Estado al 9 de noviembre de 2026. Houston ha modificado las circunstancias en las que su policía contacta a ICE, Austin prepara una revisión de sus normas y concejales de San Antonio han propuesto cambios. Nueva York aplica una restricción estatal distinta sobre los contratos locales de detención migratoria. Son medidas diferentes, no una prohibición nacional de cooperación con las autoridades federales de inmigración.
Un cambio político en Texas se ha convertido rápidamente en una disputa sobre quién realiza el trabajo de control migratorio. Pocos días después de las elecciones del 3 de noviembre, el alcalde de Houston, John Whitmire, ordenó limitar las circunstancias en que la policía contacta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE). Austin comenzó a preparar sus propias modificaciones, mientras que integrantes del Concejo Municipal de San Antonio solicitaron una votación sobre una medida similar. Al mismo tiempo, las autoridades del estado de Nueva York recordaron a los alguaciles de los condados que los acuerdos para alojar a personas exclusivamente por infracciones civiles de inmigración federales deben terminar antes del 25 de noviembre.
Los informes sobre una ola de ciudades que se niegan a cooperar con ICE reflejan un cambio real, pero simplifican diferencias importantes. Houston ha emitido una orden ejecutiva que ya está vigente. Austin anunció la preparación de una modificación futura. San Antonio tiene una propuesta, no una ordenanza aprobada. La ley estatal de Nueva York se refiere a contratos de detención, no a todas las interacciones entre la policía local y los agentes federales. Estas diferencias determinan qué ha cambiado realmente.
Houston introduce el primer cambio inmediato
El 6 de noviembre, Whitmire firmó la Orden Ejecutiva 1-74, que entró en vigor ese mismo día. La medida ordena al Departamento de Policía de Houston revisar sus instrucciones para contactar a ICE cuando los agentes encuentran a una persona con una orden administrativa de inmigración. La nueva regla municipal se centra en si esa persona ya está siendo trasladada a la cárcel por otro motivo.
El jefe de policía J. Noe Diaz explicó que los agentes que emitan una citación por una infracción de tránsito ordinaria dejarán de contactar a ICE únicamente porque una consulta de bases de datos revele una orden administrativa de inmigración. Bajo el nuevo enfoque, el contacto con ICE está vinculado a una detención por una infracción que justifique el ingreso en la cárcel y a la correspondiente coincidencia con una orden. La política no elimina los arrestos por delitos, no impide que los agentes federales realicen sus propias operaciones y no termina todas las formas de cooperación entre autoridades locales y federales.
Whitmire afirmó que el cambio buscaba reducir el miedo en la comunidad. También relacionó expresamente su decisión con las elecciones. Reuters informó que el alcalde consultó con futuros dirigentes estatales después de que los demócratas ganaran cargos estatales en Texas, incluida la gobernación. El anuncio de Houston representó, por tanto, tanto un cambio operativo para la policía como un giro político.
El giro resulta especialmente llamativo porque la ciudad había recibido presiones en sentido contrario a principios de este año. Según The Texas Tribune, el gobernador saliente Greg Abbott amenazó con retirar aproximadamente 110 millones de dólares de financiación para seguridad pública por las restricciones a la cooperación. Posteriormente, Houston revisó su política e instruyó a los agentes para que notificaran a ICE las coincidencias con órdenes administrativas. La orden de noviembre se aparta de ese enfoque anterior.
Por qué importa una orden administrativa de ICE
En el centro de la controversia está la diferencia entre una orden administrativa de inmigración y una orden penal emitida por un juez. Las órdenes administrativas se expiden dentro del sistema federal de inmigración. Pueden corresponder a procedimientos civiles de inmigración, incluida una orden de expulsión, y no necesariamente a una nueva acusación penal. Una coincidencia en la base de datos del Centro Nacional de Información Criminal no significa, por sí sola, que un policía local haya descubierto un nuevo delito.
Esa distinción se ha vuelto decisiva durante encuentros ordinarios, como las paradas de tránsito. Bajo las instrucciones anteriores de Houston, una orden civil de inmigración podía provocar una llamada a ICE incluso cuando el asunto local normalmente habría terminado con una citación. Conforme a la nueva directiva, una persona que no vaya a ingresar en la cárcel ya no es remitida a ICE únicamente por ese motivo. La orden cambia el procedimiento de la policía local, pero no anula la orden federal de inmigración subyacente.
La cuestión tiene una historia más larga en Houston. The Texas Tribune informó que la policía de Houston contactó a ICE al menos 107 veces durante los primeros ocho meses de 2025, frente a nueve veces durante todo 2024, según información publicada por Houston Chronicle. La controversia también alcanzó un caso en el que una mujer que denunciaba violencia doméstica resultó tener una orden de inmigración. Estos ejemplos alimentaron el debate sobre si los contactos rutinarios de los residentes con la policía se estaban convirtiendo en una vía de acceso al sistema federal de deportaciones.
Austin prepara cambios para enero
En Austin, el alcalde Kirk Watson anunció el 6 de noviembre que había solicitado a la jefa de policía Lisa Davis preparar nuevas órdenes generales sobre la cooperación con ICE. El calendario es diferente al de Houston. Según KUT, la emisora de NPR en Austin, Watson quiere que las normas revisadas estén listas cuando la gobernadora electa Gina Hinojosa asuma el cargo en enero.
Esto significa que el anuncio de Austin constituye un compromiso de elaborar una política, no una prueba de que los agentes ya estén trabajando bajo una prohibición general recién adoptada. El alcalde presentó la revisión como una forma de alinear las instrucciones policiales con las prioridades municipales y el nuevo entorno político estatal. La redacción definitiva y la fecha de aplicación siguen siendo cuestiones distintas del anuncio de noviembre.
