Seis de siete jueces despedidos: qué pasa con las cortes de inmigración de EE. UU.

Situación al 8 de septiembre de 2026. La corte de inmigración de Sacramento tiene ahora tres jueces, frente a siete en septiembre de 2025. La corte de inmigración de San Francisco, que perdió más jueces que ninguna otra del país, fue disuelta como corte independiente: las audiencias en su sede restante continúan bajo el control administrativo de la corte de inmigración de Concord. Según TRAC, en junio de 2026 los jueces de inmigración negaron el asilo en el 94,1 % de los casos resueltos. La cuestión legal de si estos jueces pueden ser destituidos discrecionalmente sigue abierta: el caso está ante el Circuito Federal.

En un año la corte de inmigración de Sacramento se redujo a menos de la mitad, y no es un episodio aislado: para febrero de 2026 el cuerpo de jueces de inmigración permanentes era alrededor de una cuarta parte menor que un año antes, la tasa de denegación de asilo alcanzó niveles récord y la facultad de destituir a estos jueces sin causa se está examinando en los tribunales. A continuación: qué ocurrió en Sacramento, qué dice eso del sistema en su conjunto y qué cambia para quien tiene un caso en la corte de inmigración.

Qué ocurrió en la corte de inmigración de Sacramento

Según The Sacramento Bee, la corte de Sacramento tiene ahora tres jueces, frente a siete en septiembre de 2025, y los seis despidos se produjeron en el último año. El diario cita un análisis de NPR según el cual se trata de una de las mayores caídas porcentuales entre las cortes de inmigración del país.

Los tres primeros —Alison Daw, Loreto Geisse y Print Maggard— fueron despedidos en septiembre de 2025. Otra jueza de esa corte, Denise Hunter, nombrada en Sacramento en 2022, fue despedida en diciembre de 2025, según informó KQED.

A cambio se incorporaron dos jueces: Joseph Weiner fue trasladado desde la corte de inmigración de West Los Angeles y Bayleigh Pettigrew fue nombrada en mayo de 2026 dentro de la mayor promoción de jueces nuevos en la historia de la agencia.

Matt Biggs, presidente de la Federación Internacional de Ingenieros Profesionales y Técnicos —organización a la que está afiliada la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración— calificó de extrema la situación en Sacramento.

Qué tienen en común los jueces despedidos

El Bee señala un rasgo común a los seis: sus tasas de concesión de asilo eran más altas y las de denegación más bajas que el promedio. El diario y los expertos consultados consideran ese historial como uno de los posibles factores de los despidos.

Los datos independientes respaldan el patrón. En los informes individuales de TRAC sobre jueces de la corte de Sacramento, la tasa de denegación de asilo es del 15,9 % para Alison Daw, del 15,6 % para David Neumeister y del 16,2 % para Denise Hunter. En comparación, los jueces de esa misma corte denegaron el 25,8 % de los casos en un período equiparable, y los jueces de inmigración de todo el país, el 58,9 %.

Blake Nordahl, director de la clínica de inmigración de la Facultad de Derecho McGeorge de la University of the Pacific, dijo al Bee que la tasa de aprobación de asilo parece ser uno de los factores. Por sí solo eso no acredita una relación de causa y efecto.

El Bee registra además otros patrones entre los destituidos en todo el país: mujeres, personas nombradas durante la administración anterior, jueces con experiencia previa representando a inmigrantes y personas con apellidos de origen hispano.

También fueron destituidos jueces de carrera

Lo ocurrido no se explica como un simple relevo de cargos políticos. La destitución de Maggard llamó especialmente la atención por su trayectoria: fue durante un año juez principal de inmigración en la administración Obama y juez principal adjunto de inmigración en el primer mandato de Trump. Geisse fue nombrada jueza de inmigración en junio de 2004, trabajó en la corte de Sacramento y antes de su nombramiento fue trial attorney en el Departamento de Justicia.

Por qué se puede destituir a un juez de inmigración

Aquí aparece una particularidad del sistema estadounidense que sorprende incluso a quienes conocen las cortes federales ordinarias. La corte de inmigración, pese a la palabra «corte» en su nombre, no forma parte del poder judicial independiente. Las cortes de inmigración son la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), una dependencia del Departamento de Justicia bajo la autoridad del fiscal general. Como lo formula el Bee, estos jueces deciden si una persona es deportada o recibe alguna forma de alivio migratorio mientras trabajan para el Departamento de Justicia, y pueden ser despedidos con poco aviso o sin motivo.

