El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó de 483.200 deportaciones en el año fiscal 2026, la cifra anual más alta en los 23 años de existencia de la agencia. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó los datos el 12 de noviembre, seis semanas después del cierre del ejercicio fiscal el 30 de septiembre. El nuevo total supera las 442.640 deportaciones comunicadas por ICE para 2025 y las 271.480 registradas en 2024.

El anuncio documenta una fuerte expansión de la aplicación federal de las leyes migratorias durante la presidencia de Donald Trump. Pero también plantea una cuestión estadística: el total de deportaciones comunicado por la administración no equivale necesariamente al número de personas expulsadas mediante órdenes formales de remoción. Un análisis independiente de registros del DHS, publicado un día antes por el centro Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC) de la Universidad de Syracuse, encontró un aumento considerable de las salidas y retornos voluntarios junto con una evolución diferente de las expulsiones formales.

Qué informó ICE

Según el DHS, ICE efectuó 483.200 deportaciones durante los 12 meses comprendidos entre el 1 de octubre de 2025 y el 30 de septiembre de 2026. La agencia describió la cifra como un récord para cualquier ejercicio fiscal desde su creación en 2003. El resultado supera aproximadamente en un 9% el total de 2025 y en casi un 78% el de 2024.

El departamento también informó de más de 491.000 detenciones migratorias durante 2026, incluidas 474.850 detenciones administrativas. Estas últimas suelen relacionarse con presuntas infracciones civiles de las leyes migratorias y no con arrestos por cargos penales. Las 474.850 detenciones representan aproximadamente el doble de las 239.890 registradas en 2025 y más de cuatro veces las 113.430 de 2024. El total general y el subtotal administrativo corresponden a categorías distintas y no son intercambiables.

Las cifras mensuales muestran que el ritmo de las operaciones se mantuvo elevado durante el verano. El DHS registró 43.900 detenciones en junio, 50.208 en julio y 50.925 en agosto. Según el departamento, septiembre registró más de 48.000 detenciones y aproximadamente 44.000 deportaciones. Agosto fue el mes con más detenciones de la serie comunicada por la agencia.

El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, presentó los resultados como prueba de las prioridades de aplicación de la ley de la administración. En su anuncio del 12 de noviembre, el DHS destacó el aumento de las detenciones y expulsiones y lo atribuyó a las políticas migratorias del presidente. Esas afirmaciones reflejan la interpretación del departamento sobre sus propias cifras operativas; no demuestran de manera independiente los antecedentes penales de las personas detenidas o deportadas.

Por qué importa la definición de deportación

El total anual no puede interpretarse sin distinguir varias categorías de aplicación de las leyes migratorias. Una expulsión formal (removal) es una salida forzada conforme a una orden de expulsión u otro procedimiento legal aplicable. La salida voluntaria (voluntary departure) supone abandonar el país mediante un mecanismo jurídico diferente, en ocasiones con autorización de un juez de inmigración. El retorno voluntario (voluntary return) constituye otra categoría administrativa. Los procedimientos difieren en su fundamento jurídico y sus consecuencias.

La cifra principal de ICE tampoco describe todas las salidas y expulsiones realizadas por el Gobierno federal. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) realiza operaciones migratorias en la frontera y sus proximidades, y las estadísticas nacionales pueden combinar actividades de distintas agencias y diferentes tipos de salida. Por ello, un récord en la serie de 23 años de ICE no equivale a un récord histórico de todas las expulsiones migratorias de Estados Unidos.

Esta distinción es esencial al comparar administraciones. CBS News señaló que, cuando se consideran categorías federales más amplias, algunas mediciones nacionales de deportaciones alcanzaron niveles superiores a comienzos de la década de 2000. Por tanto, la afirmación de ICE se refiere a sus propios totales anuales publicados, no a una comparación histórica exhaustiva de todas las formas de aplicación de las leyes migratorias.

TRAC encontró una tendencia distinta en los registros oficiales

El 11 de noviembre, TRAC publicó un análisis titulado Immigration Removals Fall During the Second Trump Administration. El centro examinó registros individuales de la base de datos integrada de aplicación de la ley del DHS, Enforcement Integrated Database (EID), obtenidos mediante litigios al amparo de la Ley de Libertad de Información (FOIA). Según TRAC, los registros recogen actuaciones de ICE y CBP y permiten distinguir expulsiones formales de salidas y retornos voluntarios.

Los hallazgos de TRAC complican la interpretación de la cifra principal. Los investigadores informaron de una disminución de las expulsiones formales después del regreso de Trump a la presidencia en enero de 2025, mientras aumentaron otras categorías de salidas. El análisis encontró un incremento especialmente pronunciado de las salidas voluntarias ordenadas por jueces de inmigración: de aproximadamente 9.000 órdenes en el ejercicio fiscal 2024 a más de 100.000 en 2026.

TRAC calculó que unas 134.000 personas salieron del país después de esas órdenes en 2026, frente a aproximadamente 5.400 en 2024. El centro señaló varios factores posibles, incluidos más rechazos de solicitudes de asilo, procedimientos de expulsión más rápidos y restricciones a la libertad bajo fianza para personas detenidas. Son explicaciones propuestas por TRAC, no conclusiones causales establecidas por un tribunal o una auditoría del DHS.