San Antonio considera una ordenanza municipal
La iniciativa de San Antonio se encuentra en una etapa aún más temprana. Los concejales Teri Castillo, Jalen McKee-Rodriguez y Ric Galvan firmaron un memorando el 6 de noviembre para solicitar una sesión especial a más tardar el 17 de noviembre. KSAT informó que la propuesta restringiría en términos generales los contactos de la policía con ICE a casos en que una persona ya vaya a ingresar en la cárcel por otros cargos u órdenes y, además, tenga una coincidencia con una orden administrativa de ICE.
El texto propuesto también establece que la mera sospecha de una infracción migratoria no justificaría prolongar una detención ni mantener a alguien bajo custodia. Estas disposiciones describen lo que los promotores desean que apruebe la ciudad. Al 9 de noviembre, la propuesta todavía no se había convertido en una política municipal vigente. La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, también ha pedido examinar maneras de reducir la cooperación, según The Texas Tribune.
En Nueva York, la cuestión son los contratos de las cárceles
El acontecimiento de Nueva York suele agruparse con los anuncios de Texas, aunque su mecanismo jurídico es diferente. El 6 de noviembre, la fiscal general Letitia James y la gobernadora Kathy Hochul anunciaron directrices para ejecutivos de condados y alguaciles sobre la ley Local Cops, Local Crimes Act, aprobada en mayo.
La ley exige que los gobiernos locales terminen antes del 25 de noviembre los acuerdos mediante los cuales instalaciones locales alojan a personas exclusivamente por infracciones civiles federales de inmigración. La carta de la fiscal general señala que los acuerdos que cubren tanto detención civil migratoria como detención penal federal deben terminar en la parte correspondiente a la detención civil prohibida. Preserva expresamente el cumplimiento de órdenes judiciales y resoluciones de tribunales, y no prohíbe los acuerdos para alojar a personas que enfrentan cargos penales federales pendientes.
En otras palabras, Nueva York restringe uno de los canales institucionales mediante los cuales el sistema federal de detención migratoria utiliza la capacidad de las cárceles locales. No está anunciando que todos los alguaciles o policías deban dejar de mantener cualquier contacto con ICE. El 25 de noviembre es un plazo de aplicación de una ley ya promulgada, no la fecha de firma de una nueva orden ejecutiva.
Por qué la ley estatal de Texas sigue siendo un límite
Texas lleva años restringiendo la capacidad de los gobiernos locales para limitar la cooperación en materia de control migratorio. El proyecto convertido en ley Senate Bill 4, aprobado en 2017, estableció obligaciones y sanciones estatales relacionadas con las llamadas políticas de ciudades santuario. El conflicto por la orden anterior de Houston y la amenaza de Abbott de retirar financiación muestran por qué los dirigentes municipales han considerado la ley estatal un límite práctico y no solo un argumento político.
La orden más reciente de Houston intenta trazar una línea entre la situación migratoria civil y los arrestos por infracciones que, por sí mismas, conducirían al ingreso en la cárcel. El anuncio del 6 de noviembre no establece si esa interpretación será objeto de una nueva impugnación judicial. El cambio en los dirigentes estatales elegidos ayuda a explicar el momento de la decisión, pero un resultado electoral no deroga por sí mismo una ley vigente.
El gobierno federal también conserva sus propias facultades de control migratorio. Las decisiones municipales sobre notificaciones rutinarias, traslados de detenidos o contratos de detención afectan el acceso a recursos e información locales. No ponen fin a las investigaciones de ICE, las órdenes federales, los procedimientos ante tribunales de inmigración ni la autoridad legal federal para ejecutar expulsiones.
¿Dallas forma parte de la misma ola?
Dallas figuró en disputas anteriores con Abbott sobre la cooperación municipal con ICE y estuvo entre las ciudades mencionadas en las amenazas de recortar financiación recogidas por KSAT. Esos antecedentes no demuestran que Dallas haya aprobado una nueva restricción este noviembre. Los acontecimientos verificados en este reportaje son la orden firmada en Houston, la revisión anunciada en Austin, la propuesta pendiente en San Antonio y el plazo de Nueva York para finalizar contratos de detención ya regulados por una ley estatal. Presentar a las cuatro jurisdicciones, o a Dallas, como municipios que ya han dejado de cooperar con ICE exageraría lo que consta en las fuentes.
Qué muestra realmente esta ola
El patrón emergente no es una política nacional única de ciudades santuario. Es un conjunto de decisiones municipales y estatales dirigidas a puntos específicos en los que las instituciones locales ayudan al control federal de la inmigración civil. En Houston, se trata de la notificación policial durante encuentros que no terminan con ingreso en la cárcel. En Austin, las autoridades preparan una revisión de instrucciones similares. En San Antonio, los concejales buscan una votación formal. En Nueva York, la cuestión es el uso de instalaciones de detención de los condados.
Los acontecimientos también muestran la rapidez con que la política local de control migratorio puede responder a las elecciones, incluso cuando la legislación federal de inmigración permanece sin cambios. Por ahora, la modificación práctica más clara es la orden de Houston del 6 de noviembre. Las otras iniciativas tienen calendarios, formas jurídicas y pasos de aplicación pendientes diferentes. Llamarlas un rechazo colectivo a cooperar con ICE oculta precisamente lo que cada gobierno ha hecho y lo que todavía no ha hecho.