Tras el cierre en septiembre del Tribunal de Inmigración de San Francisco, el tribunal de Concord se ha convertido en el centro administrativo de buena parte de los casos migratorios del Área de la Bahía. Lo que comenzó en 2024 como una sede creada para aliviar la presión sobre un sistema desbordado ahora administra un volumen mucho mayor de expedientes, con un uso extendido de audiencias por video y calendarios preliminares multitudinarios. Los documentos oficiales y los reportajes locales muestran tanto la lógica administrativa de la reorganización como los problemas que la han acompañado.
De San Francisco a Concord
El 1 de mayo de 2026, la Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) anunció que el tribunal de San Francisco dejaría de operar como unidad independiente el 4 de septiembre. La sede de Sansome Street seguiría disponible para celebrar audiencias, pero bajo el control administrativo de Concord. EOIR explicó que trasladar las operaciones desde Montgomery Street resultaba más económico y que las personas cuyos casos fueran reasignados recibirían nuevas notificaciones de audiencia.
NBC Bay Area informó que el tribunal de San Francisco acumulaba más de 115.000 casos pendientes y Concord casi 59.000 antes de la consolidación. Posteriormente, The San Francisco Standard describió una carga superior a 170.000 expedientes en Concord. Las cifras corresponden a distintos momentos y no deben interpretarse como un total exacto y actualizado.
El Tribunal de Inmigración de Concord funciona en 1855 Gateway Boulevard, Suite 850. Abrió en 2024 como una sede adicional para el norte de California. Tras la reorganización de San Francisco, su papel administrativo creció de manera drástica. El cierre del tribunal de San Francisco como entidad separada no debe confundirse con la eliminación de todos los espacios para audiencias dentro de esa ciudad.
Audiencias preliminares multitudinarias
Desde junio, Concord comenzó a programar audiencias preliminares de calendario maestro, o master calendar hearings, inusualmente grandes, con decenas de personas citadas. Estas sesiones generalmente abordan cuestiones procesales iniciales, alegaciones, representación legal y programación de fechas, en lugar de resolver el fondo de todas las solicitudes de asilo.
Mission Local informó que 684 personas, equivalentes al 42% de quienes tenían audiencia programada en los calendarios masivos de junio, recibieron órdenes de expulsión en ausencia. El porcentaje corresponde a ese conjunto específico de audiencias, no a la proporción de todos los casos de Concord que terminan en expulsión. Tampoco significa que el 42% de quienes efectivamente comparecieron recibieran órdenes de deportación.
The San Francisco Standard publicó que observadores registraron tasas de incomparecencia cercanas al 63% en agosto, que descendieron aproximadamente al 13% en septiembre. Las diferencias entre períodos y conjuntos de observaciones limitan las comparaciones directas. La disminución también impide presentar los niveles más altos del verano como una característica permanente del tribunal.
Periodistas locales documentaron largas filas para pasar los controles de seguridad, confusión sobre la asignación de salas y personas que viajaban grandes distancias para asistir. Algunos comparecientes pueden no conocer el nuevo edificio o recibir avisos de fechas modificadas durante una transición administrativa importante. Esas posibilidades, por sí solas, no establecen por qué una persona determinada faltó a su audiencia.
Cuando las audiencias se adelantan varios años
NBC Bay Area informó que algunas audiencias inicialmente previstas para 2028 o 2029 se adelantaron varios años, en ocasiones dejando apenas unas semanas antes de la comparecencia. El abogado Heliodoro Moreno, de Stand Together Contra Costa, describió las dificultades que esos cambios podían causar a clientes que buscaban representación y reunían pruebas. EOIR respondió que modifica los calendarios para evitar que los casos permanezcan estancados.
Devony Hodson, entrevistada por NBC, contó que, tras recibir una notificación en mayo, su audiencia fue adelantada de 2027 a julio de 2026. Posteriores aplazamientos volvieron a modificar el calendario y su audiencia final terminó programada para diciembre de 2028. Su experiencia muestra que adelantar una comparecencia preliminar no necesariamente conduce a una decisión final inmediata. Aun así, el primer aviso puede tener consecuencias importantes si la persona desconoce la nueva fecha o no consigue llegar a la sala asignada.
Jueces en las pantallas
El 6 de noviembre, Bloomberg Law informó que solo cuatro de los 21 jueces vinculados al tribunal de Concord estaban presentes físicamente, citando a Jeremiah Johnson, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración. La afirmación se refiere a presencia física, no a si los demás jueces estaban trabajando ni a si los otros 17 se encontraban fuera de California. Un reportaje anterior de NBC contabilizó 20 jueces en octubre, una fecha distinta y posiblemente con otros criterios de recuento.
Las audiencias migratorias por videoconferencia están permitidas por la legislación federal y las reglas de EOIR. La Ley de Inmigración y Nacionalidad autoriza procedimientos de expulsión por video, y el manual de práctica de los tribunales de inmigración de EOIR explica que el juez, la persona sometida al proceso, el abogado del gobierno y los testigos no tienen que estar en el mismo lugar. La preocupación principal no es la existencia de la tecnología, sino cómo funcionan en la práctica los requisitos de comparecencia, la interpretación, el acceso a abogados y la verificación de quién está presente en la sala.
