un fallo de la Junta de Protección de Sistemas de Mérito que favoreció al Departamento de Justicia.
En su opinión de marzo, la junta concluyó que "ninguna entidad, incluido el Congreso o la Junta, puede imponer restricciones" al poder de destitución del presidente, y agregó que "hacerlo infringiría la capacidad del presidente de ejecutar fielmente las leyes". El departamento había argumentado que el Artículo II de la Constitución prevalece sobre las protecciones de remoción de la Ley de Reforma del Servicio Civil de 1978 para "funcionarios inferiores", y la junta adoptó ese razonamiento.
Nathaniel Zelinsky, abogado de los dos ex jueces, advirtió que la postura del gobierno tiene un alcance enorme. "El argumento del gobierno en Jackler es potencialmente tan amplio que significaría que el presidente podría despedir a todos los empleados públicos a voluntad", dijo. Si la administración prevalece, agregó, "probablemente significaría que ninguno de los millones de trabajadores federales en todo el gobierno federal estaría protegido contra el abuso arbitrario, la discriminación y las represalias".
El momento es notable dado un reciente fallo de la Corte Suprema redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, que sostuvo que el Congreso no puede "cargar" al presidente con funcionarios "con los que no puede trabajar". Ese caso, centrado en la destitución de la miembro de la Comisión Federal de Comercio Rebecca Slaughter, también declaró que "los subordinados que ejercen el poder del presidente están sujetos a su destitución".
Observadores del tribunal ven posibles efectos dominó en ese lenguaje. Joel Alicea, profesor de derecho en la Universidad Católica, señaló que la redacción parece amplia. "Ese lenguaje no parece limitarse a los funcionarios principales", dijo, señalando la afirmación del presidente del tribunal de que "el presidente puede destituir a sus subordinados a voluntad".
Nicholas Bednar, profesor de derecho de la Universidad de Minnesota especializado en el servicio civil, enmarcó la disputa en términos contundentes. "La cuestión de si podemos tener un servicio civil integrado por personas seleccionadas y retenidas según su experiencia, cualificaciones y desempeño laboral, en lugar de la ideología política del presidente, es el fundamento completo de nuestro sistema moderno de gobernanza administrativa", dijo.
El presidente Trump, desde el inicio de su segundo mandato, ha actuado agresivamente para reformar la fuerza laboral federal, incluido el despido de más de 25.000 empleados en período de prueba y el lanzamiento de planes de reducciones a gran escala. En numerosas otras ocasiones, el presidente ha citado el Artículo II para eludir los procedimientos estándar del servicio civil al destituir trabajadores, enmarcando esas acciones como parte de su autoridad ejecutiva.
La disposición del Circuito Federal a tomar el caso en pleno subraya lo altas que se perciben las apuestas. "Este es el caso que va a llegar a la Corte Suprema para poner a prueba esta cuestión", dijo Bednar.
La posición completa del Departamento de Justicia en este litigio no está detallada en el relato disponible, y no se ha informado de comentarios adicionales del equipo legal de los ex jueces más allá de sus escritos.