El sustento legal de ese esquema es reciente. El 20 de marzo de 2026, la Merit Systems Protection Board resolvió, en el caso acumulado Jackler and Jaroch v. Department of Justice, 2026 MSPB 3, que dos jueces principales adjuntos de inmigración son funcionarios inferiores conforme a la Constitución, a quienes el titular de la agencia puede destituir discrecionalmente, y que las garantías de destitución solo «por causa» de la Civil Service Reform Act no pueden aplicárseles constitucionalmente. Para llegar a esa conclusión la Junta evaluó las facultades del juez de inmigración como tales: estos jueces tramitan procedimientos sobre inadmisibilidad y deportabilidad, toman juramento, reciben pruebas, interrogan testigos, emiten citaciones y deciden si una persona es expulsable, facultades que la Junta consideró comparables a las de los jueces administrativos de la SEC y los jueces especiales de la Corte Fiscal, reconocidos como funcionarios inferiores en Lucia v. SEC.

Fue un giro brusco respecto de la práctica anterior, en la que los jueces de inmigración se consideraban empleados con garantías procesales. Los dos jueces principales adjuntos destituidos apelaron ante la Corte de Apelaciones del Circuito Federal, que dio el paso poco habitual de aceptar conocer el caso en pleno desde el inicio. Un grupo de senadores presentó un escrito advirtiendo que ese razonamiento extendería la destitución discrecional a amplios sectores del servicio civil federal.

San Francisco: de los despidos al cierre de una corte

El ejemplo vecino fue más lejos que Sacramento. Según NPR, la corte de inmigración de San Francisco perdió 16 jueces en 2025 —más que ninguna otra corte del país— y al menos 12 de ellos fueron despedidos. Según jueces en activo y ex jueces entrevistados por NPR, a comienzos de 2025 se exigió allí resolver cuatro casos por día, aproximadamente el doble de la carga habitual, y se orientó a conceder asilo con menos frecuencia.

Después la corte fue cerrada. El Bee vincula ambos hechos de forma directa: tras despedir a la mayoría de los jueces de San Francisco, el Departamento de Justicia cerró esa corte de inmigración. El cierre ocurrió en dos etapas: primero cesaron las audiencias en la sede de 100 Montgomery Street y luego la corte de inmigración de San Francisco fue disuelta como corte independiente, mientras que la sede restante de Sansome Street quedó bajo el control administrativo de la corte de inmigración de Concord. Unos 120 000 casos se trasladaron a Concord, que ya tenía 60 000 propios. Una portavoz de EOIR explicó el traslado por razones de costo.

Qué pasó con el cuerpo de jueces de inmigración en todo el país

La magnitud se ve en las cifras de NPR: el 4 de febrero de 2025, un día antes del primer despido de un juez de inmigración en el segundo mandato de Trump, el cuerpo de jueces permanentes era de 726 personas —683 jueces de inmigración y 43 jueces principales adjuntos— repartidas en 75 cortes. A fines de febrero de 2026 quedaban 520 jueces permanentes y 33 jueces principales adjuntos, incluso contando todas las nuevas contrataciones.

Las pérdidas no se repartieron de manera uniforme. Catorce cortes pequeñas funcionan con dos jueces permanentes o menos, y cinco con uno solo. De los 17 nuevos jueces permanentes incorporados hasta ese momento, solo uno fue asignado a una corte que había perdido la mayoría de su plantilla.

A quién se contrata en su lugar

En paralelo a los despidos avanza una contratación sin precedentes. El 20 de mayo de 2026, en el Gran Salón del Departamento de Justicia, prestaron juramento 77 jueces de inmigración permanentes y 5 temporales, la mayor promoción en la historia de EOIR; el cuerpo creció hasta casi 700 personas y en un solo año fiscal la agencia contrató a 153 jueces permanentes, también un récord.

La campaña pública de reclutamiento se hizo bajo el lema de convertirse en «juez de deportaciones». Parte de los jueces temporales son abogados militares asignados en coordinación con el Pentágono. NPR relata también el caso inverso: Christopher Day, juez proveniente de ese grupo de abogados militares, cuyas tasas de concesión de asilo y de alivio frente a la deportación inmediata eran más altas que las de sus pares, fue removido de su puesto.

