Situación al 14 de octubre de 2026. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Justicia de Estados Unidos aprobaron normas definitivas para imponer determinadas multas civiles por infracciones migratorias, vigentes desde el 14 de octubre. Sin embargo, un juez federal había suspendido recientemente la norma provisional de 2025 y las multas impuestas conforme a ella. La versión definitiva incorpora una excepción limitada para apelaciones presentadas tarde debido a retrasos postales. Sigue sin resolverse cómo afecta la suspensión judicial a la aplicación de las normas recién aprobadas.

Las nuevas disposiciones fueron elaboradas conjuntamente por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR), dependiente del Departamento de Justicia. Se publicaron el 14 de octubre en el Federal Register. Mantienen los procedimientos acelerados para imponer multas y tramitar apelaciones administrativas introducidos en junio de 2025. Un tribunal federal de Massachusetts había concluido que los demandantes probablemente lograrían demostrar la ilegalidad de aspectos del sistema anterior.

La controversia no gira en torno a si el Congreso permite determinadas sanciones migratorias —sí las contempla—, sino a qué procedimientos puede utilizar el Gobierno para imponerlas mientras continúa el litigio.

Qué cambia con la norma definitiva del 14 de octubre

La norma definitiva adopta en gran medida las disposiciones provisionales del 27 de junio de 2025, sin modificar los supuestos legales sancionables ni los importes establecidos por ley. Entre las infracciones contempladas se encuentran la negativa o falta deliberada de salida después de una orden definitiva de expulsión, el incumplimiento del plazo de salida voluntaria y determinados casos de entrada irregular a Estados Unidos.

De acuerdo con estos procedimientos, la persona afectada dispone generalmente de 15 días hábiles desde la notificación de la decisión que impone la multa para presentar una apelación administrativa. La revisa un funcionario supervisor del DHS, y no la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA).

La única modificación sustancial permite a ICE aceptar una apelación presentada fuera de plazo si la persona explica lo sucedido y aporta las pruebas disponibles de que la notificación llegó tarde —u ocurrió otro retraso postal contemplado por la norma— por causas ajenas a su control. ICE debe evaluar las circunstancias de cada caso. La excepción no amplía automáticamente el plazo de apelación.

Qué suspendió exactamente el tribunal federal

El 30 de septiembre, el juez federal George A. O’Toole Jr. suspendió la norma provisional de 2025 y todas las multas dictadas en virtud de ella hasta nueva orden judicial, en el caso Maria L. v. Mullin (núm. 25-13471-GAO). El juez consideró que los demandantes habían demostrado una probabilidad de éxito en sus argumentos sobre la insuficiente valoración individual de si la falta de salida era deliberada o voluntaria, así como sobre la adopción de la norma de 2025 sin el procedimiento ordinario de aviso previo y comentarios públicos.

La orden judicial menciona expresamente la norma provisional de 2025. La norma definitiva del 14 de octubre es una actuación administrativa posterior. Su publicación no deja sin efecto, por sí sola, la suspensión de septiembre ni resuelve si pueden cobrarse las multas impuestas anteriormente. Determinar sus efectos sobre futuras sanciones podría requerir nuevas actuaciones o aclaraciones judiciales. DHS y el Departamento de Justicia reconocen la suspensión en el texto definitivo, pero sostienen que no les impide poner en vigor la nueva regulación de inmediato.

Factum Immigration informó sobre la suspensión judicial en su artículo del 7 de octubre.

Cuántas multas se han impuesto

En la nueva norma, DHS afirma que ICE impuso aproximadamente 110.000 multas por incumplimiento de la obligación de salir del país entre el 27 de junio de 2025 y el 14 de septiembre de 2026. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) impuso además alrededor de 66.000 multas por entrada ilegal. Son cifras comunicadas por las autoridades sobre sanciones impuestas, no cantidades efectivamente cobradas ni decisiones cuya validez haya sido confirmada por un tribunal.

El litigio incluye sanciones individuales de cientos de miles de dólares, entre ellas una de aproximadamente 1,82 millones de dólares. Las leyes que autorizan estas multas civiles siguen vigentes. La disputa judicial se centra en su aplicación, en la evaluación individual de los hechos y en las garantías del procedimiento.

Qué significa para quien recibe una multa

La fecha y el fundamento jurídico de la sanción concreta son determinantes. Una multa impuesta bajo el sistema provisional de 2025, suspendido por el tribunal, no necesariamente se encuentra en la misma situación jurídica que otra dictada después del 14 de octubre al amparo de la norma definitiva. La suspensión de los procedimientos para imponer multas tampoco anula una orden de expulsión ni concede estatus migratorio.

La publicación de la norma definitiva no significa, por sí sola, que las multas antiguas puedan volver a cobrarse. Tampoco debe interpretarse la suspensión anterior como autorización para desatender una nueva notificación. Los plazos de apelación, las pruebas de entrega postal y el alcance actual de la orden judicial deben evaluarse en función de los documentos de cada caso y de las decisiones judiciales posteriores.

Fuentes oficiales

Aviso: Factum Immigration ofrece información general, no asesoría legal. Para orientación sobre un caso individual, consulte a un abogado de inmigración con licencia.