Un gran jurado de Texas acusó formalmente a un agente federal de inmigración después de que su camioneta SUV sin distintivos atropellara a un hombre que corría por un estacionamiento de Houston. El cargo presentado el 30 de octubre contra Mario Alberto Morales, agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se refiere a un incidente ocurrido el 10 de octubre que dejó gravemente herido a Miguel Parra Hernandez, de 48 años. Los fiscales alegan agresión agravada con un arma mortal; Morales y el ICE rechazan que haya atropellado deliberadamente al hombre.
La acusación abre un proceso penal estatal poco habitual contra un agente federal de inmigración. Constituye una imputación formal, no una declaración de culpabilidad. Morales goza de la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad.
¿Qué ocurrió el 10 de octubre?
Según la Fiscalía del Condado de Harris, Morales conducía una SUV sin distintivos durante un operativo de control migratorio cuando Parra Hernandez salió de una camioneta pickup y corrió por un estacionamiento. La SUV lo atropelló. Parra Hernandez sufrió fracturas en las piernas y otras lesiones. Posteriormente se recuperaba en un centro de rehabilitación mientras seguía bajo custodia de las autoridades federales de inmigración.
Los fiscales difundieron imágenes de vigilancia, una grabación de la cámara corporal de Morales y el audio de su llamada al 911. Los videos muestran al vehículo persiguiendo al hombre que huía y las consecuencias inmediatas del choque. El fiscal de distrito Sean Teare afirmó que las imágenes respaldan la acusación de un atropello intencional. Sin embargo, las grabaciones documentan la colisión, pero por sí solas no constituyen una determinación judicial sobre la intención de Morales.
Por qué difieren las versiones
Morales dijo al operador del 911 que había intentado esquivar al hombre y que este había chocado contra su vehículo. Posteriormente reconoció ante otro agente que había golpeado al hombre con el automóvil. Morales declaró a los investigadores que no había tenido intención de atropellar a Parra Hernandez y que intentaba evitar otra camioneta.
El ICE niega que el impacto fuera deliberado y ha calificado el proceso penal de motivado políticamente. La agencia también sostiene que el Condado de Harris carece de jurisdicción para procesar penalmente a un agente federal por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. El abogado de Morales también describe la colisión como un accidente. La fiscalía del condado sostiene que los videos disponibles y otras pruebas justifican el cargo penal. Esas versiones contrapuestas deberán examinarse ante un tribunal.
Preguntas sobre el operativo migratorio
El ICE afirmó que sus agentes buscaban a otro hombre, identificado como José Mendoza-Cervantes, quien supuestamente tenía una orden de expulsión pendiente y se creía que viajaba en la pickup. Familiares de un hombre identificado con ese nombre dijeron a periodistas que había fallecido en 2017. Los fiscales indicaron que no habían verificado esa información de manera independiente. La discrepancia plantea preguntas sobre el objetivo del operativo, pero no demuestra, por sí misma, por qué Morales condujo como lo hizo.
Las autoridades también señalaron que durante la persecución ya había dos personas detenidas en el asiento trasero de la SUV del agente. El sheriff del Condado de Harris, Ed Gonzalez, expresó preocupación por la seguridad de realizar una persecución vehicular con personas esposadas en los asientos traseros. Esa cuestión es distinta del cargo penal específico.
Según los reportes sobre el caso, Morales está de licencia administrativa desde el 15 de octubre. El fiscal de distrito Sean Teare también acusó al ICE de haber comprometido posibles pruebas porque Morales abandonó el lugar en la SUV antes de que los investigadores pudieran recuperar los datos del choque almacenados en el vehículo. Esa alegación no ha sido resuelta judicialmente.
Qué significa el cargo penal
Morales fue acusado de agresión agravada con un arma mortal, un delito grave de segundo grado, y la fiscalía identificó al vehículo como el arma presuntamente utilizada. Los fiscales de Texas señalaron que una condena podría conllevar una pena de entre dos y veinte años de prisión. La acusación formal no determina responsabilidad penal. El ICE cuestiona la facultad del condado para procesar a un agente federal que actuaba en servicio. La controversia podría involucrar el traslado del proceso a un tribunal federal por la condición de funcionario federal (federal-officer removal) y la inmunidad derivada de la Cláusula de Supremacía de la Constitución de Estados Unidos (Supremacy Clause). Ninguna de estas doctrinas resuelve automáticamente el caso: su aplicación exigiría que un tribunal examinara los hechos y los requisitos jurídicos correspondientes.
El caso migratorio de Parra Hernandez y su recuperación médica son asuntos separados del proceso penal contra el agente.