Estado al 10 de noviembre de 2026. Trump planteó un acuerdo migratorio, pero después rechazó la amnistía. No se ha anunciado ningún programa nuevo de legalización ni de tarjetas verdes.
Trump abrió la puerta a un acuerdo y después rechazó la amnistía
El presidente Donald Trump planteó la posibilidad de un acuerdo migratorio para personas que llevan diez años o más viviendo y trabajando en Estados Unidos sin estatus legal. Sin embargo, poco después afirmó que rechazaría cualquier pacto que equivaliera a una amnistía. Esa contradicción es esencial para entender el debate actual: la Casa Blanca no ha anunciado un programa de tarjetas de residencia permanente, no ha establecido requisitos de elegibilidad ni ha suspendido las deportaciones.
En una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS, emitida el 8 de noviembre, Trump reconoció que su política de deportaciones podría haber sido demasiado dura. Mencionó específicamente a quienes trabajan en hoteles y jardinería, así como a quienes pagan impuestos, y señaló que algunas de esas personas llevan diez o quince años en el país. También habló de alcanzar un acuerdo con los demócratas. La entrevista se produjo después de las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato, tras las cuales los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso a partir de enero.
Pero, en declaraciones posteriores recogidas por Associated Press el 9 de noviembre, Trump calificó su política de deportaciones como muy firme y rechazó la amnistía. El secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, también indicó que las medidas de control continuarían. Ninguna de estas declaraciones constituye una ley vigente ni siquiera una propuesta legislativa acordada. Reflejan una disputa sobre si los años de residencia y trabajo deberían permitir obtener un estatus legal y qué clase de reconocimiento podría autorizar el Congreso.
El precedente de Reagan: la legalización sí llegó a convertirse en ley
El antecedente histórico más cercano es la Ley de Reforma y Control de la Inmigración, firmada por el presidente republicano Ronald Reagan el 6 de noviembre de 1986. La norma combinó la legalización de determinados residentes de larga duración y trabajadores agrícolas con sanciones a empleadores que contrataran deliberadamente a personas sin autorización laboral y otras medidas de control. En su declaración al firmarla, Reagan presentó la legalización y las sanciones a los empleadores como componentes vinculados de una misma reforma.
Según el Migration Policy Institute y el Pew Research Center, aproximadamente 2,7 millones de personas obtuvieron estatus legal gracias a la ley de 1986. La vía general de legalización se aplicaba a quienes habían residido continuamente en Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 1982, siempre que cumplieran los requisitos establecidos. No se trató de una concesión incondicional ni de una declaración presidencial que otorgara por sí sola la residencia permanente.
El caso de Reagan demuestra lo que requirió una legalización nacional: una ley aprobada por el Congreso, criterios de elegibilidad, un procedimiento de solicitudes y su posterior aplicación administrativa. También muestra el intercambio político que hizo posible la reforma. Sus defensores destacaban la realidad de una población sin documentos que llevaba años asentada; sus críticos y los partidarios de reforzar el control exigían medidas destinadas a desalentar futuras contrataciones no autorizadas y nuevos flujos migratorios irregulares.
George H. W. Bush y las familias que quedaron fuera
La legalización planteó otra cuestión: qué ocurriría con los familiares de los nuevos residentes legalizados que no reunían por sí mismos los requisitos. El Pew Research Center señala que la administración Reagan protegió a determinados hijos menores en 1987. En 1990, la administración del presidente George H. W. Bush extendió la protección y la autorización de empleo a cónyuges e hijos solteros que cumplieran las condiciones y cuyos familiares se hubieran legalizado conforme a la ley anterior.
La Ley de Inmigración de 1990 también amplió el sistema de inmigración legal, con límites numéricos de admisión más elevados y nuevas disposiciones sobre visados. Estas medidas familiares no equivalían a crear una vía irrestricta hacia la residencia permanente para todas las personas sin estatus. Ponen de manifiesto que los acuerdos migratorios suelen exigir decisiones diferenciadas sobre solicitantes principales, cónyuges, hijos y plazos para acceder a la residencia permanente.
George W. Bush: la reforma republicana que fracasó
Durante su segundo mandato, el presidente George W. Bush impulsó una reforma migratoria integral. Según los informes del Servicio de Investigación del Congreso (CRS), las propuestas combinaban mayores controles fronterizos, fiscalización del empleo, cambios en los visados para trabajadores temporales y una vía hacia el estatus legal para determinados residentes sin autorización migratoria. En 2007, Bush trabajó con legisladores de ambos partidos, pero el compromiso no consiguió suficiente apoyo en el Senado.
Para el debate actual, aquel fracaso resulta tan revelador como el éxito de Reagan. El respaldo presidencial y la participación de negociadores de ambos partidos no garantizan que se apruebe una ley. Los legisladores pueden coincidir en reforzar la seguridad fronteriza y, aun así, discrepar sobre si la legalización debe preceder a determinadas metas de control, si los beneficiarios podrían llegar a naturalizarse y si la propuesta constituye una amnistía.
Obama logró una victoria en el Senado, pero no bastó
El presidente Barack Obama respaldó una reforma integral que alcanzó un hito legislativo importante en 2013. El proyecto bipartidista S. 744 del Senado contemplaba un estatus provisional de inmigrante registrado para residentes que reunieran determinados requisitos, incluidos los relativos a impuestos, antecedentes y tiempo de residencia. Preveía un proceso prolongado hacia la residencia permanente legal, no la entrega inmediata de tarjetas de residencia. Otras disposiciones abordaban la situación de quienes habían llegado al país siendo niños.
