Estado al 13 de noviembre de 2026. La BIA emitió el 12 de noviembre una decisión precedente que anuló una concesión de asilo y ordenó la expulsión de una mujer a Guatemala.
La Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) anuló la decisión de un juez de inmigración que había concedido asilo a una mujer guatemalteca que relató reiterados episodios de acoso sexual y un intento de secuestro. En una decisión precedente emitida el 12 de noviembre de 2026, la Junta concluyó que el grupo propuesto de «mujeres guatemaltecas sin pareja» no cumplía los requisitos legales de un grupo social particular. También rechazó la conclusión del juez según la cual el acoso estaba motivado por una opinión política atribuida a la mujer. La BIA dejó sin efecto la concesión de asilo y ordenó su expulsión a Guatemala.
La resolución, Matter of A-C-V-M-, 30 I&N Dec. 236 (BIA 2026), es importante porque examina dos fundamentos jurídicos utilizados en ocasiones en solicitudes de asilo relacionadas con la violencia de género: la pertenencia a un grupo social particular y la opinión política real o atribuida. La decisión no establece que el acoso sexual nunca pueda constituir persecución. Examina, en cambio, si los daños descritos en este caso estaban relacionados con alguno de los motivos protegidos por la legislación federal de asilo.
Cómo llegó el caso a la Junta
La solicitante, ciudadana de Guatemala, declaró ante el tribunal de inmigración que varios hombres la habían acosado repetidamente. En un incidente, un hombre que conducía una motocicleta la agarró por el hombro y la cintura e intentó subirla al vehículo. También describió episodios en los que hombres trataron de abrazarla o tocarla sin su consentimiento. El 4 de noviembre de 2022, un juez de inmigración le concedió asilo al considerar que esos hechos constituían persecución pasada vinculada tanto a su pertenencia a un grupo social particular como a una opinión política.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) apeló. Cuestionó el reconocimiento del grupo social propuesto y la conclusión de que el acoso estaba relacionado con una opinión política protegida. La solicitante se representó a sí misma ante la Junta y no presentó una respuesta a la apelación. La BIA estimó el recurso del DHS.
El juez de inmigración también había reconocido una excepción al plazo de un año para solicitar asilo. El DHS no impugnó esa determinación y la Junta consideró que la cuestión había quedado fuera de la controversia. Por tanto, la decisión de apelación se centró en los fundamentos del asilo y no en la presentación oportuna de la solicitud.
Por qué fue rechazado el grupo social propuesto
La sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad permite conceder asilo cuando una persona cumple la definición legal de refugiado, incluida la persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social particular. Conforme al marco establecido por la BIA en Matter of M-E-V-G-, 26 I&N Dec. 227 (BIA 2014), el grupo propuesto debe compartir una característica inmutable, tener límites suficientemente definidos y ser reconocido como distinto dentro de la sociedad pertinente.
La mujer propuso dos formulaciones: «mujeres guatemaltecas» y «mujeres guatemaltecas sin pareja». La Junta coincidió con el juez de inmigración en que la primera era demasiado amplia y carecía de la particularidad necesaria. Citó Matter of K-E-S-G-, 29 I&N Dec. 145 (BIA 2025), que concluyó que el sexo, por sí solo o combinado con la nacionalidad, constituye una definición demasiado amplia para establecer un grupo jurídicamente reconocible conforme a la ley.
El juez había aceptado el grupo más restringido, «mujeres guatemaltecas sin pareja», pero la BIA lo rechazó por dos razones independientes. En primer lugar, consideró que carecía de particularidad. La definición de un grupo debe ofrecer criterios claros para determinar quién pertenece a él. La palabra «pareja», explicó la Junta, puede abarcar desde relaciones ocasionales hasta vínculos estables, la crianza compartida de hijos o el matrimonio. A diferencia del matrimonio legal, no posee un límite único y preciso en esa formulación. La pertenencia de una mujer al grupo podría depender de la interpretación subjetiva que otra persona hiciera de su relación.
En segundo lugar, la Junta consideró que el expediente no demostraba distinción social. Según Matter of W-G-R-, 26 I&N Dec. 208 (BIA 2014), la cuestión es si la sociedad en general percibe a las personas con la característica definitoria como un grupo. No es necesario que sus integrantes puedan identificarse visualmente, pero la característica debe ser reconocida socialmente. La BIA señaló que el juez no había analizado cómo percibe la sociedad guatemalteca a las mujeres sin pareja ni había formulado conclusiones fácticas que respaldaran esa distinción.
La Junta también citó Matter of S-E-M-Z-, 29 I&N Dec. 680 (BIA 2026), para señalar que la distinción social generalmente debe evaluarse a escala nacional y no únicamente desde la perspectiva de un vecindario. La solicitante no había desarrollado argumentos ni presentado pruebas suficientes para demostrar que el grupo propuesto era socialmente distinto. La Junta concluyó que faltaban tanto la particularidad como la distinción social.
