Una jueza federal volvió a restringir las actuaciones de agentes migratorios en siete condados del sur de California. Tras examinar nuevas pruebas, ordenó que no se detenga a personas basándose en estereotipos raciales sin sospecha razonable individualizada. La medida cautelar, conocida el 29 de octubre, se refiere a determinadas detenciones y no prohíbe todas las operaciones de ICE.

La jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong consideró probable que los demandantes demostraran que agentes migratorios habían utilizado la apariencia latina, incluso combinada con la percepción de pertenecer a la clase trabajadora, como fundamento de detenciones. El expediente incluye grabaciones de cámaras corporales, mensajes internos con insultos racistas y testimonios sobre ciudadanos estadounidenses latinos que fueron detenidos. También se examinaron patrullajes móviles y operativos cerca de lugares de trabajo.

¿Dónde se aplica la orden?

La medida se refiere a detenciones migratorias en el Distrito Central de California: los condados de Los Ángeles, Orange, Riverside, San Bernardino, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo. Esta orden concreta no se aplica a San José ni al resto del Área de la Bahía. También contempla excepciones para puertos de entrada, puestos de control y equivalentes funcionales de la frontera.

La distinción fundamental está entre la apariencia de una persona y los hechos que justifican sospechar razonablemente de esa persona en particular. Los agentes no pueden presumir que alguien se encuentra en el país de forma irregular simplemente por parecer latino o latino y trabajador. La orden tampoco impide la aplicación de las leyes migratorias cuando existan circunstancias específicas que sustenten una sospecha razonable individualizada.

¿Qué cambió desde la suspensión del Tribunal Supremo?

En septiembre de 2025, el Tribunal Supremo suspendió de emergencia una orden anterior en este litigio. Después, los demandantes obtuvieron nuevas pruebas durante el proceso, entre ellas videos y comunicaciones de agentes. Frimpong concluyó que la nueva solicitud presentaba un expediente probatorio, argumentos jurídicos y medidas solicitadas distintos. La suspensión anterior del Tribunal Supremo no resolvió definitivamente la constitucionalidad de las prácticas impugnadas.

La jueza consideró probable que prosperaran las reclamaciones basadas en la Cuarta Enmienda, que protege contra detenciones irrazonables, y en la garantía de igualdad de protección derivada de la Quinta Enmienda. Sin embargo, una medida cautelar no equivale a una sentencia definitiva sobre el fondo. El tribunal también certificó parcialmente una clase de personas afectadas.

¿Qué ocurrirá ahora?

El Gobierno federal rechaza las acusaciones de perfilamiento racial y ha apelado ante el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito. Nuevas resoluciones podrían modificar la orden. Según la información disponible el 29 de octubre, se trata de una restricción regional importante, no de una prohibición nacional de las operaciones de ICE.

Para los residentes, importa especialmente el alcance geográfico: la decisión aborda detenciones sin fundamento individualizado y basadas en la raza en esos siete condados, incluso cuando afectan a ciudadanos estadounidenses. Las personas de otras regiones conservan sus derechos constitucionales, pero no deben suponer que esta orden judicial específica rige directamente las actuaciones de ICE en su condado.