Situación al 10 de noviembre de 2026. Una investigación de The Washington Post identificó señales de alerta en los antecedentes de algunos agentes contratados recientemente por ICE. Los hallazgos se refieren a las prácticas de contratación y verificación, no a una determinación judicial de que todos los empleados mencionados cometieron faltas.
Algunos agentes contratados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante la acelerada campaña de reclutamiento de la administración Trump habían enfrentado anteriormente acusaciones de uso excesivo de la fuerza, cargos penales, despidos u otros problemas laborales graves, según una investigación de The Washington Post publicada el 10 de noviembre. El periódico identificó al menos 19 casos de este tipo tras examinar los antecedentes de aproximadamente 300 agentes y funcionarios contratados recientemente.
Los hallazgos plantean interrogantes sobre el rigor con que la agencia federal investigó a personas que pueden portar armas, practicar arrestos y mantener a inmigrantes bajo custodia. No demuestran que los 19 agentes hayan cometido delitos, que todas las acusaciones fueran probadas ni que exista la misma proporción de antecedentes preocupantes en toda la plantilla de ICE.
Qué descubrió la investigación
The Washington Post examinó información de una base de datos de empleados del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) obtenida y publicada por piratas informáticos a finales de octubre. Los registros incluían datos de aproximadamente 1.500 agentes y funcionarios de ICE cuyas fichas laborales indicaban una activación posterior al 20 de enero de 2025. Según el periódico, funcionarios actuales y antiguos del DHS verificaron la autenticidad de la base, aunque no fue posible confirmar que cada fecha de activación coincidiera exactamente con el primer día de trabajo del empleado.
Los periodistas investigaron mediante registros públicos los antecedentes de unos 300 nuevos empleados. La mayoría fueron seleccionados al azar, mientras que otros se eligieron después de que un análisis automatizado señalara posibles problemas. Este método mixto de selección es importante: los 19 casos identificados no permiten calcular una tasa fiable de conductas indebidas entre todos los nuevos empleados de ICE.
Según la investigación, al menos cinco casos involucraban incidentes anteriores de uso de la fuerza, cinco agentes habían sido mencionados en demandas resueltas mediante acuerdos y al menos seis habían sido despedidos, perdido su certificación policial o renunciado bajo amenaza de despido. Estas categorías pueden superponerse. Un acuerdo judicial no demuestra por sí mismo las acusaciones de una demanda, y una sanción disciplinaria previa no equivale a una condena penal.
Tiroteos, sanciones disciplinarias y casos penales anteriores
Uno de los agentes identificados por el periódico, JeJuan Jetter, había trabajado en la policía de Detroit antes de incorporarse a ICE. En agosto de 2021 disparó mortalmente contra Michael Contrell Adams III, de 19 años, después de una colisión de vehículos. Jetter sostuvo que Adams había levantado una pistola e ignorado las órdenes; la familia cuestionó esa versión en una demanda por muerte injusta. Detroit llegó a un acuerdo con la familia en 2024 por 2,5 millones de dólares. El acuerdo no estableció culpabilidad penal. The Washington Post también describió sanciones disciplinarias anteriores contra Jetter, entre ellas el uso de una pistola eléctrica contra una persona esposada y la desactivación de la cámara de su patrulla.
Otro nuevo agente, Jason Potter, había trabajado anteriormente como policía en Idaho. En septiembre de 2025, un juez magistrado federal determinó que Potter y otros policías habían entrado ilegalmente y sin orden judicial en la vivienda de un hombre durante un incidente que comenzó con una acusación de exceso de velocidad. La familia llegó posteriormente a un acuerdo con la ciudad por 500.000 dólares. El periódico señaló que los registros filtrados mostraban que Potter trabajaba para ICE en diciembre de 2025.
El periódico también identificó a Wojciech Czech, antiguo detective del Departamento de Policía de Nueva York, quien se declaró culpable de hurto menor en 2024 tras un caso relacionado con champán costoso tomado durante un festival de música. Su acuerdo exigía que renunciara al cuerpo policial neoyorquino. Según los datos laborales examinados por The Washington Post, posteriormente trabajó como agente de deportaciones de ICE en Phoenix.