Por qué fue rechazada la teoría de la opinión política
La segunda cuestión controvertida era la opinión política. La solicitante no había afirmado que expresara una posición política ante los hombres que la acosaban. Sin embargo, el juez de inmigración razonó que esos hombres podían haberle atribuido una opinión política porque caminaba a la escuela, buscaba educación y se resistía a la atención no deseada en una sociedad dominada por hombres.
En el derecho de asilo, la atribución de una creencia política por parte del perseguidor puede satisfacer el requisito del motivo protegido incluso cuando la persona solicitante no sostiene realmente esa creencia. Pero la Junta subrayó que la motivación del perseguidor es una cuestión de hecho. En este caso no encontró pruebas de que los hombres supieran que la mujer caminaba hacia la escuela o interpretaran su educación y resistencia como conductas políticas. Por ello, consideró especulativa la inferencia del juez.
La BIA fue más allá. Basándose en Matter of D-G-E-A- & N-G-G-E-, 29 I&N Dec. 570 (BIA 2026), sostuvo que una opinión sobre convenciones sociales, sin conexión con el Gobierno de un país o con un gobierno de facto, no constituye una opinión política atribuida a estos efectos. Incluso si los acosadores hubieran interpretado las acciones de la mujer como un desafío a las expectativas sociales, la Junta concluyó que ello, por sí solo, no establecería el motivo de opinión política conforme a su precedente.
El juez de inmigración se había apoyado parcialmente en Hernandez-Chacon v. Barr, 948 F.3d 94 (2d Cir. 2020), una decisión de un tribunal federal de apelaciones sobre la resistencia a la violencia sexual y la opinión política atribuida. La BIA distinguió ese precedente por razones jurisdiccionales: el caso de la mujer guatemalteca correspondía al Tercer Circuito, mientras que Hernandez-Chacon había sido decidido por el Segundo Circuito. La Junta también observó que ya había abordado esa decisión en Matter of D-G-E-A- & N-G-G-E-.
Cómo encaja en los precedentes recientes sobre asilo
La resolución continúa una serie de decisiones de la BIA y del fiscal general que examinan rigurosamente la definición de los grupos sociales particulares y el vínculo entre la persecución alegada y un motivo protegido. En Matter of V-A-B-, 29 I&N Dec. 621 (BIA 2026), la Junta rechazó el grupo propuesto de mujeres mexicanas casadas que no podían abandonar sus relaciones, citando una definición circular y una particularidad insuficiente. Matter of K-E-S-G- también rechazó un grupo definido únicamente por sexo y nacionalidad.
El enfoque jurídico aplicable a las solicitudes basadas en género también ha cambiado con el tiempo. En 2021, el fiscal general anuló decisiones anteriores restrictivas de Matter of A-B- y restableció un marco previo mientras se desarrollaban nuevas normas. En 2025, Matter of S-S-F-M-, 29 I&N Dec. 207 (A.G. 2025), revirtió ese cambio y restableció el enfoque anterior de A-B-. Por ello, la decisión de noviembre de 2026 debe entenderse dentro de una evolución de precedentes administrativos y no como la primera resolución sobre violencia contra las mujeres en procedimientos de asilo.
Como decisión precedente publicada de la BIA, Matter of A-C-V-M- constituye una interpretación administrativa vinculante para los jueces de inmigración y la propia Junta, sujeta a la jurisprudencia federal de apelación aplicable. Sin embargo, su alcance es más limitado que un rechazo categórico de las solicitudes relacionadas con mujeres, violencia doméstica o agresiones sexuales. La Junta resolvió la suficiencia jurídica de los grupos y de la teoría de opinión política presentados en este expediente concreto. No determinó que todos los grupos sociales vinculados al género sean inválidos ni que la violencia sexual no pueda constituir persecución.
Qué ordenó realmente la Junta
Tras rechazar los dos grupos sociales propuestos y la teoría de opinión política atribuida, la BIA concluyó que la solicitante no había demostrado la conexión exigida entre los daños sufridos o temidos y un motivo protegido por la sección 208 de la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Como no había identificado otro motivo protegido, la Junta determinó que no reunía los requisitos para obtener asilo.
El resultado procesal fue definitivo en la instancia administrativa de apelación. La BIA estimó el recurso del DHS, anuló la decisión del juez de inmigración del 4 de noviembre de 2022 que había concedido asilo y ordenó la expulsión de la mujer a Guatemala. No devolvió el expediente al juez para reconsiderar las mismas pruebas.
La decisión también señala que la solicitante había retirado sus peticiones de suspensión de la expulsión conforme a la Ley de Inmigración y Nacionalidad y de protección bajo la Convención contra la Tortura. Esas formas de protección, por tanto, no sirvieron como fundamentos alternativos para concederle amparo. La opinión publicada no establece si posteriormente se presentó alguna petición de revisión judicial.
La importancia más amplia de la resolución radica en la exigencia de la Junta de definir con precisión los grupos, demostrar su reconocimiento por la sociedad y acreditar una conexión verificable entre el motivo del perseguidor y un fundamento protegido por la ley. Los daños relatados por la solicitante fueron centrales para su historia, pero la BIA consideró que el juez de inmigración no había establecido los elementos jurídicos diferenciados necesarios para mantener la concesión de asilo.