Cómo cambiaron las decisiones sobre asilo

La cifra más elocuente es la nacional. Según el informe de TRAC del 31 de agosto de 2026, en junio de 2026 la tasa de concesión de asilo cayó al 5,5 % y la de denegación subió al 94,1 %; otro 0,4 % recibió denegación de asilo pero otra forma de protección. Ese mes obtuvieron asilo 771 personas, menos de una cuarta parte que tres años antes.

La caída no comenzó en 2025: TRAC señala que la proporción de solicitudes concedidas superaba el 50 % al inicio del mandato de Biden y había bajado al 32 % al final. En el año y medio siguiente el indicador pasó del 32 % al 5,5 %.

Conviene ver los dos lados del balance de personal. Esas mismas 279 salidas vinieron acompañadas de la llegada de 192 jueces permanentes y 53 temporales, de modo que en el año fiscal 2026 resolvieron casos de asilo 743 jueces. Lo que ocurre no puede describirse solo como una reducción del cuerpo: mientras sale masivamente el personal anterior, se forma con rapidez uno nuevo. De esos 743 jueces, solo 322 —el 43 %— estaban en funciones antes de la llegada de la actual administración.

El recambio tampoco lo explica todo. TRAC examinó por separado a 130 jueces que resolvieron casos de asilo de forma continua entre los años fiscales 2021 y 2026: tres cuartas partes de ellos denegaron en 2026 con más frecuencia que su propio promedio anterior. También cambió la conducta de quienes permanecieron.

No solo cambian las personas, también las reglas de tramitación

La reestructuración avanza igualmente por la vía procesal. El 4 de septiembre de 2026, The Guardian informó sobre una capacitación obligatoria realizada para cientos de jueces de inmigración, titulada «Motions to Continue: Efficiently Advancing Cases to Completion» y dirigida por el juez de la Junta de Apelaciones de Inmigración Keith Hunsucker. Su eje era restringir con firmeza los aplazamientos de audiencia en favor de una resolución más rápida, incluso cuando la persona espera una decisión de USCIS sobre una solicitud paralela o todavía busca abogado. Según el reporte, la presentación sostenía que cuando una parte no actúa con diligencia y «duerme sobre sus derechos», el aplazamiento no está justificado.

Esto es esencial: el resultado de un caso migratorio no lo determina solo quién ocupa el estrado. Influyen las decisiones precedentes del fiscal general y de la Junta de Apelaciones de Inmigración, las reglas de gestión de la agenda, la posibilidad de obtener un aplazamiento, el acceso a un abogado y el tiempo para reunir pruebas.

La posición del Departamento de Justicia

La dependencia describe los hechos de otro modo. Al responder a NPR sobre la pérdida de personal, un portavoz del Departamento de Justicia afirmó que, tras cuatro años en los que la administración anterior obligó a las cortes de inmigración a aplicar una amnistía de facto para cientos de miles de extranjeros, este departamento está restaurando la integridad del sistema migratorio cumpliendo la ley, resolviendo casos con oportunidad y contratando a los profesionales del derecho más capaces. El mismo argumento se dio en un comentario al Bee.

La administración aporta sus propias cifras de productividad: al mes de mayo de 2026, desde el 20 de enero de 2025 EOIR había resuelto más de 1,08 millones de casos y reducido los pendientes en más de 447 000, de cerca de 4 millones a menos de 3,53 millones, lo que el departamento calificó como la mayor reducción de su historia. Para septiembre de 2026, The Guardian estimaba la acumulación nacional en unos 3,2 millones de casos.

La discusión, por tanto, no es si el sistema se volvió más rápido: lo es. La discusión es a qué costo se logra esa velocidad y si con este modelo se conserva la independencia del juez en el caso concreto. Jeremiah Johnson, juez de inmigración en San Francisco hasta su despido el año pasado, describe lo que ocurre como la voluntad de la administración de desmantelar el sistema de cortes de inmigración y como un ataque a la independencia.

Qué significa esto para quien tiene un caso en la corte de inmigración

• La composición de la corte que conoce el caso puede haber cambiado por completo, y las audiencias pueden aplazarse y reprogramarse; los avisos con las nuevas fechas los emite la corte y son los que determinan la comparecencia.

• Cuando una corte cierra o se fusiona, los casos se trasladan a otra, como ocurrió con los de San Francisco enviados a Concord.

