Situación al 12 de octubre de 2026. El 9 de octubre, la jueza federal Sparkle L. Sooknanan, del Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia, anuló la política del Departamento de Justicia sobre mantenimiento de padrones electorales, denominada Voter List Maintenance Policy. En Common Cause v. U.S. Department of Justice, expediente 1:26-cv-01352, concluyó que el departamento actuó sin la autorización legal necesaria, infringió normas federales de privacidad y no tuvo en cuenta el riesgo de clasificar erróneamente como extranjeros a ciudadanos estadounidenses. La sentencia no supone el cierre general de SAVE.
Una jueza federal ha invalidado un programa del Departamento de Justicia (DOJ) que solicitaba padrones completos de votantes a los estados, contrastaba los datos con registros federales de ciudadanía y presionaba para modificar las listas en función de esos resultados. La decisión, dictada el 9 de octubre, responde a una demanda de Common Cause y varias personas afectadas.
En una opinión de 78 páginas, la jueza Sparkle L. Sooknanan determinó que el departamento no había acreditado facultades otorgadas por el Congreso para solicitar masivamente padrones estatales sin anonimizar. También halló infracciones de la Ley de Privacidad (Privacy Act) y de la Ley de Procedimiento Administrativo (Administrative Procedure Act, APA). Concedió parcialmente la petición de sentencia sumaria de los demandantes, rechazó la del Gobierno y dejó sin efecto la política impugnada.
¿Cómo funcionaba la política cuestionada?
El programa se gestionaba desde la División de Derechos Civiles del DOJ. Según los hechos establecidos en el fallo, el departamento pedía a los estados registros electorales íntegros, compartía información con otras entidades federales, consultaba datos sobre ciudadanía mediante el sistema SAVE del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y pedía corregir los padrones cuando una comprobación señalaba una posible falta de elegibilidad.
SAVE, sigla de Systematic Alien Verification for Entitlements, es un sistema administrado por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS). Su función inicial era verificar la condición migratoria para determinados servicios autorizados. En 2025 se amplió con datos de la Administración del Seguro Social (SSA), incluidos registros de ciudadanía. Esos registros pueden no actualizarse cuando una persona adquiere la ciudadanía estadounidense después de haber recibido su número de Seguro Social.
El Departamento de Justicia sostuvo que las leyes electorales federales le daban autoridad para investigar posibles errores en los padrones. La jueza rechazó que la Ley de Derechos Civiles de 1960, la National Voter Registration Act o la Help America Vote Act autorizaran la amplitud de la recopilación y distribución de datos de esta política.
¿Por qué el tribunal declaró ilegal la política?
La opinión identifica varias infracciones independientes. En primer lugar, el DOJ no demostró que estuviera autorizado para exigir de forma generalizada listas electorales completas. En segundo lugar, el tribunal encontró que su actuación era arbitraria y caprichosa bajo la APA porque no había abordado de forma adecuada el riesgo conocido de que ciudadanos legítimos aparecieran como no ciudadanos.
La jueza también examinó las obligaciones de la Privacy Act en la recopilación, divulgación y mantenimiento de datos personales. Determinó que el departamento había empleado registros federales para una finalidad nueva sin cumplir los avisos públicos correspondientes. El fallo analiza la divulgación de información a otras agencias y contratistas, la precisión exigible a los archivos federales y la protección de datos vinculados al ejercicio de derechos amparados por la Primera Enmienda.
La resolución no se limita al error sufrido por un votante o a un convenio estatal concreto. La jueza anuló la política como tal en virtud de la APA. Sin embargo, no declaró ilegal cualquier actuación imaginable del Gobierno federal relacionada con listas electorales: el alcance del fallo corresponde al programa y a las prácticas examinadas en el expediente.
Los casos de ciudadanos cuya inscripción fue cancelada
Entre los demandantes figuraban estadounidenses afectados por información incorrecta. El fallo describe los casos de Anthony Nel, ciudadano por filiación, y de una ciudadana naturalizada identificada como Bailey Doe. Según las pruebas recogidas en la opinión, ambos estaban inscritos para votar en Texas, pero sus inscripciones fueron canceladas después de que la versión modificada de SAVE no confirmara su ciudadanía.
La causa del problema puede estar en que el primer registro vinculado al número de Seguro Social identifique a la persona como extranjera, aunque posteriormente se haya convertido en ciudadana. El tribunal concluyó que el departamento no había valorado adecuadamente las consecuencias de utilizar esos datos para impulsar la eliminación de nombres de los padrones.
La jueza tuvo ante sí cancelaciones reales, no solo un riesgo hipotético, así como acuerdos que preveían que los estados actuaran a partir de resultados federales. Esa prueba sustentó tanto la legitimación procesal de los demandantes (standing) como el examen del fondo de la política impugnada.
¿Qué cambia tras la sentencia?
La sentencia definitiva deja sin efecto la Voter List Maintenance Policy del DOJ. No ordena por sí misma borrar o devolver todos los datos recopilados con anterioridad. La jueza no resolvió en esa etapa si debía concederse una medida cautelar adicional después de anular la política. El fallo puede ser objeto de recursos.
El litigio es distinto de DHS v. League of Women Voters, relacionado con cambios del propio sistema SAVE. En septiembre, la Corte Suprema suspendió provisionalmente los efectos de una orden judicial dictada en aquella causa separada. La jueza Sooknanan indicó expresamente que las partes no alegaban que esa suspensión determinara la legalidad de la política del DOJ examinada aquí. No son fallos que automáticamente se neutralicen entre sí.
La decisión resulta especialmente relevante para quienes obtuvieron la ciudadanía después de que registros federales anteriores los clasificaran como extranjeros y para los estados a los que se pidió actuar según esos datos. No modifica los requisitos de naturalización, no concede prestaciones migratorias nuevas ni determina la ciudadanía de una persona concreta.
Preguntas frecuentes
¿La sentencia del 9 de octubre cerró el sistema SAVE?
No. El tribunal anuló la política específica del Departamento de Justicia denominada Voter List Maintenance Policy, que buscaba obtener padrones estatales y utilizar consultas a SAVE para impulsar la eliminación de inscritos. La sentencia no desactiva el sistema SAVE ni resuelve la legalidad de todos sus posibles usos.
¿Por qué fueron importantes los errores que afectaban a ciudadanos naturalizados?
El tribunal constató que algunos datos utilizados por SAVE pueden no reflejar que una persona obtuvo la ciudadanía después de su registro inicial. En el expediente figuraban personas de Texas cuyo registro electoral fue cancelado tras comprobaciones incorrectas de ciudadanía.
¿Es el mismo litigio en el que intervino la Corte Suprema en septiembre?
No. La suspensión ordenada en septiembre por la Corte Suprema se refería a otra causa sobre modificaciones del sistema SAVE. El fallo del 9 de octubre se refiere a la política de mantenimiento de padrones del Departamento de Justicia. La jueza señaló que las partes no sostenían que aquella suspensión determinara la resolución de este litigio.
Fuentes oficiales
Aviso: Factum Immigration ofrece información general, no asesoría legal. Para orientación sobre un caso individual, consulte a un abogado de inmigración con licencia.