Estado al 6 de noviembre de 2026. Este reportaje refleja los datos y documentos judiciales disponibles en esa fecha.

En una sala del tribunal de inmigración de Cleveland, una abogada y su cliente esperaban a un juez que se encontraba a más de 2.000 millas de distancia. Habían conducido dos horas desde Columbus para comparecer presencialmente. El juez de inmigración Guy Grande se conectó por video desde San Diego, comenzó con más de una hora de retraso y terminó la sesión antes de tiempo porque el edificio judicial de Cleveland cerraba tres husos horarios antes que el de su ciudad. El episodio, publicado por Bloomberg Law el 6 de noviembre, ilustra una característica cada vez más controvertida del sistema de tribunales de inmigración de Estados Unidos: se puede exigir la presencia física de una persona mientras el juez que decide sobre su posible deportación se encuentra en otro lugar.

Jueces a distancia, personas citadas en persona

La abogada Lilia Khordj contó a Bloomberg Law que Grande finalmente permitió que su cliente participara a distancia en futuras audiencias. Cuestionó por qué esa posibilidad no había estado disponible desde el principio. El relato no demuestra que todos los tribunales de inmigración impongan las mismas reglas de comparecencia. Más bien muestra las diferencias de procedimiento descritas por abogados de distintas partes del país.

Algunos jueces permiten que abogados y personas sometidas al procedimiento se conecten por video. Otros exigen que ambos comparezcan físicamente, incluso cuando el juez o el abogado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aparece en una pantalla. Según abogados e investigadores entrevistados por Bloomberg Law, faltar a una comparecencia presencial obligatoria puede desembocar en una orden de expulsión en ausencia, conforme a los requisitos legales aplicables.

Para quienes deben viajar grandes distancias, la diferencia es considerable. Una audiencia por video puede ahorrar al juez tiempo de desplazamiento y, al mismo tiempo, trasladar los gastos de transporte, las horas de trabajo perdidas y los riesgos logísticos a la persona que afronta la expulsión. Las consecuencias son especialmente importantes cuando los comparecientes están detenidos o temen ser arrestados durante el trayecto al tribunal.

Las audiencias por video ya están autorizadas por ley

La tecnología a distancia no es una norma nueva introducida en noviembre de 2026. La sección 240(b)(2) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad y el artículo 8 C.F.R. § 1003.25(c) autorizan a los jueces de inmigración a celebrar procedimientos de expulsión mediante videoconferencia. El Manual de Práctica de los Tribunales de Inmigración de EOIR señala expresamente que el juez, la persona sometida al proceso, el abogado del gobierno y los testigos no tienen que encontrarse en el mismo lugar.

El manual también distingue las audiencias por video de las audiencias sobre el fondo realizadas exclusivamente por teléfono, sujetas a requisitos adicionales de consentimiento. En determinadas circunstancias, permite al juez dispensar la comparecencia de la persona o de su abogado en audiencias concretas. Por ello, la controversia central no consiste en determinar si un juez puede aparecer legalmente por video, sino cómo se imponen las obligaciones de comparecencia, si los participantes disponen de una oportunidad efectiva de presentar su caso y cómo funciona el sistema cuando el juez y la sede judicial están separados geográficamente.

¿Qué tan extendida está esta práctica?

Bloomberg Law informó que las asignaciones judiciales remotas se han ampliado durante el segundo mandato del presidente Donald Trump. EOIR ha anunciado puestos descritos como completamente remotos o aptos para teletrabajo. Jeremiah Johnson, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, declaró a la publicación que solo cuatro de los 21 jueces del Tribunal de Inmigración de Concord, California, comparecían físicamente. Es un dato atribuido a una fuente sobre un tribunal concreto, no un porcentaje nacional establecido de manera independiente.

Tras examinar biografías judiciales y perfiles profesionales, Bloomberg Law también identificó jueces que prestaban servicio para el Tribunal de Inmigración de Federal Plaza, en Nueva York, desde otros estados, incluidos Florida y Maryland. Al mismo tiempo, EOIR ha incorporado jueces y los ha distribuido por todo el país para afrontar una carga de trabajo enorme.

La portavoz de EOIR, Kathryn Mattingly, defendió la práctica y afirmó que los jueces de inmigración pueden conocer casos desde cualquier lugar del país para administrar la carga de trabajo. Según la agencia, durante el año fiscal 2026 se concluyeron casi 974.000 casos, una cifra récord. Ese total refleja la actividad general, no el número de asuntos tramitados a distancia, y por sí solo no permite determinar si la mayor rapidez mejoró o perjudicó la calidad de las decisiones.