El Senado aprobó S. 744 por 68 votos contra 32 el 27 de junio de 2013. La Cámara de Representantes no tramitó el proyecto. El CRS documenta tanto la votación como el mecanismo de legalización propuesto. Por tanto, una iniciativa que obtuvo un respaldo bipartidista considerable en una cámara nunca llegó a convertirse en ley.
Obama también recurrió a facultades del Poder Ejecutivo. La iniciativa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), establecida en 2012, ofrecía a determinadas personas que llegaron siendo menores la posibilidad de obtener acción diferida y autorización de empleo. La acción diferida no confería por sí misma la residencia permanente legal ni un derecho directo a una tarjeta de residencia. La posterior iniciativa Acción Diferida para Padres de Estadounidenses (DAPA), anunciada en 2014, fue impugnada judicialmente y quedó bloqueada antes de ponerse en práctica. Sigue siendo fundamental distinguir entre protección frente a la deportación y una vía legal hacia la residencia permanente.
Los anteriores intentos de acuerdo del propio Trump
Durante su primera presidencia, Trump también planteó compromisos migratorios, incluidos algunos relacionados con jóvenes que habían sido llevados a Estados Unidos cuando eran niños. Esas conversaciones no dieron lugar a una ley amplia de legalización. En cambio, durante su segundo mandato, su administración ha ampliado los arrestos migratorios, la detención y las operaciones de expulsión. AP informó el 10 de noviembre que los arrestos continuaban pese a sus comentarios sobre una dureza excesiva.
El nombramiento de Stephen Miller, estrechamente vinculado con la agenda de control migratorio de la administración, como jefe de gabinete de la Casa Blanca complica aún más el panorama. El tono conciliador de la entrevista contrasta con las decisiones de personal y las operaciones de la administración. Ninguno de esos elementos, por separado, determina qué propuesta terminará examinando el Congreso.
¿Puede una residencia prolongada conducir a la tarjeta verde?
Detrás de la expresión «acuerdo migratorio» existen al menos tres posibilidades jurídicamente distintas. El Congreso podría crear una nueva vía hacia la residencia permanente legal, como hizo en 1986. También podría establecer un estatus provisional con autorización de empleo y condiciones para acceder posteriormente a la residencia permanente, como contemplaba el proyecto del Senado de 2013. O el Poder Ejecutivo podría modificar las prioridades de expulsión o las políticas de acción diferida sin crear una nueva categoría de visado de inmigrante.
Estas alternativas tienen consecuencias legales diferentes. La tarjeta verde acredita la condición de residente permanente legal. Un permiso de trabajo acredita autorización para trabajar, no residencia permanente. La acción diferida se refiere, por lo general, a la decisión gubernamental de aplazar una expulsión y no concede por sí misma una tarjeta verde. Una declaración presidencial en televisión no puede crear una nueva categoría legal de regularización nacional.
La referencia de Trump a diez o quince años fue ilustrativa, no un requisito de elegibilidad anunciado. No existe ninguna norma publicada por la que ese tiempo de residencia otorgue automáticamente derecho a una tarjeta verde. La administración tampoco ha especificado si un eventual acuerdo abarcaría a personas con solicitudes de asilo pendientes, órdenes previas de expulsión, entradas sin autorización, visados vencidos o determinados antecedentes penales.
Por qué ha vuelto el debate sobre la legalización
El contexto político es inusual. Trump reconoció que la campaña de control migratorio pudo haber perjudicado a los republicanos en las elecciones de mitad de mandato, aunque siguió defendiendo las restricciones fronterizas. Los demócratas se preparan para ejercer las funciones de supervisión del Congreso y han debatido iniciativas migratorias más amplias. Tampoco existe unanimidad entre los republicanos: algunos han respaldado propuestas que permitirían a determinados residentes de larga duración obtener estatus legal bajo condiciones, mientras otros rechazan cualquier fórmula que consideren una amnistía.
La denominada Dignity Act, vinculada a la congresista republicana María Elvira Salazar, es un ejemplo de propuesta legislativa que contempla alguna forma de estatus legal sujeto a requisitos. No equivale a un programa vigente de tarjetas verdes y sus disposiciones no deben confundirse con las declaraciones imprecisas de Trump. El desacuerdo no se limita a quién podría permanecer en el país, sino que también afecta a la posibilidad de obtener residencia permanente y, más adelante, ciudadanía.
Los antecedentes históricos no ofrecen una fórmula sencilla por la que una promesa presidencial se convierta en ley. Reagan firmó una reforma integral que legalizó a millones de personas. La iniciativa de George W. Bush fracasó en el Senado. El proyecto de Obama superó el Senado, pero quedó paralizado en la Cámara de Representantes, mientras que las medidas ejecutivas de protección siguieron siendo jurídicamente distintas de la residencia permanente. Las últimas declaraciones de Trump todavía no han alcanzado ninguna de esas etapas legislativas.
Qué está confirmado al 10 de noviembre
Trump habló públicamente de un posible acuerdo para algunos residentes de larga duración sin estatus migratorio y después rechazó la amnistía. Los arrestos migratorios han continuado. No se han anunciado nuevos derechos a una tarjeta verde, procedimientos de solicitud ni criterios vinculantes de legalización. Sigue sin resolverse si el presidente y el Congreso formularán una propuesta concreta y si esta contemplaría protección temporal, un estatus provisional o una verdadera vía legal hacia la residencia permanente. Por ahora, la comparación histórica forma parte del debate político, no de un beneficio migratorio vigente.
Fuentes: CBS interview reporting; AP on rejection of amnesty; AP on continued arrests; Reagan signing statement; Pew immigration history; Migration Policy Institute timeline; CRS on Bush reform; CRS on S.744 and DACA; CRS on Senate passage; AP on Dignity Act debate.