Situación al 11 de septiembre de 2026. La demanda se presentó el 10 de septiembre de 2026 ante el Tribunal de Distrito federal del Distrito de Columbia (League of United Latin American Citizens et al. v. U.S. Department of Homeland Security et al., núm. 1:26-cv-03157). No hay fecha de audiencia ni se ha dictado orden de restricción temporal o medida cautelar preliminar. Las pretensiones no se han resuelto y el DHS e ICE no han presentado respuesta.
Cuatro demandantes —la League of United Latin American Citizens (LULAC), Common Cause, UnidosUS y la ciudad y condado de Denver— pidieron el 10 de septiembre a un juez federal en Washington que declare ilegal cualquier arreglo que coloque a oficiales armados de inmigración dentro de centros de votación durante las elecciones intermedias de noviembre, y que prohíba portar armas donde se emiten o recogen boletas. La demanda fue preparada por Democracy Forward y señala como demandados al DHS y a ICE, junto con el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y el director interino de ICE, David Venturella.
Qué originó la demanda
El escrito parte de las declaraciones que Mullin hizo a la prensa el 1 de septiembre. Dijo que patrullar los centros de votación no es función de ICE, pero no descartó que los oficiales entren en ellos: para responder a una amenaza concreta o para ejecutar una orden judicial contra alguien a quien ya buscaban. Al ser presionado, dio a entender que quien ejecuta una orden va adonde la orden lo lleve.
Los demandantes tratan esas declaraciones como el anuncio de una política, no como una respuesta improvisada, y es esa política, tal como ellos la formulan, lo que impugnan. La administración no ha publicado ninguna directriz escrita ni guía pública que autorice despliegues en sitios de votación.
La norma en la que se apoya el caso
La pretensión se basa en 18 U.S.C. § 592, una disposición penal de la época de la Guerra Civil, adoptada en los últimos meses del conflicto. Prohíbe que un funcionario ordene, lleve, mantenga o tenga bajo su autoridad «cualquier tropa u hombres armados» en un lugar donde se celebre una elección general o especial. La norma contempla una sola excepción: cuando la fuerza sea necesaria para repeler a «enemigos armados de Estados Unidos».
El argumento de los demandantes se desprende de lo estrecha que es esa excepción. Ejecutar una orden migratoria o responder a un incidente no es repeler a un enemigo armado; por tanto, en su lectura, ningún motivo de aplicación de la ley migratoria vuelve lícita la presencia de oficiales armados en un centro de votación, y todo despliegue bajo esa política excede la autoridad legal de las agencias.
Qué episodios cita la demanda
El escrito, de 38 páginas, menciona hechos de 2026 como prueba de que el riesgo no es hipotético: agentes en un centro de votación del condado de Ventura, California, durante una hora de alta afluencia; agentes que abordaron a un voluntario electoral en un sitio de Syracuse, Nueva York; y un arresto en el estacionamiento de un centro de votación en San Antonio. Denver, el único demandante municipal, señala que ya está revisando la capacitación de sus trabajadores electorales para cubrir cómo identificar a agentes federales, documentar su presencia y desactivar confrontaciones.
El daño que alegan no se limita a los arrestos. Su planteamiento es que la sola perspectiva de oficiales armados basta para alejar a votantes elegibles y convertir los centros de votación en espacios de confrontación, lo que complica el trabajo de las autoridades electorales locales. La demanda lo resume en una línea: «El espectro de oficiales armados en los centros de votación amenaza la libertad» de la elección próxima.
Qué no se discute en el caso
El general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto, ha declarado que no existen planes militares para enviar tropas ni miembros de la Guardia Nacional a los centros de votación. El caso trata de oficiales civiles de inmigración, no de las fuerzas armadas. Por separado, figuras ajenas a la administración han pedido públicamente que ICE se aposte en los centros de votación; esos llamados no son política de gobierno y no son lo que la demanda impugna.
Qué sigue
La votación anticipada comienza en varios estados en septiembre y octubre, y de ahí viene la urgencia del caso. Para obtener protección antes de que se emitan las boletas, los demandantes necesitarían una orden de restricción temporal o una medida cautelar preliminar; al 11 de septiembre no consta públicamente que se haya solicitado ninguna de las dos. La respuesta del gobierno corre en el plazo ordinario, salvo que el tribunal acelere el trámite.
Preguntas frecuentes
¿Ha prohibido algún tribunal la presencia de oficiales de ICE en los centros de votación?
No. Al 11 de septiembre de 2026 el caso solo ha sido presentado. No se ha dictado orden de restricción temporal, medida cautelar preliminar ni resolución alguna, y los demandados aún no han respondido.
¿Existe una política oficial que envíe oficiales de ICE a los centros de votación?
No se ha publicado ninguna directriz escrita. Los demandantes consideran que la política que impugnan son las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional del 1 de septiembre, según las cuales los oficiales podrían entrar en centros de votación para ejecutar órdenes judiciales o responder a amenazas.
¿En qué ley se basa la demanda?
En 18 U.S.C. § 592, que prohíbe a los funcionarios apostar tropas u hombres armados en un lugar donde se celebre una elección general o especial, salvo cuando sea necesario para repeler a enemigos armados de Estados Unidos.
Fuentes oficiales
| Recurso | Para qué sirve |
|---|---|
| LULAC et al. v. DHS et al., núm. 1:26-cv-03157 (D.D.C.) | El expediente, los escritos presentados y las futuras resoluciones |
| 18 U.S.C. § 592 | El texto de la prohibición en que se apoya la pretensión |
| Comisión de Asistencia Electoral de EE. UU. (EAC) | Procedimientos de votación, plazos de voto anticipado y oficinas electorales estatales |