El 18 de noviembre de 2026, el Tribunal Federal de Apelaciones del Noveno Circuito prorrogó la suspensión temporal de una sentencia relativa a la terminación del Estatus de Protección Temporal (Temporary Protected Status, TPS) para Venezuela. La nueva orden mantiene la suspensión hasta siete días después de que el tribunal publique su futura decisión. Al día siguiente, el Departamento de Justicia retiró una solicitud de emergencia que había presentado ante la Corte Suprema. En consecuencia, sigue suspendida por ahora la ejecución de la sentencia del tribunal de distrito que dejó sin efecto la terminación de la designación de Venezuela para TPS de 2023.
La nueva orden modifica el calendario procesal inmediato, pero no resuelve el fondo de la controversia. Evita que el vencimiento de la suspensión anterior, previsto para el 20 de noviembre, permita ejecutar la sentencia del tribunal de distrito antes de que se resuelva la apelación. El Noveno Circuito todavía no ha dictado una nueva decisión sobre el fondo y la Corte Suprema no se pronunció sobre la solicitud de emergencia retirada.
Qué cambió el 18 y el 19 de noviembre
El 18 de noviembre, el Gobierno federal presentó ante la Corte Suprema una solicitud urgente de suspensión de la sentencia en Mullin v. National TPS Alliance, expediente n.º 26A714. Sus abogados señalaron que la suspensión administrativa vigente en el Noveno Circuito vencería el 20 de noviembre, lo que podía permitir que volviera a producir efectos la sentencia del tribunal de distrito de septiembre de 2025 antes de que el tribunal de apelaciones resolviera el caso.
Más tarde, el 18 de noviembre, el Noveno Circuito emitió una nueva orden en el expediente n.º 25-5724. Según el escrito posterior del Departamento de Justicia, el tribunal prorrogó la suspensión administrativa hasta siete días después de la publicación de su sentencia. De este modo, el vencimiento quedó vinculado a un acto judicial futuro y dejó de estar fijado para el 20 de noviembre.
El 19 de noviembre, el procurador general ante la Corte Suprema, D. John Sauer, comunicó que el Gobierno retiraba su solicitud porque el tribunal de apelaciones ya había concedido la protección provisional solicitada. El registro de la Corte Suprema consigna la retirada de la solicitud el 19 de noviembre. La Corte Suprema no dictó en ese procedimiento ninguna decisión de fondo sobre la legalidad de la terminación del TPS venezolano.
Por qué los tribunales vuelven a examinar el TPS de Venezuela
La controversia gira en torno a la decisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de terminar la designación de Venezuela para TPS establecida en 2023. El TPS es una protección temporal prevista en la sección 244 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, 8 U.S.C. § 1254a, que puede proteger contra la expulsión a los nacionales elegibles de determinados países y permitirles obtener autorización de empleo. El TPS no constituye por sí mismo residencia permanente legal.
En septiembre de 2025, un tribunal federal de distrito del Distrito Norte de California dictó una sentencia que dejó sin efecto la decisión de terminar la designación venezolana. La controversia sobre la posibilidad de ejecutar esa sentencia continuó ante el Noveno Circuito y la Corte Suprema. Esta última ya había suspendido anteriormente la sentencia del tribunal de distrito mientras avanzaba el proceso de apelación.
El 5 de octubre de 2026, la Corte Suprema aceptó revisar el asunto, anuló una sentencia anterior del Noveno Circuito y devolvió el caso para un nuevo examen a la luz de Mullin v. Doe, 609 U.S. 324 (2026). La suspensión anterior de la Corte Suprema estaba prevista para vencer el 6 de noviembre. El 30 de octubre, el Noveno Circuito rechazó inicialmente una nueva suspensión solicitada por el Gobierno, pero el 3 de noviembre retiró esa orden e impuso una suspensión administrativa de 14 días a partir del 6 de noviembre. La prórroga del 18 de noviembre sustituyó la fecha de vencimiento anterior, fijada para el 20 de noviembre.
Esas resoluciones regulan la protección provisional durante el litigio. No constituyen una nueva decisión definitiva sobre si el DHS actuó legal o ilegalmente al terminar la designación de Venezuela para TPS.
Consecuencias para quienes anteriormente tenían TPS
En su solicitud ante la Corte Suprema, el Gobierno sostuvo que permitir la ejecución de la sentencia del tribunal de distrito podría obligar a liberar a aproximadamente 1.800 venezolanos bajo custodia migratoria, afectar la ejecución de cientos de órdenes de expulsión y dar lugar a la recuperación de autorizaciones de empleo. Se trata de cifras y consecuencias alegadas por los abogados del Gobierno para justificar la medida urgente, no de conclusiones fácticas independientes de la Corte Suprema.
Para las personas cuya protección dependía de la designación venezolana de 2023 objeto del litigio, la continuidad de la suspensión significa que la sentencia del tribunal de distrito no restablece por sí sola el TPS en este momento. Tampoco genera automáticamente una nueva autorización de empleo. Las circunstancias migratorias individuales pueden variar por otras solicitudes pendientes, estatus migratorios o protecciones independientes, cuestiones que esta orden de apelación no resuelve.
La diferencia entre una suspensión administrativa y una decisión sobre el fondo es fundamental. La suspensión determina provisionalmente qué situación jurídica rige mientras continúa el litigio. El Noveno Circuito todavía debe resolver la apelación tras la devolución del caso por la Corte Suprema. Posteriormente, las partes podrán recurrir a los mecanismos de revisión que correspondan conforme a las reglas procesales aplicables.
La próxima etapa del proceso judicial
Al 20 de noviembre, el acontecimiento procesal decisivo será la futura sentencia del Noveno Circuito. Según la orden del 18 de noviembre, descrita en la carta oficial del Departamento de Justicia, la suspensión administrativa continuará durante siete días después de la publicación de esa sentencia. La orden no permite establecer por sí sola una fecha concreta de vencimiento.
La retirada de la solicitud el 19 de noviembre cierra únicamente el procedimiento urgente identificado con el número 26A714. No pone fin a la apelación principal ante el Noveno Circuito ni resuelve la controversia sobre la designación de Venezuela para TPS. La carta del Gobierno explica que la nueva orden del tribunal de apelaciones hizo innecesaria la intervención inmediata de la Corte Suprema en esa etapa.
Las fuentes primarias principales de esta información son el registro de la Corte Suprema del expediente n.º 26A714, la carta del procurador general del 19 de noviembre y las órdenes del Noveno Circuito en el expediente n.º 25-5724. La situación jurídica de la designación venezolana impugnada sigue dependiendo del resultado de esos procedimientos.