Cientos de miles de solicitantes de green card dentro de Estados Unidos enfrentarán un proceso de verificación financiera más amplio después de que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (USCIS) anunciara planes para eliminar una regla de la administración Biden de 2022 y restaurar un estándar de carga pública más amplio, que permite a los oficiales de inmigración sopesar si los solicitantes han utilizado programas de beneficios gubernamentales como Medicaid, cupones de alimentos o asistencia de vivienda.

Se espera que la regla final se publique para inspección pública el jueves y entre en vigor a principios de la semana siguiente, según funcionarios de USCIS. Aproximadamente 588,000 solicitantes de ajuste de estatus al año quedarían sujetos a la revisión de carga pública restaurada, una cifra que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) citó en su propuesta de noviembre de 2025 y que excluye a solicitantes de visa en el extranjero y a quienes buscan ingreso en la frontera.

La prueba de carga pública es un elemento de larga data en la ley de inmigración estadounidense, utilizada para evaluar si un posible residente permanente probablemente dependa del apoyo gubernamental. Lo que ha cambiado repetidamente entre administraciones es la definición de qué beneficios activan el escrutinio. Antes del primer mandato de Trump, un marco de política de 1999 definía la carga pública de manera estricta como alguien 'principalmente dependiente del gobierno para su subsistencia', con oficiales centrándose en asistencia en efectivo y atención institucional a largo plazo financiada por el gobierno. Una regla de 2019 de la administración Trump amplió drásticamente ese alcance para incluir beneficios de SNAP, la mayoría de la cobertura de Medicaid y ciertos programas de vivienda, un cambio que generó extensos litigios antes de que la Corte Suprema permitiera su implementación mientras continuaban las batallas judiciales. El DHS comenzó a aplicar ese estándar más amplio en febrero de 2020. La administración Biden posteriormente lo desmanteló, y la regla de 2022 que emitió volvió en gran medida al enfoque más estricto anterior a Trump.

La regulación que ahora se finaliza regresa al marco utilizado durante la primera administración Trump. Los oficiales estarán facultados para realizar evaluaciones individualizadas que consideren la edad, salud, circunstancias familiares, activos, recursos financieros, educación y habilidades laborales del solicitante, junto con cualquier recepción de beneficios públicos basados en medios económicos, una categoría que puede incluir cupones de alimentos, Medicaid y asistencia de vivienda, confirmaron funcionarios de USCIS.

La regla de 2022 de Biden había limitado la consideración del DHS principalmente a pagos de asistencia en efectivo para gastos básicos de subsistencia y la institucionalización a largo plazo cubierta por el gobierno federal. Ese enfoque más estricto será reemplazado una vez que la nueva regla entre en vigor.

El director de USCIS, Joseph B. Edlow, enmarcó el cambio en términos de responsabilidad fiscal, diciendo en un comunicado que el gobierno federal 'está reafirmando el requisito de autosuficiencia, protegiendo los recursos públicos y terminando con políticas que fomentaban la dependencia a costa de los contribuyentes estadounidenses trabajadores'. Agregó que bajo el presidente Trump, USCIS 'está restaurando el principio básico de que los inmigrantes deben poder mantenerse por sí mismos'.

El DHS reconoció en su proceso de elaboración de reglas de noviembre de 2025 que el alcance de la política podría extenderse mucho más allá de aquellos directamente sujetos a revisión. El departamento proyectó un posible 'efecto de enfriamiento' que causaría que aproximadamente 950,000 personas en hogares de inmigrantes se dieran de baja o simplemente evitaran inscribirse en programas de beneficios públicos, un impacto que la agencia dijo podría superar lo que capturan las evaluaciones formales.

La regla cubre a no ciudadanos dentro de Estados Unidos que buscan ajustar su estatus a residencia permanente legal, así como a no ciudadanos que solicitan admisión como inmigrantes o no inmigrantes, excepto donde el Congreso ha establecido exenciones. Esas exenciones históricamente han cubierto a ciertos refugiados, asilados y personas en categorías de protección humanitaria, incluidos menores inmigrantes especiales, víctimas calificadas de trata y delitos, y autopeticionarios bajo la Ley de Violencia contra la Mujer.

Sobre la cuestión de los beneficios del hogar, funcionarios de USCIS aclararon que la asistencia recibida por los familiares de un solicitante no se atribuirá directamente al solicitante. Sin embargo, los oficiales pueden tomar en cuenta dichos beneficios al evaluar la situación financiera general del solicitante, por ejemplo, si el patrón de uso de beneficios del hogar sugiere que el solicitante no puede mantener financieramente a la familia, o si esos beneficios están apoyando efectivamente al solicitante.

Para casos presentados antes de la fecha de vigencia de la regla, USCIS dijo que los oficiales considerarán los beneficios públicos basados en medios económicos solo si se recibieron en o después de esa fecha. Los beneficios utilizados antes de la fecha de vigencia generalmente serán relevantes solo cuando involucren asistencia en efectivo para el mantenimiento de ingresos o institucionalización a largo plazo financiada por el gobierno.

Junto con el cambio regulatorio, USCIS planea publicar una versión actualizada del Formulario I-485, el documento utilizado para solicitar residencia permanente o ajuste de estatus. Una vez que la regla esté en vigor, las ediciones anteriores del formulario presentadas, ya sea por correo o electrónicamente, en o después de la fecha de vigencia serán rechazadas.

A pesar de la intensidad política que rodea el debate sobre la carga pública, las denegaciones reales por esos motivos han seguido siendo raras en la práctica. Datos del DHS que cubren los años fiscales 2020 a 2024 muestran que las denegaciones formales por carga pública de solicitudes de ajuste se mantuvieron en niveles bajos durante todo ese período.