Situación al 22 de octubre de 2026. Instacart alcanzó un acuerdo por un valor de hasta $5 millones con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). Las agencias alegaron que la empresa puso obstáculos a trabajadores estadounidenses que solicitaban empleos relacionados con la obtención de green cards por trabajo. El acuerdo obliga a modificar los procedimientos de contratación, pero no anuncia una prohibición de patrocinar a trabajadores extranjeros ni cancela automáticamente ninguna solicitud migratoria.
Para los puestos habituales, Instacart permitía presentar solicitudes por internet. Sin embargo, quienes querían optar a determinados empleos anunciados dentro del proceso de patrocinio migratorio PERM tenían que enviar sus candidaturas por correo postal. Esa diferencia se convirtió en uno de los motivos de la investigación federal y del acuerdo de hasta $5 millones anunciado el 20 de octubre.
Según el DOJ y la EEOC, estas prácticas favorecían a titulares de visas temporales de trabajo y provocaron que muchas candidaturas de trabajadores estadounidenses no fueran examinadas a tiempo. Instacart opera legalmente como Maplebear Inc. La compañía aceptó resolver las acusaciones, pero, según Reuters, sostuvo que sus procedimientos cumplían la ley.
¿Por qué afecta a las green cards por empleo?
El caso se refiere a la certificación laboral permanente, conocida como PERM. Antes de patrocinar a muchos trabajadores extranjeros para obtener la residencia permanente por empleo, la empresa generalmente debe realizar un proceso de contratación que permita comprobar si hay trabajadores estadounidenses cualificados, disponibles y dispuestos a ocupar el puesto según las normas aplicables. El reclutamiento exigido por PERM debe ofrecer una oportunidad real de competir, sin barreras creadas artificialmente para los candidatos estadounidenses.
El DOJ y la EEOC sostuvieron que Instacart exigía solicitudes enviadas por correo físico para ciertas vacantes PERM, mientras que aceptaba candidaturas electrónicas para otros puestos. Las agencias denunciaron discriminación por condición de ciudadanía y origen nacional bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) y el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, respectivamente.
¿Cómo se repartirán los $5 millones?
Según el resumen oficial del acuerdo, Instacart establecerá un fondo de hasta $4 millones en compensaciones para personas que solicitaron alguno de los puestos PERM afectados o que desistieron de hacerlo a causa de las barreras denunciadas, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026. Un administrador de reclamaciones determinará quién reúne los requisitos y qué cuantía corresponde. La empresa pagará además $1 millón en sanciones civiles al Gobierno estadounidense.
Mientras se organiza el procedimiento de reclamación y se establece una dirección específica, el DOJ y la EEOC invitan a quienes crean haber sido perjudicados a escribir a Instacart@eeoc.gov. Enviar un mensaje no garantiza recibir compensación.
Instacart también deberá publicar las vacantes PERM en su página pública de empleo, aceptar solicitudes electrónicas de trabajadores estadounidenses, revisar sus políticas, capacitar al personal correspondiente y cumplir medidas de supervisión y presentación de informes.
¿Qué significa para los trabajadores extranjeros?
El acuerdo recuerda a las empresas que el patrocinio de una green card no puede utilizarse para excluir del proceso de selección a candidatos estadounidenses cualificados. Sin embargo, no significa por sí mismo que todas las solicitudes PERM patrocinadas por Instacart sean inválidas, que sus empleados hayan perdido las visas o que la empresa esté excluida del programa PERM.
Es una diferencia importante respecto de otro caso reciente: Cloudera aceptó quedar fuera del programa PERM durante dos años. El acuerdo publicado de Instacart prevé compensaciones, sanciones y reformas en el reclutamiento, pero no anuncia una exclusión equivalente.
Para empleados con trámites de green card patrocinada pendientes, la cuestión práctica es si alguna medida de una agencia afecta a su empresa o expediente concreto. El anuncio sobre Instacart no determina el resultado de los casos migratorios individuales.