El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) publicó el 25 de agosto de 2026 un aviso de propuesta de reglamentación que establece una nueva tarifa de $103,265 para todas las peticiones H-1B sujetas al cupo anual presentadas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS). El cargo se sumaría a todas las demás tarifas de presentación y estatutarias existentes.
La tarifa propuesta busca recuperar aproximadamente $8.8 mil millones anuales en costos atribuidos a la administración del sistema migratorio legal en USCIS, la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR), el Departamento de Estado (DOS) y el Departamento de Trabajo (DOL). DHS proyecta que la tarifa se aplicaría a un volumen anual de 85,000 peticiones.
La regla añadiría un nuevo párrafo al 8 CFR 106.2 que exige la tarifa de $103,265 para todas las peticiones H-1B sujetas al cupo, incluidas las elegibles para la exención de título avanzado bajo la sección 214(g)(5)(C) de la INA. La tarifa no se aplicaría a peticiones exentas del cupo, como las presentadas por instituciones de educación superior, organizaciones de investigación sin fines de lucro u organizaciones de investigación gubernamentales.
DHS dijo que eligió apuntar a los peticionarios H-1B sujetos al cupo porque generalmente tienen más capacidad de pago en comparación con otros solicitantes de beneficios. La agencia citó una compensación anual media de $133,000 para beneficiarios H-1B aprobados en el año fiscal 2025 y señaló que los empleadores peticionarios están obligados a pagar un salario estatutariamente requerido.
DHS identificó costos anuales totales de aproximadamente $8.78 mil millones que se recuperarían mediante la tarifa. La base de costos incluye $3.0 mil millones para operaciones de USCIS, $1.05 mil millones para actividades de ICE, $76.2 millones para el Servicio de Verificación de Viajeros de CBP, $2.96 mil millones para operaciones de cortes de inmigración de EOIR, $484 millones para actividades consulares y de verificación del DOS, y $1.21 mil millones para programas de certificación laboral y cumplimiento del DOL.
El monto de la tarifa propuesta se calculó dividiendo los costos totales a recuperar por el volumen proyectado de 85,000 peticiones que pagarían la tarifa. DHS dijo que ejecutaría acuerdos de reembolso con otras agencias para asignar los ingresos según los gastos reales incurridos.
DHS estima que la regla crearía costos cuantificados anuales de aproximadamente $8.8 mil millones durante un período de análisis de 10 años. La agencia citó un análisis que sugiere que los peticionarios H-1B estarían dispuestos a pagar una tarifa única de entre $100,000 y $200,000 para contratar a un trabajador nacido en el extranjero, y proyectó que la demanda de visas H-1B no caería por debajo de 85,000 incluso con la tarifa propuesta.
En su análisis de flexibilidad regulatoria, DHS estimó que 11,051 entidades pequeñas —el 76 por ciento de las 14,541 entidades pequeñas que presentaron peticiones sujetas al cupo en el año fiscal 2025— experimentarían un impacto económico significativo por la tarifa propuesta.
DHS señaló que la tarifa propuesta es separada del pago de $100,000 requerido por la Proclamación Presidencial 10973, que actualmente está sujeta a litigio. La agencia también reconoció una posible superposición con otras reglas pendientes, incluidos los cambios propuestos por el DOL a la metodología de salarios prevalecientes y la regla de tarifa biométrica 9-11 de CBP, pero dijo que no se han identificado conflictos ni duplicaciones.
Los peticionarios que presenten peticiones H-1B sujetas al cupo tendrían que pagar la tarifa propuesta de $103,265 además de todas las tarifas actuales, incluida la tarifa de registro, la tarifa base de presentación y cualquier tarifa estatutaria. La tarifa se aplicaría solo a peticiones sujetas al cupo; los empleadores exentos del cupo, como universidades y organizaciones de investigación sin fines de lucro, no se verían afectados.
Las partes interesadas pueden enviar comentarios a través del Portal Federal de Reglamentación Electrónica hasta el 24 de septiembre de 2026, con referencia al Expediente No. USCIS-2026-0298 del DHS. La tarifa no entraría en vigencia hasta que se publique una regla final, y DHS dijo que podría ajustar los cálculos según cambios de política intermedios.