TRAC también identificó aproximadamente 164.693 salidas voluntarias, retornos voluntarios y retiros de solicitudes en el año fiscal 2026. Según la cobertura del estudio, en los registros de julio y agosto las expulsiones formales representaban alrededor del 63% de las salidas incluidas en las mediciones pertinentes de deportación. Las categorías y los períodos analizados por TRAC no coinciden exactamente con los del comunicado anual del DHS, por lo que no es válido restar simplemente ambas cifras para obtener una discrepancia definitiva.

La base independiente también presenta límites. Los registros individuales de TRAC estaban actualizados hasta el 24 de agosto de 2026 y parte de agosto se calculó mediante estimaciones. El anuncio del DHS abarcó todo el ejercicio fiscal hasta el 30 de septiembre. La comparación se refiere, por tanto, a la clasificación y la dirección de las tendencias, no a dos totales anuales auditados plenamente equivalentes.

Qué no revelan las nuevas cifras

El anuncio del 12 de noviembre no ofreció un desglose detallado de las personas deportadas por antecedentes penales, situación migratoria, nacionalidad o procedimiento jurídico utilizado para su salida. Associated Press informó de que administraciones anteriores publicaban habitualmente estadísticas de aplicación de la ley más detalladas y que el anuncio actual carecía de información comparable.

La omisión importa porque la administración ha descrito reiteradamente su estrategia como centrada en personas que representan amenazas para la seguridad pública. Sin un desglose completo de condenas penales y otras categorías, el total comunicado no permite establecer qué proporción de los deportados tenía condenas, afrontaba cargos pendientes o carecía de antecedentes penales.

Detención, custodia y deportación también son mediciones distintas. Una detención no demuestra por sí sola una condena penal, y no todas las personas detenidas durante un ejercicio fiscal son necesariamente deportadas en ese mismo período. Asimismo, alguien deportado en 2026 pudo haber ingresado en custodia durante un año anterior. La proximidad entre los totales anuales de detenciones y deportaciones no implica que correspondan a las mismas personas.

El informe llega después de un período en el que el acceso público a las estadísticas periódicas de aplicación de las leyes migratorias se volvió más limitado. CBS News y Associated Press describieron preocupaciones sobre la transparencia de las afirmaciones de récords de la administración. El acceso de TRAC a registros individuales mediante litigios permite una comparación independiente, pero no sustituye una serie estadística pública completa y con definiciones uniformes.

Cómo se amplió la aplicación de las leyes migratorias

El aumento se produjo durante una iniciativa federal más amplia para extender las operaciones migratorias en el interior del país. La administración incrementó la atención a las detenciones lejos de la frontera, la capacidad de los centros de custodia y el transporte para expulsiones. La financiación aprobada por el Congreso en 2025 proporcionó recursos adicionales considerables para las operaciones migratorias, incluidos la detención y los procedimientos de deportación de ICE.

Los mayores totales de detenciones reflejan la escala de esas operaciones, pero el informe anual no mide por sí solo si las autoridades han mejorado su capacidad para localizar a personas con condenas por delitos graves, reducir las infracciones migratorias o garantizar el cumplimiento de las órdenes de comparecencia judicial. Cada una de esas cuestiones requiere datos adicionales más allá del número de detenciones o salidas.

Las cifras también explican por qué los debates políticos producen afirmaciones diferentes sobre un mismo año. El DHS destaca el número de personas que afirma haber deportado y el volumen récord de detenciones de ICE. TRAC estudia la clasificación jurídica de las salidas registradas en sistemas gubernamentales y encuentra que las salidas voluntarias explican buena parte del incremento de las mediciones más amplias. Ambos enfoques describen aspectos de la aplicación de las leyes migratorias, pero no responden exactamente a la misma pregunta estadística.

Qué cambia con el anuncio

El comunicado del 12 de noviembre es un informe sobre operaciones de aplicación de la ley, no una nueva regulación, sentencia judicial o modificación de los requisitos migratorios. No crea una nueva causa de expulsión, no altera los estándares jurídicos del asilo ni establece un nuevo derecho a una audiencia de fianza. Su importancia inmediata consiste en que el DHS ha publicado la escala de las operaciones de ICE durante el ejercicio fiscal y ha proporcionado cifras comparables con períodos anteriores.

Para los inmigrantes y sus familias, los números describen un volumen considerablemente mayor de detenciones y salidas migratorias durante 2026. No determinan la situación migratoria de una persona concreta ni el resultado de un procedimiento pendiente. Esas cuestiones siguen regidas por la Ley de Inmigración y Nacionalidad, las regulaciones aplicables y las decisiones de las autoridades y los tribunales migratorios.

La principal cuestión pendiente es el alcance del récord anunciado. La cifra anual de ICE como declaración de la agencia es clara: 483.200 deportaciones. Sigue siendo menos transparente cómo se clasifican esas salidas, cuántas implicaron órdenes formales de expulsión y qué poblaciones resultaron más afectadas. El análisis de TRAC del 11 de noviembre demuestra por qué esas distinciones son fundamentales para evaluar los resultados de la política de aplicación de las leyes migratorias.