• La tasa nacional de denegación de asilo en junio de 2026 fue del 94,1 %; es contexto, no un pronóstico sobre un caso concreto.

• Se exige a los jueces un criterio más estricto con los aplazamientos, incluso cuando la persona espera una decisión de USCIS sobre una solicitud paralela; el estándar jurídico aplicable a cada moción, sin embargo, lo fijan el derecho vigente y las circunstancias del caso, no una capacitación.

• La situación legal de los despidos no es definitiva: si la agencia puede destituir discrecionalmente a los jueces de inmigración lo está resolviendo el Circuito Federal en pleno.

Cada hecho, por separado, admite más de una explicación. La reducción del cuerpo puede atribuirse a una reorganización; el aumento de casos resueltos, a la prioridad de bajar la acumulación; la contratación de nuevos jueces, a la necesidad de personal. En conjunto configuran una reestructuración sistémica en la que la correlación entre el historial de un juez y su destitución sigue siendo una correlación: ningún documento público establece una alta tasa de concesión como causa de despido.

Preguntas frecuentes

¿Cuántos jueces quedan en la corte de inmigración de Sacramento?

Tres, frente a siete en septiembre de 2025. Los seis despidos se produjeron en el último año y a cambio se asignaron dos jueces: Joseph Weiner, trasladado desde la corte de inmigración de West Los Angeles, y Bayleigh Pettigrew, nombrada en mayo de 2026.

¿Por qué se puede despedir a un juez de inmigración sin causa?

Las cortes de inmigración no forman parte del poder judicial independiente: son la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración, una dependencia del Departamento de Justicia. El 20 de marzo de 2026, la Merit Systems Protection Board resolvió en Jackler and Jaroch v. Department of Justice, 2026 MSPB 3, que dos jueces principales adjuntos de inmigración son funcionarios inferiores —evaluando las facultades del juez de inmigración como tales— y concluyó que el titular de la agencia puede destituirlos discrecionalmente. La decisión fue apelada ante el Circuito Federal, que conoce el caso en pleno.

¿Cuál es actualmente la tasa de denegación de asilo?

Según el informe de TRAC del 31 de agosto de 2026, en junio de 2026 los jueces de inmigración denegaron el asilo en el 94,1 % de los casos resueltos y lo concedieron en el 5,5 %, mientras que otro 0,4 % recibió denegación de asilo pero otra forma de protección. Ese mes obtuvieron asilo 771 personas.

¿Qué pasó con la corte de inmigración de San Francisco?

En 2025 perdió 16 jueces, más que ninguna otra corte del país, y al menos 12 de ellos fueron despedidos. El Departamento de Justicia la disolvió después como corte independiente: cesaron las audiencias en 100 Montgomery Street, la sede restante de Sansome Street quedó bajo el control administrativo de la corte de inmigración de Concord y allí se trasladaron unos 120 000 casos, donde ya había 60 000 pendientes.

¿Cuántos jueces de inmigración ha perdido el sistema en total?

Según NPR, el cuerpo de jueces permanentes era de 726 personas en 75 cortes el 4 de febrero de 2025 y a fines de febrero de 2026 quedaban 520 jueces y 33 jueces principales adjuntos, ya contadas las nuevas contrataciones. Según TRAC, en los años fiscales 2025 y 2026 fueron despedidos o se fueron 279 jueces, cerca del 38 % del cuerpo al cierre del año fiscal 2024, mientras se incorporaban 192 jueces permanentes y 53 temporales.

¿Qué dice al respecto el Departamento de Justicia?

La dependencia afirma que, tras cuatro años en los que la administración anterior obligó a las cortes de inmigración a aplicar una amnistía de facto para cientos de miles de extranjeros, está restaurando la integridad del sistema cumpliendo la ley, resolviendo casos con oportunidad y contratando a los profesionales del derecho más capaces. Al mes de mayo de 2026 informó de más de 1,08 millones de casos resueltos desde el 20 de enero de 2025 y de una reducción de los pendientes de cerca de 4 millones a menos de 3,53 millones.

Fuentes oficiales

Este material tiene carácter informativo y no constituye asesoría legal. La información está actualizada al 8 de septiembre de 2026; la composición de las cortes, las estadísticas y la situación legal de las destituciones pueden cambiar. La información sobre un caso propio debe verificarse con los avisos de la corte y las fuentes oficiales, y las decisiones tomarse con un abogado con licencia.