Bloomberg Law documentó situaciones en otros tribunales en las que personas y abogados viajaron para comparecer presencialmente mientras el juez participaba a distancia desde otro estado. Esa investigación no demuestra que todos los jueces de Concord impongan ese requisito. Pero el uso extendido de jueces remotos en Concord convierte la distribución de los costos y dificultades de desplazamiento en una cuestión local importante.
Una orden de expulsión cuando la persona ya estaba dentro
NBC Bay Area publicó el relato del observador judicial Sergio Jaime Lopez sobre una mujer que se encontraba físicamente dentro de la sala, pero supuestamente no era visible para el juez conectado a distancia y recibió una orden de expulsión en ausencia. Se trata del testimonio atribuido a un observador, no de un hecho establecido de manera independiente mediante una resolución judicial. Aun así, ilustra una dificultad concreta: ¿quién confirma la comparecencia cuando el juez solo ve una parte de la sala a través de una cámara?
Una conexión de video permite transmitir testimonios, pero no reproduce automáticamente toda la percepción del entorno que tendría un juez presente físicamente. Las órdenes de expulsión en ausencia están sujetas a requisitos legales de notificación e incomparecencia y, bajo determinadas circunstancias, pueden ser objeto de reapertura. Su frecuencia no puede evaluarse únicamente como una medida de rapidez administrativa.
Nuevos jueces y una carga de trabajo diferente
NBC Bay Area informó de una considerable renovación de la plantilla judicial de Concord y señaló que al menos cinco jueces recién nombrados habían trabajado anteriormente como abogados de ICE. Haber trabajado en ICE no demuestra por sí solo parcialidad ni decisiones indebidas en un caso concreto. EOIR sostiene que los nuevos jueces de inmigración reciben formación en el aula y capacitación práctica. Los abogados entrevistados por medios locales expresaron inquietud por el ritmo de las audiencias y la experiencia de algunos nombrados.
Bloomberg Law planteó una preocupación relacionada con el trabajo remoto: los jueces nuevos podrían tener menos oportunidades de consultar informalmente con colegas experimentados. Se trata de una valoración expresada por jueces y abogados, no de una medición que demuestre que los jueces a distancia necesariamente dictan decisiones menos acertadas.
Escrutinio del Congreso y del público
El representante Mark DeSaulnier, cuyo distrito incluye Concord, cuestionó los motivos del cierre del tribunal de San Francisco y si Concord disponía de recursos suficientes para absorber los expedientes transferidos. NBC Bay Area informó que no había recibido respuestas a esas preguntas cuando publicó su reportaje. Mission Local también dio cuenta de un litigio para obtener documentos gubernamentales relacionados con los grandes calendarios preliminares.
El debate va más allá de los resultados de expulsión de personas concretas. Los tribunales de inmigración son órganos administrativos dentro del Departamento de Justicia, no tribunales federales independientes establecidos conforme al artículo III de la Constitución. Deben tramitar una enorme cantidad de casos y, al mismo tiempo, garantizar las protecciones procesales exigidas por la legislación federal. Trasladar jueces y expedientes entre sedes puede aportar flexibilidad a la programación, pero también plantea interrogantes sobre acceso a las audiencias, interpretación, representación legal, observación pública y aplicación coherente de los precedentes vinculantes de los tribunales federales de apelaciones.
Lo que sigue sin conocerse
Los reportajes disponibles no establecen qué proporción exacta de las audiencias de Concord es presidida por jueces físicamente ubicados en otro estado, cuántas órdenes de expulsión fueron reabiertas posteriormente ni si las audiencias por video causaron por sí mismas las elevadas tasas de incomparecencia observadas durante parte del verano. Las cifras de junio y agosto tampoco explican por qué faltó cada persona.
El cierre del tribunal independiente de San Francisco, la transferencia administrativa de expedientes, los grandes calendarios preliminares y la participación considerable de jueces a distancia sí están documentados. Sigue sin resolverse si el sistema puede concluir los casos más rápidamente sin comprometer la participación efectiva y el acceso público.
La historia de Concord, por tanto, no trata simplemente de jueces que aparecen en pantallas. Trata de las consecuencias de convertir un tribunal concebido inicialmente para reducir el atraso en el centro administrativo de una enorme carga regional. Mientras el gobierno cuenta los casos concluidos, abogados y observadores se preguntan si las personas cuyos expedientes se resuelven todavía pueden encontrar con seguridad la sala correcta, comprender el procedimiento y ser escuchadas.
Fuentes para la verificación editorial
EOIR, anuncio oficial del cierre de San Francisco: https://www.justice.gov/eoir/media/1439236/dl?inline= ; EOIR, Tribunal de Inmigración de Concord: https://www.justice.gov/eoir/concord-immigration-court ; EOIR, directorio de audiencias por internet: https://www.justice.gov/eoir/find-immigration-court-and-access-internet-based-hearings ; NBC Bay Area, reportaje sobre garantías procesales en Concord: https://www.nbcbayarea.com/news/local/due-process-concord-immigration-court/4154025/ ; Mission Local, audiencias multitudinarias de junio: https://missionlocal.org/2026/07/concord-immigration-mega-master-hearings-deportation/ ; The San Francisco Standard, investigación de octubre: https://sfstandard.com/2026/10/15/target-their-back-immigration-court-chaos-spreads-removal-orders-soar/ ; Bloomberg Law, investigación del 6 de noviembre sobre jueces remotos: https://news.bloomberglaw.com/us-law-week/remote-immigration-judges-advance-trumps-rapid-deportations