Otros ejemplos se referían a acusaciones de fuerza excesiva, falsificación de informes policiales y despidos tras disputas disciplinarias. En uno de ellos, el expolicía de Arkansas Dnae Reo Blow fue despedido después de que sus superiores expresaran preocupación por su ira hacia un supervisor. Blow alegó posteriormente discriminación racial en un conflicto laboral separado; la ciudad rechazó su reclamación y el caso concluyó sin una resolución judicial sobre el fondo de las acusaciones. Los registros filtrados indicaban que después se incorporó a ICE.
Estos casos tienen historiales probatorios diferentes. Algunos incluyen declaraciones de culpabilidad documentadas o conclusiones judiciales; otros se basan en acuerdos civiles, expedientes disciplinarios internos o acusaciones controvertidas. The Washington Post informó que varios de los agentes mencionados no respondieron a las solicitudes de comentarios.
Cómo defendió ICE su proceso de contratación
El DHS se negó a confirmar las identidades de los agentes incluidos en la base de datos filtrada, a comentar las acusaciones individuales o a informar cuántos de los 19 siguen empleados. Dos comunicaron al periódico que ya no trabajaban para ICE.
En una declaración a The Washington Post, el DHS defendió sus procedimientos de selección y afirmó que la Oficina de Responsabilidad Profesional de ICE aplica los requisitos correspondientes de investigación de antecedentes del personal. El departamento reconoció que algunos nuevos empleados pueden comenzar a trabajar con carácter provisional mientras se completa una investigación exhaustiva de antecedentes. Indicó que quienes no cumplan sus estándares pueden enfrentar consecuencias laborales.
La campaña acelerada de contratación ya estaba bajo escrutinio antes del reportaje de noviembre. Un denunciante interno de ICE advirtió al inspector general del DHS en agosto de 2025 que se estaba contratando personal sin determinadas comprobaciones preliminares de huellas dactilares e identidad. Associated Press informó sobre la denuncia en septiembre de 2026. Esa acusación no demuestra por sí sola que alguno de los empleados identificados por The Washington Post omitiera un paso obligatorio de verificación.
El periódico indicó que la base de datos filtrada abarcaba solamente una parte de los aproximadamente 12.000 agentes que el DHS dijo haber contratado hasta enero de 2026. Informaciones anteriores también habían descrito incentivos de contratación de hasta 50.000 dólares y los esfuerzos de la agencia por acelerar el reclutamiento. La cuestión planteada por la nueva investigación es si la rapidez impidió detectar problemas que otros empleadores policiales ya habían documentado.
Por qué importan estos hallazgos para el control migratorio
Los agentes de deportación de ICE ejercen importantes facultades coercitivas, incluidos arrestos y decisiones de custodia que afectan directamente a los inmigrantes y sus familias. Las acusaciones anteriores de mala conducta no descalifican automáticamente a todos los candidatos para el servicio federal, pero las decisiones de la agencia sobre su selección son relevantes para la confianza pública en el ejercicio de esas facultades.
Tres antiguos especialistas en supervisión policial y contratación examinaron para The Washington Post resúmenes anonimizados de los casos. Concluyeron que la mayoría justificaba una investigación adicional antes de contratar a esas personas. El exinspector general del DHS John Roth afirmó que varios ejemplos sugerían verificaciones insuficientes o criterios menos estrictos. Sus valoraciones son opiniones expertas sobre riesgos de contratación, no conclusiones judiciales sobre los agentes mencionados.
La investigación no establece una nueva norma migratoria, no modifica las facultades de detención ni demuestra que las faltas estén generalizadas entre los agentes de ICE. Su importancia inmediata es documental: identifica antecedentes concretos que plantean interrogantes sobre decisiones de contratación tomadas durante una importante expansión de las operaciones federales de control migratorio. Los documentos públicos todavía no permiten determinar si el DHS realizó y completó las verificaciones apropiadas en cada caso.
Fuentes: Investigación de The Washington Post, 10 de noviembre de 2026; Associated Press, denuncia del informante, septiembre de 2026; The Washington Post, investigación anterior sobre contratación, septiembre de 2026; The Washington Post, ampliación de la contratación, septiembre de 2026.