Distintos circuitos federales, distintos precedentes obligatorios

Las asignaciones remotas plantean una segunda cuestión menos visible. Los casos migratorios se revisan dentro de un sistema federal de apelaciones en el que diferentes circuitos pueden interpretar de forma distinta las mismas disposiciones de inmigración. Los jueces asignados a expedientes fuera de sus regiones habituales pueden tener que aplicar precedentes vinculantes que no forman parte de su práctica cotidiana.

Bloomberg Law informó que dos jueces vinculados a Cleveland, Monte Horton y Norman Schroth, habían recibido recientemente casos del Tribunal de Inmigración de Chelmsford, Massachusetts. La abogada de inmigración Kimberly Fasking describió jueces ubicados en Massachusetts y otros lugares que atendían casos de Louisiana. Estos ejemplos muestran asignaciones entre circuitos, pero no prueban que se aplicara una ley equivocada en algún expediente concreto.

Las consecuencias jurídicas son tangibles. Los tribunales federales de apelaciones han discrepado profundamente sobre la política de la administración Trump relativa a la detención migratoria obligatoria y las audiencias de fianza. El Quinto Circuito, que comprende Texas, Louisiana y Mississippi, respaldó una amplia política de detención obligatoria en una decisión de octubre de 2026, mientras que varios otros circuitos rechazaron la posición del gobierno. Un juez que conoce expedientes de diferentes jurisdicciones debe tener en cuenta el derecho que rige cada procedimiento, en lugar de presumir que se aplican los precedentes de su tribunal habitual.

La cuestión exacta sobre el derecho aplicable puede depender de la situación procesal, del lugar donde se desarrolla el procedimiento y de los precedentes pertinentes. La ubicación física del juez, por sí sola, no determina automáticamente qué decisiones de un circuito de apelaciones son vinculantes.

Presión sobre las plantillas y acceso a la justicia

Las audiencias remotas pueden ofrecer ventajas reales. Durante la pandemia, las comparecencias por video ayudaron a los tribunales a mantener el avance de los casos y permitieron evitar desplazamientos. Investigadores y antiguos funcionarios entrevistados por Bloomberg Law reconocieron que los jueces remotos pueden aliviar la escasez de personal y flexibilizar la programación.

Pero los beneficios no se distribuyen necesariamente de manera equitativa. El abogado de Alaska Nicolas Olano declaró que algunos clientes detenidos en el estado de Washington afrontaban exigencias de comparecencia presencial que le impedían a él participar a distancia. Investigadores también describieron expectativas inconsistentes entre tribunales y jueces. Johnson, exjuez de inmigración y dirigente de la asociación profesional, expresó preocupación por los jueces nuevos que trabajan a distancia sin la orientación informal de colegas experimentados disponible cuando comparten edificio.

Esta organización coincide con otro fenómeno: audiencias migratorias celebradas en salas temporales dentro de edificios federales administrados por DHS. Bloomberg Law informó en septiembre que abogados, observadores e incluso miembros del Congreso encontraron dificultades para acceder a algunas de esas audiencias. Ese mismo mes, un juez federal que examinaba una demanda independiente sobre acceso público consideró plausibles las alegaciones relativas a procedimientos remotos y jueces de otros estados cuya actividad supuestamente resultaba difícil de observar para el público, aunque denegó medidas cautelares preliminares de amplio alcance. Esas cuestiones de acceso son distintas de la validez jurídica del testimonio por video.

Qué demuestra la evidencia y qué no

La investigación del 6 de noviembre documenta una práctica operativa real, identifica tribunales y jueces por su nombre e incluye la explicación del gobierno. No demuestra que todas las audiencias migratorias remotas sean ilegales, que todos los jueces exijan viajar a las personas citadas ni que las asignaciones entre circuitos produzcan necesariamente decisiones erróneas. La información publicada tampoco cuantifica qué proporción de todos los expedientes migratorios del país es atendida por jueces situados en otro estado.

Lo que sí se constata es una asimetría creciente: el sistema federal puede trasladar el trabajo de un juez a través de fronteras estatales mediante una conexión de video y, al mismo tiempo, seguir exigiendo que algunas personas que afrontan la deportación se desplacen a una sala específica. Si ese modelo puede ofrecer la eficiencia prometida por EOIR sin perjudicar la participación efectiva, la aplicación coherente de la ley y el acceso público se ha convertido en una cuestión cada vez más importante para los tribunales de inmigración.

Fuentes: Bloomberg Law, 6 de noviembre de 2026; Manual de Práctica de los Tribunales de Inmigración de EOIR, sección 3.6; Directorio de audiencias por internet de EOIR; Bloomberg Law, 29 de septiembre de 2026; Orden de un tribunal federal, 3 de septiembre de 2026.