Situación al 29 de octubre de 2026: cuatro organizaciones de derechos civiles presentaron una demanda contra DHS y USCIS. Alegan que la búsqueda de posibles votantes sin ciudadanía está sometiendo a investigaciones a personas que ya son ciudadanas estadounidenses. La demanda no equivale a una sentencia ni ha detenido por sí sola todo el programa federal.
Una persona obtiene la ciudadanía estadounidense, se registra para votar y deja atrás su etapa de residente inmigrante. Sin embargo, en las bases de datos todavía puede figurar su antiguo A-number, un identificador asignado antes de naturalizarse. ¿Qué sucede si los investigadores utilizan esos registros históricos para buscar supuestos votantes extranjeros? Según una nueva demanda, el resultado puede ser que un ciudadano estadounidense sea tratado como sospechoso debido a su pasado migratorio.
El 28 de octubre, OCA–Asian Pacific American Advocates, sus capítulos de San Mateo y Sacramento, y Common Cause presentaron una demanda de 37 páginas ante el Tribunal Federal de Distrito del Norte de California. En OCA–Asian Pacific American Advocates v. Department of Homeland Security, n.º 3:26-cv-12617, impugnan la llamada Unlawful Voter Initiative, un programa para identificar supuestos casos de voto ilegal de personas sin ciudadanía. Las organizaciones afirman que el procedimiento puede convertir errores en los registros oficiales en acusaciones o investigaciones injustificadas.
¿Por qué puede aparecer un ciudadano en esas listas?
De acuerdo con la demanda y con documentos examinados en otro litigio, el programa comenzó en agosto de 2026. Los demandantes sostienen que personal de USCIS compara identificadores migratorios con información electoral y que los casos considerados sospechosos se transmiten a investigadores federales. El historial de alguien que antes fue extranjero puede permanecer en los registros del Gobierno incluso después de que obtenga la nacionalidad estadounidense.
Las organizaciones argumentan que este método crea un trato desigual para ciudadanos naturalizados y personas que adquirieron la ciudadanía a través de sus padres (derivative citizens). Quienes son ciudadanos estadounidenses desde su nacimiento generalmente no poseen el mismo registro migratorio. También alegan que funcionarios utilizaron datos personales para acceder a portales estatales de inscripción electoral haciéndose pasar por los votantes y que las sospechas se registraron en un sistema policial conocido como TECS.
Son alegaciones de los demandantes, no conclusiones judiciales del nuevo proceso. No está demostrado que toda persona incluida en una lista sea ciudadana, ni que todas las investigaciones sean ilegales. El Gobierno defiende la investigación del voto ilegal como una labor legítima; las personas sin ciudadanía estadounidense, por regla general, no pueden votar en las elecciones federales.
¿Qué solicitan las organizaciones?
Piden al tribunal que suspenda el programa cuestionado, prohíba a los funcionarios federales presionar a las autoridades electorales para descartar o dejar de contar votos válidos a partir de esas listas y ordene eliminar determinados registros asociados con las investigaciones. Fundamentan sus reclamaciones en las disposiciones federales sobre normas uniformes de votación, la Ley de Privacidad (Privacy Act) y la Ley de Procedimiento Administrativo (APA).
Su argumento es que no solo existe riesgo de error: el Gobierno estaría sometiendo a las personas que consiguieron la ciudadanía después de emigrar a un escrutinio distinto del aplicado a quienes nacieron como ciudadanos estadounidenses. Al 29 de octubre no había una decisión sobre el fondo de esta nueva demanda.
¿No había limitado un juez las operaciones del DHS?
Sí, pero en otro caso y con un alcance más limitado. El 21 de octubre una jueza federal de California emitió una orden preliminar en California Nurses Association v. Mullin que restringía determinadas operaciones de campo y entrevistas relacionadas con elecciones en nueve estados cuando los agentes sabían o razonablemente deberían haber sospechado que las personas eran ciudadanas estadounidenses. La entrada en vigor de la orden quedó aplazada inicialmente hasta el 23 de octubre, y cualquier cambio posterior depende de otras decisiones judiciales. Factum Immigration explicó aquella medida y sus límites.
El nuevo litigio tampoco debe confundirse con la controversia sobre las exigencias del Departamento de Justicia a condados de California para verificar votantes. Aunque ambas historias giran en torno a registros de ciudadanía, los demandantes, políticas y remedios legales son distintos.
¿Qué significa para los ciudadanos naturalizados?
La ciudadanía obtenida por naturalización no vale menos que la ciudadanía por nacimiento. Quienes cumplen los requisitos electorales correspondientes tienen el mismo derecho a votar en elecciones federales. Una coincidencia errónea en una base de datos o una investigación no revoca por sí sola la ciudadanía estadounidense.
Quien tema un error puede verificar su inscripción en el registro electoral de su estado o condado y conservar documentación de ciudadanía e inscripción. Si recibe una visita de agentes o se cuestiona su derecho al voto, es conveniente obtener asesoramiento jurídico individualizado o ayuda de una organización especializada en derechos electorales.