La autopetición VAWA (Violence Against Women Act) permite a ciertas personas sobrevivientes de violencia doméstica presentar una petición migratoria por su cuenta, sin la participación y sin el conocimiento del agresor. El mecanismo está establecido en INA § 204(a)(1) y está disponible para determinados cónyuges e hijos maltratados de ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes, así como para padres de ciudadanos estadounidenses de 21 años o más. Se presenta el Formulario I-360; pese al nombre de la ley, el mecanismo no depende del género — está disponible para hombres y para personas en matrimonios del mismo sexo.

Estado al 15 de julio de 2026. El 22 de diciembre de 2025, USCIS emitió dos actualizaciones de política aplicables a las peticiones presentadas o pendientes desde esa fecha. La primera (PA-2025-33) eliminó de la guía la disposición según la cual la agencia no niega una petición únicamente por no presentar determinadas pruebas de buen carácter moral, subrayó que la carga de la prueba recae en el peticionario y fijó el requisito de residencia compartida con el agresor durante la relación calificante. Al mismo tiempo se conserva el estándar de «cualquier prueba creíble» (any credible evidence): sigue sin exigirse demostrar que las pruebas primarias o secundarias no están disponibles. La segunda (PA-2025-34) cambió la aplicación de la confidencialidad de 8 U.S.C. § 1367, incluida la consideración de antecedentes penales y el manejo de información de fuentes prohibidas.

Quiénes pueden presentar

La ley describe tres grupos: cónyuges de un ciudadano estadounidense o residente permanente; sus hijos; y padres de un ciudadano estadounidense que haya cumplido 21 años. La base es battery or extreme cruelty: violencia física o crueldad extrema, que puede incluir coerción psicológica y económica. Para los cónyuges se requiere un matrimonio de buena fe (no celebrado para obtener un beneficio migratorio) y residencia compartida con el agresor durante la relación calificante. El matrimonio no tiene que existir al momento de presentar: la ley admite la presentación dentro de los dos años posteriores a la disolución del matrimonio si el peticionario demuestra una conexión entre la terminación legal del matrimonio y la violencia o la crueldad extrema, y también si el cónyuge ciudadano falleció dentro de ese mismo plazo. También se exige buen carácter moral; conforme a INA § 204(a)(1)(C), determinadas circunstancias vinculadas a la propia violencia pueden ser dispensadas.

Confidencialidad: qué establece la ley y qué no promete

8 U.S.C. § 1367 establece límites estrictos: se prohíbe a las agencias divulgar información sobre la petición a personas no autorizadas y adoptar decisiones desfavorables sobre admisibilidad o deportabilidad basadas en información obtenida exclusivamente del agresor, de sus familiares o de personas que actúan en su interés. Al agresor no se le notifica la petición presentada. Los límites tienen excepciones legales (fines de aplicación de la ley y judiciales, intereses de seguridad nacional) y la protección del § 1367, según la interpretación vigente de USCIS, termina con la naturalización. La actualización de diciembre de 2025 describe en qué condiciones la agencia considera posible apoyarse en información de fuentes prohibidas e introduce la consideración de condenas conforme a INA § 237(a)(2) al determinar si la protección aplica. Para la correspondencia, USCIS prevé indicar una dirección segura — no es necesario vivir en ella.

Qué otorga una petición aprobada

Una I-360 aprobada no otorga estatus por sí sola — confirma la clasificación. Después se presenta el Formulario I-485 de ajuste de estatus, si hay visa disponible: para familiares inmediatos de ciudadanos siempre la hay; para las categorías de residentes permanentes rige la fila del boletín de visas. Las personas que se autopeticionan bajo VAWA están exentas por ley del examen de carga pública — más sobre las causales de inadmisibilidad en el pilar sobre castigos y perdones. Tras la aprobación de la autopetición puede estar disponible el permiso de trabajo de la categoría (c)(31); con una I-485 pendiente, el permiso se tramita por una base distinta — cómo funcionan los EAD se explica en el pilar sobre el permiso de trabajo. Otras vías humanitarias para sobrevivientes de delitos están reunidas en el pilar sobre protección humanitaria, y el proceso general para obtener estatus, en el pilar sobre la green card. Una rama aparte es la cancelación de expulsión bajo VAWA para quienes ya están en proceso de expulsión: la resuelve un juez de inmigración bajo otras reglas.

¿Se enterará el agresor de la petición?

Por ley, las agencias no notifican al agresor ni divulgan información de la petición a personas no autorizadas; el incumplimiento acarrea sanciones para los funcionarios. Son límites estrictos con excepciones legales (de aplicación de la ley, judiciales, de seguridad nacional) — no una prohibición absoluta. Una regla aparte prohíbe adoptar decisiones desfavorables basadas en información obtenida solo del agresor o de personas vinculadas a él.

¿Se puede presentar después del divorcio?

Sí, en determinadas circunstancias: la ley admite presentar dentro de los dos años posteriores a la disolución del matrimonio si se demuestra una conexión entre la terminación del matrimonio y la violencia. El mismo plazo de dos años rige si el cónyuge ciudadano estadounidense falleció. También existen reglas y plazos propios para los casos en que el agresor perdió la ciudadanía o el estatus de residente permanente en relación con la violencia doméstica; la aplicabilidad depende del motivo de la terminación del matrimonio o del cambio de estatus del agresor.

¿Se necesita una denuncia policial?

No: acudir a las autoridades no está entre los requisitos de la ley, y el estándar de «cualquier prueba creíble» permite apoyarse en distintos tipos de respaldo, incluida la declaración de la propia persona sobreviviente. Al mismo tiempo, la actualización de política de diciembre de 2025 subrayó que la carga de la prueba recae en el peticionario y que el peso de cada prueba lo determina el oficial: las declaraciones sin detalles ni concreción pueden recibir menos peso frente al resto del expediente.

¿Sufrirá el agresor por la petición?

Presentar una I-360 no constituye por sí mismo una acusación penal y no termina automáticamente la ciudadanía ni el estatus migratorio del agresor. Es un proceso migratorio independiente que no requiere su participación; el aspecto penal de la violencia doméstica es materia de otros procedimientos, no vinculados a la I-360.