Situación al 25 de octubre de 2026. Fiscales federales enviaron nuevas cartas a las autoridades electorales de varios condados de California para exigir verificaciones urgentes de ciudadanía y pedir que se mantengan separadas las papeletas de voto por correo vinculadas a personas que, según el Gobierno, podrían no ser ciudadanas estadounidenses. Los condados recibieron un plazo de 48 horas para responder. California cuestiona tanto la fiabilidad de la lista federal como la facultad del Departamento de Justicia para modificar el procesamiento de los votos mientras se celebran las elecciones. Ningún tribunal ha determinado que las aproximadamente 20.000 personas señaladas en la lista estatal sean no ciudadanas.

Las cartas, entregadas el viernes 23 de octubre, representan una nueva fase de una disputa iniciada a principios de mes. Según Associated Press, que consultó una de las cartas y habló con funcionarios locales, al menos 18 condados recibieron solicitudes de datos identificativos de votantes señalados por investigadores federales. Los fiscales también piden separar las papeletas cuando no se haya podido verificar la ciudadanía. Funcionarios de condados como Contra Costa, Santa Cruz y Napa calificaron las exigencias de inusuales y señalaron que estaban consultando con sus asesores jurídicos.

¿Qué exige exactamente el Departamento de Justicia?

El 13 de octubre, el Departamento de Justicia envió a la secretaria de Estado de California, Shirley Weber, y al responsable electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, una lista de personas consideradas presuntos no ciudadanos y pidió revisarla en 48 horas. También solicitó separar, pero no anular las papeletas por correo de quienes no pudieran acreditar su ciudadanía mientras se realizaban las comprobaciones. Las cartas del 23 de octubre extendieron esas exigencias a los registradores electorales de distintos condados y solicitaron documentación de inscripción, datos de identificación y números de Seguro Social, entre otra información.

Las 48 horas son un plazo impuesto por las autoridades federales a las oficinas electorales, no una nueva obligación para que cada votante demuestre su ciudadanía en ese tiempo. Las cartas expresan la posición y las exigencias del Departamento de Justicia; no constituyen una orden judicial que autorice por sí misma a rechazar papeletas. El departamento afirma que busca cooperación, no una eliminación generalizada de inscripciones electorales.

¿Por qué se cuestiona a unas 20.000 personas?

El 15 de octubre, el Departamento de Justicia presentó la demanda United States v. California (núm. 2:26-cv-12025). El Gobierno sostiene que el cotejo de datos migratorios y de ciudadanía identificó en los padrones electorales de California a más de 20.000 personas que, según su análisis, probablemente no son ciudadanas. El departamento defiende medidas para impedir el recuento de votos de personas que no pueden participar legalmente en elecciones federales. Sin embargo, el propio comunicado oficial habla de casos presuntos: la coincidencia entre bases de datos no equivale a una determinación individual de falta de ciudadanía.

California y el condado de Los Ángeles ponen en duda la exactitud de la lista. En escritos judiciales del 24 de octubre, los abogados del estado sostienen que el Gobierno no presentó pruebas suficientes sobre la ciudadanía de las personas señaladas ni explicó adecuadamente su metodología. Las autoridades electorales de Los Ángeles informaron que una revisión preliminar de 200 nombres encontró inscripciones ya canceladas, personas sin historial de votación y algunos registros que indicaban nacimiento en Estados Unidos. Estas observaciones plantean dudas sobre la fiabilidad de la lista, pero no permiten determinar la situación de cada persona incluida.

¿Se apartarán finalmente las papeletas cuestionadas?

La cuestión sigue en disputa. California sostiene que el derecho al voto y el tratamiento de las papeletas recibidas se rigen por los procedimientos electorales vigentes y la legislación federal. El Departamento de Justicia, por su parte, argumenta que contar votos de personas que considera no elegibles perjudicaría a los votantes habilitados. Son posturas enfrentadas ante los tribunales, no decisiones judiciales definitivas.

El Departamento de Justicia solicitó medidas de emergencia al tribunal federal de distrito y acudió también al Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito antes de que el juez de primera instancia resolviera el asunto. En United States v. California (núm. 26-7070), el Noveno Circuito programó una audiencia telemática para el domingo 25 de octubre a la 1:00 p. m., hora del Pacífico. También está prevista una audiencia en el tribunal de distrito para el 27 de octubre. Al preparar este artículo no se había confirmado una nueva resolución que decidiera el alcance de las exigencias dirigidas a los condados el 23 de octubre.

¿Qué implica para los ciudadanos naturalizados?

Las personas con ciudadanía estadounidense, incluidas las que la adquirieron mediante naturalización, pueden votar si cumplen los requisitos electorales correspondientes. En general, los no ciudadanos no pueden votar en elecciones federales. Sin embargo, algunas bases de datos gubernamentales pueden conservar información desactualizada después de la naturalización o de otra forma de adquisición de la ciudadanía. Que un registro señale a alguien como posible no ciudadano no demuestra que carezca del derecho al voto.

Figurar en una lista federal de este tipo no revoca por sí mismo la ciudadanía, no anula la naturalización ni inicia automáticamente un procedimiento migratorio. Quien tenga dudas sobre su inscripción o el tratamiento de su papeleta puede consultar los servicios oficiales de verificación de su condado y conservar cualquier aviso recibido. Las consecuencias jurídicas de una impugnación individual dependen de las circunstancias y de las resoluciones judiciales posteriores.

Este litigio es distinto de otras dos noticias ya publicadas por Factum Immigration: la sentencia del 9 de octubre que anuló una política separada del Departamento de Justicia para revisar padrones electorales y la orden del 21 de octubre que restringió determinadas investigaciones de campo del DHS en nueve estados. Ninguna de ellas resuelve, por sí sola, la nueva disputa sobre las papeletas de California.

Fuentes