Situación al 20 de octubre de 2026. El 19 de octubre, Mahmoud Khalil solicitó a la Corte Suprema de Estados Unidos que determine si los jueces federales pueden revisar con prontitud una detención migratoria presuntamente utilizada como represalia por expresiones protegidas por la Constitución, incluso mientras continúa un procedimiento de expulsión. La Corte Suprema todavía no ha aceptado conocer el caso ni ha resuelto el fondo de la controversia. Khalil sigue en libertad, fuera de la custodia de ICE, mientras continúan otros procesos relacionados.
¿Puede el Gobierno mantener a un inmigrante detenido durante meses mientras los tribunales federales esperan el final de un procedimiento de expulsión para examinar si se le privó de libertad como represalia por sus opiniones? Esa es la cuestión que Mahmoud Khalil, residente permanente legal y exestudiante de posgrado de la Universidad de Columbia, planteó ante la Corte Suprema mediante una petición presentada el lunes 19 de octubre.
Su solicitud busca revertir una decisión de la Corte de Apelaciones del Tercer Circuito que remitió sus reclamaciones constitucionales al procedimiento judicial de revisión de una orden definitiva de expulsión. Sus abogados sostienen que esperar a que concluya el proceso migratorio haría que la protección judicial frente a una detención por represalias llegara demasiado tarde.
¿Qué pide Khalil a la Corte Suprema?
La controversia gira en torno al hábeas corpus, un mecanismo que permite a una persona bajo custodia solicitar a un juez federal que examine la legalidad de su detención. Khalil argumenta que la Ley de Inmigración y Nacionalidad no debería impedir que un tribunal federal de distrito atienda reclamaciones basadas en la Primera y la Quinta Enmienda cuando se alega que la propia detención migratoria se utiliza para castigar expresiones protegidas e intimidar a otras personas.
La petición se centra en la disposición 8 U.S.C. § 1252(b)(9), que encauza numerosas impugnaciones relacionadas con procesos de expulsión hacia la revisión, por un tribunal federal de apelaciones, de una orden definitiva de expulsión. Según sus abogados, esa vía no ofrece una protección eficaz y oportuna cuando la presunta lesión constitucional consiste precisamente en estar detenido para silenciar expresiones en el presente.
También plantean si impedir la revisión mediante hábeas corpus en estas circunstancias violaría la protección constitucional contra la suspensión indebida de ese recurso (Suspension Clause). Son preguntas formuladas en la petición de Khalil, no conclusiones adoptadas por la Corte Suprema.
¿Cómo llegó el caso a esta instancia?
El 8 de marzo de 2025, agentes federales de inmigración arrestaron a Khalil en Nueva York después de su participación en protestas propalestinas en la Universidad de Columbia. El Gobierno invocó una disposición migratoria relativa a posibles consecuencias adversas para la política exterior estadounidense derivadas de las actividades de un extranjero. La Administración sostiene que cuenta con fundamentos legales para procurar su expulsión. Khalil afirma que fue perseguido por expresiones protegidas por la Constitución.
Un juez federal de Nueva Jersey consideró probable que Khalil prosperara en su impugnación constitucional del fundamento de política exterior y, posteriormente, en junio de 2025, ordenó su liberación tras más de tres meses bajo custodia. El Gobierno apeló.
El 15 de enero de 2026, una sala dividida del Tercer Circuito resolvió que, aunque la petición de hábeas corpus se había presentado en el distrito judicial adecuado, la legislación migratoria privaba al tribunal de distrito de competencia para decidir las reclamaciones vinculadas al procedimiento de expulsión de Khalil. La sala no decidió si el Gobierno vulneró efectivamente su libertad de expresión. Tras denegar una nueva audiencia, el tribunal suspendió la emisión de su mandato mientras Khalil buscaba la revisión de la Corte Suprema.
Por separado, Khalil mantiene una apelación de su orden de expulsión ante el Quinto Circuito. Su petición de octubre ante la Corte Suprema trata del acceso oportuno a un remedio judicial federal frente a la detención y las presuntas represalias; no es una solicitud para que los magistrados le concedan un estatus migratorio.
¿Por qué podría afectar a otros inmigrantes?
Los tribunales federales de apelaciones discrepan sobre si la legislación migratoria impide examinar este tipo de impugnaciones de una detención. En julio, el Cuarto Circuito resolvió en Suri v. Trump que un tribunal federal de distrito podía conocer de una petición de hábeas corpus contra una detención presuntamente impuesta como represalia por expresiones protegidas, sin esperar a que terminara el procedimiento de expulsión. Ese criterio difiere del adoptado por el Tercer Circuito en el caso Khalil.
El Gobierno también pidió a la Corte Suprema revisar la decisión independiente sobre Suri. Factum Immigration informó anteriormente sobre ese litigio relacionado con la detención (artículo en inglés).
La diferencia importa a quienes afirman que ICE los mantiene ilegalmente detenidos mientras sus casos migratorios siguen abiertos: la posibilidad posterior de impugnar una orden de expulsión no necesariamente repara el tiempo ya pasado bajo custodia. Pero la petición de Khalil no crea un derecho nacional a la liberación inmediata ni a una audiencia de fianza para toda persona detenida por motivos migratorios.
¿Qué ocurrirá ahora?
La Corte Suprema primero debe decidir si acepta la petición de Khalil para su revisión. Presentarla no anula el fallo del Tercer Circuito, no resuelve su caso de expulsión ni establece nuevas reglas para ICE. Si los magistrados aceptan conocer el asunto, podrían precisar cuándo los tribunales federales de distrito pueden intervenir ante reclamaciones de detención migratoria como represalia por expresiones protegidas. Al 20 de octubre, no se ha dictado ninguna decisión de fondo de la Corte Suprema sobre esta controversia.